Puerto Rico

Autor: Jesenia Freitez Guedez | María José Martínez
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

Romper un toque de queda para salvar la vida

Durante las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por el gobierno en Puerto Rico, la violencia se incrementó en los hogares donde muchas mujeres lucharon por mantenerse vivas. Esta es la historia de una sobreviviente que se recupera de la violencia que padeció a manos de su pareja

Aislamiento potenció episodios de violencia en los hogares

Denuncias de mujeres fueron desatendidas por funcionarios policiales, según reportes de ONG. La isla registra un aumento de 83% en los feminicidios y más 1.300 casos de violencia contra la niñez

Antes de que se decretara la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 en el mundo, el riesgo para las mujeres, niñas y adolescentes en Puerto Rico se encontraba en niveles tan altos que las organizaciones de la sociedad civil pidieron al Ejecutivo decretar la emergencia nacional para que, desde el gobierno, se reconocieran las duras estadísticas que enlutan a la isla. Cada siete días ocurre, por lo menos, un feminicidio, según el estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico (2014-2018).

La petición tenía como antecedentes tres escenarios críticos que han sacudido a Puerto Rico. En primera instancia, los efectos del paso de los huracanes Irma y María y, posteriormente, el terremoto sufrido en enero de 2020. Todo eso aunado a la severa crisis económica que desde antes afectaba al país. En todos estos hechos, la violencia intrafamiliar y el asesinato de mujeres por violencia de género ascendió de manera alarmante.

Aunque las autoridades solo activaron un estado de alerta, ya habían indicativos de lo que sucedería con la violencia machista ante una nueva crisis en la isla. Esta vez en peores condiciones: la de un confinamiento las 24 horas del día para las víctimas con su agresor.

En Puerto Rico, las ONG defensoras de las mujeres observaron que en confinamiento estas quedaron desprotegidas y sin acceso a los medios que normalmente usan para denunciar. Desde la declaración de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 las autoridades impusieron un toque de queda, a partir de las 7:00 pm que les impidió buscar ayuda.

Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, indica que las organizaciones asumieron la responsabilidad de dar atención a la víctimas ante la falta de medidas y estrategias por parte de las autoridades. Eso incluyó una campaña informativa y la creación de una línea telefónica de emergencia para que las mujeres supieran a dónde llamar las 24 horas del día.

Cifras de feminicidios se disparan

De acuerdo con la organización, durante la cuarentena hubo un aumento de 83% en los feminicidios en comparación con el año 2019. De ellos, 11 fueron muertes violentas de mujeres y niñas que se registraron desde el 15 de marzo y al menos cuatro fueron vinculados a violencia doméstica.

Asimismo, cuatro de estos crímenes fueron cometidos por exparejas, esto significó un aumento de 33% con relación a los cometidos por conyuges en 2019. En esta fecha también se registraron tres transfeminicidios.

“Aunque el gobierno sostenía que había disminuido la violencia, lo que vimos con mayor alarma fue el aumento de los feminicidios, y si tomamos en cuenta el período de enero a mayo, estamos hablando de casi 90% de incremento”, argumentó Débora Upegui, analista  del observatorio.

No obstante, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres solo reconoce tres asesinatos por violencia doméstica hasta el 23 de abril de 2020, según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico.

En total desde enero y hasta mayo del 2020 se han reportado 23 feminicidios (muertes violentas de mujeres y niñas) en comparación con los 12 ocurridos entre enero y mayo del 2019.  Esto representa un aumento de 92% e incluye cinco feminicidios íntimos (por violencia doméstica) y cinco transfeminicidios (por violencia de género contra personas LGBTTQI+).

El escenario es aún más grave si se toma en cuenta la tasa de feminicidios en Puerto Rico que tiene un promedio de 300 feminicidios por cada 100.000 mujeres, según la clasificación usada en el informe Global Burden of Armed Violence, Every Body Counts, que considera altas todas las tasas mayores de 300 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

Como estado miembro de los Estados Unidos, Puerto Rico también tiene las tasas más altas de feminicidios que se registran en ese país, entre 2014-2017. Ocupa, además, la cuarta posición entre los estados más pobres de Estados Unidos y 13a posición con mayor cantidad de feminicidios entre 52 jurisdicciones de Estados Unidos.

Menores de edad, principales víctimas 

Los datos de la policía reportan 1.960 incidentes de violencia doméstica en lo que va de año. Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres registra 252 víctimas de delitos sexuales entre enero y abril de 2020, según las Estadísticas de la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía.

