Paraguay

Niñas indígenas, entre las más agraviadas en cuarentena

Desde el mes de marzo a junio, las denuncias por agresión en contra de las mujeres aumentaron en Paraguay. Los casos de feminicidios se equiparan a la cifra que hubo en 2019

Asunción – Hasta el 10 de julio de 2020 Paraguay registró el asesinato de 19 mujeres. Quince de las víctimas de feminicidios eran adultas y cuatro menores de edad, quienes en total han dejado a 33 niños y niñas huérfanos, según datos del Observatorio de la Mujer en el país que hace seguimientos sobre los casos de violencia y que forma parte del Ministerio de la Mujer.

Asimismo, se han reportado a la fecha otras tres muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta, aunque no fueron consideradas como feminicidios. Al cierre de esta investigación al menos otros dos casos se encontraban a la espera de los resultados de laboratorio para determinar si se trataban también de este tipo de delito.

Los casos muestran patrones similares a los años anteriores. Por un lado, mujeres jóvenes muertas en el entorno de la vivienda, pertenecientes a extractos muy vulnerables que son asesinadas por parejas, exparejas o personas muy cercanas y de las cuales 90% eran madres con un promedio de 3 a 4 hijos que hoy quedan huérfanos.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de la Mujer y verificados con el Ministerio Público y la Policía Nacional incluyen 13 tentativas de feminicidio que han ocurrido hasta la fecha.

Un hecho a destacar es que partir de 2017 y hasta el 2019 se reportó un aumento en el número de días entre la ocurrencia de un feminicidio y otro. Esto significó que en lo que va de 2020, el promedio de muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta pasó de ocurrir uno cada 6.6 días, en 2017, a presentarse uno cada 13.9 días durante el mes de mayo, en pleno confinamiento.

Crecen las llamadas de auxilio

Tal como lo había advertido la Coordinación de Mujeres de Paraguay, y otras 46 organizaciones de la sociedad civil que pidieron al Estado establecer mecanismos para atender la crisis de la violencia contra la mujer, las medidas de aislamiento en el hogar que son necesarias para combatir el coronavirus representaron a su vez “una bomba de tiempo para quienes conviven en el marco de relaciones violentas”, en especial al limitarse las posibilidades de salir del hogar para ponerse en resguardo ante episodios de violencia, sostuvieron.

En contrapartida a la reducción de los feminicidios, el Observatorio de la Mujer detectó un ascenso en los casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena, el cual se evidenció en los pedidos de auxilio telefónico al 137 por violencia psicológica, física, sexual y económica que se multiplicaron exponencialmente.

Con 284 casos el mes de mayo tuvo el mayor número de solicitudes atendidas, por el momento, desde que se inició la cuarentena. En junio hubo 121 casos y en abril 118.

Respecto a la línea telefónica 137 dedicada a la atención de víctimas en el país, el número de llamadas entre enero a mayo por ese servicio detallan que la violencia psicológica también encabezó los pedidos de ayuda con 49%. Le siguen la física con 19%; la económica con 15%; la coacción sexual con 8% y de otros tipos en 9%.

En el periodo comprendido del 01 al 29 de marzo, se atendieron un total de 1.089 (mil ochenta y nueve) llamadas, de las cuales 51% (558 llamadas) fueron sobre violencia contra las mujeres, mientras que 41% (443 llamadas) fueron bromas y 8% (88 llamadas) llamadas equivocadas.

“Las llamadas aumentaron, sobre todo, a partir del mes abril. En relación con 2019, de enero a abril de 2020 subió 78% más”, señaló la responsable del Observatorio de la Mujer, Raquel Iglesias.

Las estadísticas del ministerio sobre la atención a las mujeres durante la cuarentena indican que la cantidad de llamadas a la línea 137 tuvo un aumento de 66%, en comparación a 34% de las “llamadas recepcionadas” que se registraron antes de la cuarentena. Asimismo, hubo diversas denuncias al sistema del 911 y Ministerio Público.

“En el Centro Ciudad Mujer de Villa Elisa (ubicado en el Departamento Central, en Asunción, la capital), el promedio de mujeres para el Módulo de Violencia era de 20 a 21 mujeres por día (antes de la cuarentena). Del 1 de abril al 4 de mayo hubo un total de 21 atenciones vía telefónica y dos por correo electrónico”, detalló la funcionaria.