La mayoría de las víctimas, 98 casos, tenían de 11 a 15 años. Los más afectados, en segundo lugar, se encuentran en el grupo de 6 a 10 años con 70 casos, mientras que las edades de sus agresores oscilan entre 30 y 44 años.

Por su parte, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico reportó más de 1.300 casos de violencia contra la niñez. Las cifras incluyen ambos sexos.

“Con los niños y las niñas se han presentado 595 situaciones de negligencia contra la niñez: 510 de tipo emocional, 56 de índole médica y 18 educativa. También hemos visto una exposición del abuso sexual con 14 casos y 173 por maltrato físico. En total son 1.367 los casos de maltrato a la niñez que han sido registrados en pandemia, que, si las comparamos con el año pasado cuando hubo 1.956, se observan que hay menos casos, pero hay que evaluar que actualmente existe un contexto de mayor dificultad para denunciar”, informó Mabel López Ortiz, presidenta de la organización.

Ortiz resalta que los datos aún no son públicos ni están actualizados porque “los recogemos de la misma discusión que hacemos sobre los casos que se tratan de la violencia contra la niñez”, destacó.

En lo que respecta a las denuncias de desapariciones, el Observatorio de Equidad de Género contabiliza al menos 14 mujeres desaparecidas, entre ellas siete menores de edad hasta el mes de mayo de 2020. La cifra representa un aumento de 250% (2.5 veces mayor) en el número de desapariciones y 600% (seis veces mayor) en la desaparición de menores de edad.

Obstáculos para denunciar

En confinamiento las víctimas que se atrevieron a denunciar sufrieron, además, la falta de atención por parte de funcionarios policiales que restaron prioridad a las denuncias. Tal como le sucedió a una mujer, en el área rural de Puerto Rico, quien con evidencia de maltratos fue ignorada por oficiales de la policía cuando intentó presentar una querella, explicó Vilma González Castro, directora ejecutiva de la organización Coordinadora Paz para la Mujer.

“Una de las razones es que la consideraron un problema de salud mental. Ella estaba toda golpeada y la llevaron al hospital; aún así, no querían tomar la querella. Es una de las cosas en la que estamos trabajando porque la respuesta del Estado no está funcionando pese a que se trata de la vida de las mujeres”, destacó González.

En cuarentena, el acceso a la justicia se hizo cada vez más cuesta arriba para las puertorriqueñas debido a la emergencia sanitaria, lo que obligó el cierre de al menos tres cuarteles de la policía. “Al 20 de abril, 1.067 agentes dejaron de trabajar y tres cuarteles habían cerrado”, señaló.

“Eso crea unas condiciones que hace muchos más complejo el acceso a la denuncia”, según lo reportado por las víctimas a la ONG Coordinadora Paz para la Mujer. Los cuarteles son comisarías donde las víctimas pueden acudir para presentar sus denuncias.

En el confinamiento, la mayoría de las instituciones gubernamentales permanecieron cerradas. No obstante, los tribunales establecieron diferentes horarios de trabajo de atención. En el área judicial se dieron diversas videoconferencias en las que las personas podían solicitar protección por medio de un enlace para atender la denuncia, sin salir de casa.

Pedidos de auxilio crecieron con anuncios oficiales

Pese al número de muertes registradas en el periodo de confinamiento, las autoridades de la isla reportan una baja en las denuncias, sin embargo, las organizaciones civiles vieron un repunte en el número de llamadas. El Observatorio de Equidad de Genero asegura que en los meses de marzo y abril los pedidos de atención a CRIAS, el centro de llamada de la Procuradora de la Mujer, se duplicó en comparación a 2019.

Mientras que las llamadas a la líneas 24/7, que creó la coalición de organizaciones para atender el tema, recibió alrededor de 500 llamadas entre el 23 de abril y el 30 de mayo. Vale destacar que la línea 787-489-0022  (#Estamos Para TI) del Proyecto Matria, se inauguró en 23 de abril durante la contingencia.

“Ahora mismo en los casos que hemos atendido por nuestro lado hemos identificado casos de intimidación, amenazas de muerte, golpes, maltrato psicológico y violencia sexual con un alto grado de crueldad e inhumanidad, así como muchos conflictos que tienen que ver con minimizar todos los quehaceres del hogar”, refirió Lourdes Inoa Monegro, gerente del programa de Mujeres y Salud de la organización feminista Taller Salud en Puerto Rico, que atiende a sobrevivientes de violencia.

Un dato que resalta el observatorio es el alza en las llamadas de la línea 24/7 que se registraban al día siguiente de los anuncios que daba la gobernadora en la isla. Esto sucedía en los horarios cercanos al comienzo del toque de queda.

Por su parte, el observatorio indicó que hubo una reducción en la incidencia de las denuncias por violencia doméstica, de menos de 8% a 5%, respecto a 2019. También en las solicitudes de ordenes de protección que normalmente registran números bastante elevados, “pero que en esta época tuvieron una baja que llegó a casi la mitad de lo que normalmente  se reporta”. 

La institución argumenta que la baja en las denuncias se debió a la dificultad que tienen las mujeres para pedir ayuda cuando están con su agresor en un contexto de cuarentena. El encierro generó una situación de estrés mayor que se juntó con una crisis económica para un país, cuya economía se encuentra en bancarrota.

“A ello se suma que estuvimos en unas condiciones completamente distintas porque, para empezar. no tuvimos la misma cantidad de policías operativos, tampoco estaban todos los cuarteles abiertos, ni tenían la misma disposición para atender las querellas, mientras los tribunales estaban trabajando en horarios más regulados, por lo que la atención nunca fue normal”, puntualizó Lugo Nazario.

En relación con las incidencias de violencia doméstica reportadas ante la policía desde enero a abril de 2020, se reportan 1.960 incidentes. Mientras que desde el 15 de marzo al 19 de abril  (5 semanas) hubo 643 incidentes registrados ante órganos policiales.

Las organizaciones sostienen que el Ejecutivo aplicó las medidas de aislamiento obligatorio sin tomar en consideración que “las víctimas no tenían maneras de hacer las denuncias”, apuntó Lugo Nazario.

“Lo que hemos visto son una diversidad de casos que van desde asesinatos de mujeres a manos de pareja, pasando por madres y niños asesinados también a las fueras del hogar, aunque iban en contra del papá quien quedó vivo. Además, el caso de dos mujeres transexuales que asesinaron (…) todo ellos nos revelan que el encierro fue propicio para mayores manifestaciones de violencia, con mayor crueldad por parte de los agresores”, dijo Débora Upegui.

Por otra parte, las mujeres enfrentaron más tensión al sumar nuevas responsabilidades en el hogar, en especial en la atención de los niños y la pareja “que espera que todo se haga y que responde con menos paciencia”, señaló la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.

Refugios tampoco fueron priorizados

La isla cuenta con ocho refugios administrados por organizaciones civiles. En el periodo de cuarentena, el trabajo en los albergues aumentó con los pedidos de apoyo psicológico y jurídico.

La directora ejecutiva de la organización Coordinadora Paz para la Mujer señala que el Estado en ningún momento tomó en consideración a los refugios como un servicio esencial durante la emergencia del coronavirus.

“En conjunto tuvimos que generar nuestros propios protocolos para proteger y garantizar la seguridad tanto de las mujeres albergadas como de las trabajadoras de los refugios que estaban exponiéndose, darles mascarillas, guantes y artículos de protección que necesitaban”, expuso Vilma.

Violencia obstétrica

Por su parte, organizaciones defensoras de las mujeres, dedicadas a atender el tema de la maternidad, informaron que detectaron episodios de violencia obstétrica en la isla en el contexto del COVID-19. 

Tania De Jesús, directora de la organización Caderamen, explicó que la violencia en este tipo se manifestó en las denuncias de mujeres embarazadas, quienes reportaron restricciones al momento del parto en los hospitales públicos, a propósito de la emergencia sanitaria.

Se les prohibió el acompañamiento durante el proceso de parto. Las mujeres entraban a parir solas y tampoco pudieron estar con su bebé. También se les restringió la lactancia. Algunas afirmaron que fueron maltratas o quedaron incomunicadas y aunque no presentaban síntomas las trataron como si estuvieran contagiadas”, dijo la especialista, quien reclamó la falta de un protocolo para atender a las embarazadas durante la cuarentena.

La violencia obstétrica es toda aquella violencia física y psicológica que ejerce el personal de salud durante el cuidado prenatal y postparto. De Jesús considera que es injustificable que la emergencia sanitaria viole los derechos de las mujeres, ya que en algunos casos “eso aumenta los riesgos de salud de las mujeres”.

Las víctimas que nadie mira

La ausencia de estadísticas confiables en todos los sistemas de protección y seguridad social del país invisibiliza a las víctimas, aseveró Lourdes Inoa Monegro, ante la dificultad de conseguir datos de las agencias gubernamentales en tiempo real durante la pandemia y post pandemia.

“Lo que vemos es que no hay datos. Lo que la policía provee ni siquiera lo estaban organizando por género. No te dicen edades, ni qué tipos de violencia se reportaron. La falta de datos es un problema grave”, dijo.

A juicio de las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, la violencia estructural que existía se agravó con la propagación del COVID-19, por omisión del Estado en atender entre sus prioridades la violencia de género. Cuestionan, asimismo, la falta de “pronunciamiento especial” para tratar el problema en confinamiento.

“Se trata de una violencia institucional por parte de un Estado que dejó de asumir la responsabilidad social que debe tener hacia la población y de tratar los asuntos de género como temas de salud pública” sostuvo la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

López Ortiz afirma que las autoridades ignoraron la necesidad de tener un plan que dentro de la emergencia sanitaria, incluyera asuntos sociales. Esto en referencia al reclamo judicial que hicieron las ONG en este tiempo para exigir que se mantuvieran los comedores escolares abiertos, por ejemplo. Esto con el fin de ayudar a paliar la falta de acceso alimentario de los sectores más empobrecidos en la isla.

Comunidades deben educarse para prevenir violencias

Lo principal que una mujer debe tomar en cuenta si percibe una situación de riesgo en su entorno de violencia es buscar ayuda. Ya sea a través de organizaciones especializadas en la defensa de la mujer o incluso por parte de personas cercanas. Así lo indican activistas y representantes de ONG en Puerto Rico

“Si está en una situación de violencia busque los recursos disponibles, haga un plan de escape para salir de la situación, esto pasa por identificar organizaciones de la sociedad civil que la puedan apoyar en ese proceso para que lo haga de una forma segura y tenga información sobre cuáles son los recursos disponibles para ella”, señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer.

La especialista expresa que, aunque se trate de una decisión muy personal, las víctimas deben aprender que la violencia nunca disminuye. Por el contrario, tiende a escalar de tal manera que para algunas mujeres podría resultar demasiado tarde.

“Así que lo importante es que puedan fortalecerse, hablar con personas expertas en el tema”. Buscar información en las redes también puede ser una opción en medio de la actual conyuntura, recalcó.

“Entre las medidas que las mujeres pueden prever es tener a la mano los números de emergencia o de las líneas especializadas. Asimismo, pueden solicitar una orden de protección. Los albergues para sobrevivientes de violencia de género han estado abiertos, así que es una opción real si necesitan salir de su situación e ir a un refugio”, apuntó la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Mabel López Ortiz.

“Deben prepararse, tener una mochila o un bulto donde tengan documentos importantes en caso de que tengan que salir para proteger su vida, eso incluye documentos de los niños y las niñas si los hubiera”, recomendó Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.

El papel de la comunidad

El ignorar una situación de violencia puede convertir a las personas en cómplices de una situación, incluso sin proponérselo, advirtió Débora Upegui, analista del observatorio, quien insta a familiares y amigos a brindar ayuda a las víctimas.

“Cuando sabemos y callamos sin intervenir nos hacemos cómplices. Como sociedad todavía debemos aprender a apoyar a las víctimas, no juzgarlas y  acompañarlas, pues son procesos personales que si juzgamos, tal vez les estamos cerrando la puerta a una salida que ellas necesiten”, dijo Upegui.

A su juicio es imprescindible que las comunidades trabajen en la educación sobre las violencias y sus diversas manifestaciones.

“Hay que hacer un trabajo muy grande de educación con la comunidad de repudiar este tipo de situaciones. Yo creo que la idea de que la violencia es un tema de la pareja y en privado se debe eliminar, porque ahí es donde se le da más poder al agresor y la víctima se siente más sola y aislada”, apuntó.

Las activistas y defensoras de los derechos de la mujer explican que existen diferentes maneras de atender una situación de violencia doméstica. Coinciden en que la mejor manera de abordarla es llamar a las organizaciones que tienen los medios para ofrecer apoyo profesional y organizar un plan de emergencia.

“Hay muchas familias y muchas personas que les retiran el apoyo a las mujeres porque se sienten frustradas, esto es una situación común. De hecho, en los servicios que se ofrecen en las organizaciones también tienen espacios donde se le da esa distancia a la mujer, porque hay momentos en que vuelve al patrón de violencia. Entonces, hay que tener paciencia y entendimiento”, destacó Lourdes Inoa Monegro, gerente de programa de Mujeres y Salud de la organización feminista Taller Salud en Puerto Rico, que atiende a sobrevivientes de violencia.

Escapar del peligro

Valeria corrió desesperada en medio de la calle. El miedo que la envolvió agitó su respiración. Por un momento olvidó la sangre que salía de una de sus piernas. Eran más de las 9:00 de la noche, en una localidad de la región Este de la isla.


Habían pasado dos horas desde el inicio del toque de queda obligatorio en Puerto Rico que por orden de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, se estableció para contener los contagios de COVID-19 en el país. Eso, sin embargo, era en lo que menos pensaba Valeria. Tenía una herida en la pierna producto de la caída que se dio luego de una discusión con José, su pareja desde hace dos años.

Cuando Valeria conoció a José, ya era madre de un niña de dos años y a los pocos meses de vivir juntos, recibieron la noticia de que un nuevo bebé venía en camino. Su vida había sido muy dura desde siempre. Sin apoyo familiar y con la completa ausencia del padre de su primer hijo.

Así que cuando comenzó su relación con José pensó que tendría la oportunidad de “construir una familia”. Ella, con 22 años de edad, él con 24. Ambos se mantenían estables, pese a lo que ella consideraba “problemas cotidianos de convivencia”, pues “nunca hubo indicios de que fuese un hombre violento”, pero en medio del confinamiento José mostró quién era realmente.

El hombre se gana la vida como trabajador informal o ‘chivo’, como les dicen en Puerto Rico. Con la medida de aislamiento obligatorio su fuente de ingresos quedó con pocas posibilidades de mantener el humilde hogar. Ella estaba sin trabajo desde antes de la pandemia y él era el único que generaba ingresos. La preocupación por la falta de empleo era el justificante de Valeria, ante su comportamiento, pero en realidad fue el detonante de las tensiones que se daban en el hogar con anterioridad.

Ese sábado de la tercera semana del mes de abril, una discusión por diversos reclamos fue escalando en celos hasta tornarse más agresiva. De un momento a otro, relató Valeria, José pasó de las gritos a los golpes. La tomó por el cuello y comenzó asfixiarla, mientras los niños se encontraban en otra habitación. Casi logra ahorcarla con las manos, pero Valeria escapó. Al correr tropezó con el florero de la pequeña mesa de la sala.

Los vidrios impactaron en su pierna derecha durante la caída. Aturdida y asustada, salió de la casa dejando a sus dos niños con José. Corrió por las desoladas calles sin saber a dónde ir pese a la orden de confinamiento. En medio de los nervios se comunicó con la hermana de su pareja, quien llamó a una de las organizaciones que lleva un programa de ayuda para las mujeres en Puerto Rico.

“¿Estás es un lugar seguro? Respira, te vamos a ayudar, necesitamos que estés bien y cerciorarnos de que la herida que tienes no es de gravedad. No te vamos a dejar sola”, le dijo la representante de una de las organizaciones que fue contactada por su cuñada.

Mientras intentaban calmarla le pidieron que se pusiera a salvo, junto a sus dos niños. Valeria respondía acelerada, lloraba. Le preocupada la sangre que salía de su pierna producto de la caída tanto que, por instantes, le pareció menos grave que José la hubiera tomado por el cuello hasta casi dejarla sin respirar.

Aunque estaba aterrada por lo sucedido, se negaba a reconocer la violencia e insistía en que su pareja “sería incapaz de lastimar a los pequeños”. Y así sostuvo sus reservas hasta evitar denunciarlo.

Por dos horas y sin atención médica Valeria estuvo acompañada por la especialista vía telefónica. Poco a poco se fue acercando a su casa. Esperó otro rato en la acera, al frente de la casa, con la mirada fija en las ventanas hasta que dejó de verlo en la sala. Agotada entró, buscó a los niños y durmió en la sala, a pocos metros de la habitación donde se quedó José.

A la mañana siguiente, Valeria se armó de valor. Tomó a sus hijos y con ayuda de una vecina se fue a vivir a otro lugar. Hoy todavía carece de recursos para mantenerlos, pero tras el suceso se ha mantenido en comunicación con la organización que la apoyó. Una amiga le llevó una caja con alimentos y la organización se mantiene atenta porque aunque se mudó, el agresor vive en la misma ciudad. Ella jamás denunció. Temía que durante el transcurso del proceso judicial, él intentara lastimarla de nuevo.

Casos como estos fueron frecuentes en las líneas de ayuda que atendieron a las víctimas en Puerto Rico, asegura la vocera de una organización dedicada a la atención de sobrevivientes en la isla y quien pidió reservar su nombre y el de la ONG en respeto a la confidencialidad de la historia de Valeria, cuyo caso llegó a sus manos.

“Lo único que queda es confiar en la comunicación vía telefónica o en los mensajes que las víctimas pueden enviar cuando el victimario está dormido o distraído. Sin duda, ha sido una gran dificultad cuando queremos certificar que estén bien porque no podemos verlas, solo nos queda mantener las esperanzas de que sigan vivas y a salvo”, expresó.

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de la víctima.
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