Igualmente, en el Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur) 59% de las llamadas recibidas fueron sobre violencia contra las mujeres.

Otros organismos también reportaron un aumento de la violencia intrafamiliar, tal como se evidencia en las orientaciones y órdenes de protección emitidas por el Ministerio de Defensoría Pública.

El organismo destaca que un total de 613 mujeres fueron asistidas hasta el 15 de junio bajo el marco de la Ley N° 5777/2016 De Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia. En dichas solicitudes la violencia psicológica (con 35%) y física (con 23%) fueron las más preponderantes en las denuncias.

En cuanto a la atención hacia menores de edad, la Defensa Pública otorgó medidas cautelares de protección de abrigo a 734 niñas, niños y adolescentes hasta el 20 de mayo.

Mientras que el Ministerio de Salud atendió un promedio de 80 casos nuevos por día de violencia contra las mujeres, una diferencia considerable con relación al mismo mes del año pasado, en el que se tuvo en promedio 59 casos denunciados. En tanto que en los juzgados de paz del país se procesaron 987 denuncias por violencia doméstica, a partir de la declaración de emergencia sanitaria.

Estas cifras se dan pese a la condición de confinamiento que dificultó las posibilidades de denuncias para las mujeres, niñas, niños y adolescentes que quedaron atrapados con sus agresores.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno implementó un “Plan de Seguimiento de Casos” registrados en los distintos servicios especializados como orientaciones legales, medidas de protección, ayuda psicológica, averiguaciones de los procesos judiciales, albergues para hospedaje transitorio a disposición de la víctima, hijos y dependientes, entre otras instancias.

“Creemos que la sociedad cada vez tolera menos la violencia. Hacer visible y hablar de ello ayudan a prevenir, sobre todo pusimos en esta administración en primer lugar la lucha contra la violencia extrema o feminicidios. Le hemos dejado de ver como un tema cultural y casi imposible de evitar”, agregó la directora del Observatorio de la Mujer.

Además de la puesta en marcha del número de emergencia 137, también se habilitaron otros números vía WhatsApp, correos electrónicos y otras líneas bajas para las respectivas orientaciones, y asesoramientos que buscan las mujeres en situación de violencia.

Más tensión, más violencia

Para Gloria Zapattini, miembro de la organización Yo te creo Paraguay, el aumento considerable de la violencia contra la mujer en esta cuarentena está relacionado con la carga de tensión dentro los hogares, obligados a confinarse por la propagación del virus.

“Hay que tomar en cuenta también que las denuncias por la línea de atención a las mujeres aumentaron considerablemente en esta cuarentena, considerando el encierro, el estrés, el miedo que produce la infección y los problemas económicos por la pérdida de trabajo. Todo eso produce un ambiente de tensión en la casa que puede desencadenar en violencia”, manifestó.

Aunque la Ley 5777/16 De protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia estipula la actuación rápida y especializada para que las víctimas accedan eficazmente a la atención, protección y asesoramiento en caso de padecer violencia en Paraguay, durante el confinamiento las mujeres se vieron afectadas también por la ausencia de protocolos efectivos que les permitieran acceder a la justicia en medio de la emergencia.

“Como sabemos el Poder Judicial y el Ministerio Público prácticamente cerraron sus puertas. Sin embargo, el Juzgado de Paz y el Ministerio Público estuvieron atendiendo este tipo de denuncias en particular. La cuestión es la burocracia y estando en cuarentena la situación fue peor. Por lo tanto, no se podía salir. Entonces cuando ibas y se hacía la denuncia, todo quedaba ahí porque no corre. Ni siquiera podés diligenciar”, señaló la abogada Lucía Sandoval, dedicada al tema de violencia de género al narrar su propia experiencia atendiendo a las víctimas en el tiempo de confinamiento.

Sandoval cuenta que cuando le tocó realizar diligencias en el Juzgado de Paz, tuvo que “pelear” para conseguir ciertas medidas de protección en contra de agresores que atentaban contra víctimas como prohibiciones de acercamiento y expulsión del hogar.

“Sin embargo, algunas audiencias de sustentación fueron fijadas para fines de julio y agosto. En teoría, este es un procedimiento que tiene que ser todo rápido, porque se tiene que sustanciar, es decir, después de tres días ya tiene que salir la resolución, pero con la cuarentena esto no está funcionando”, reclamó Sandoval, quien, además, es una figura reconocida en Paraguay también por ser una sobreviviente de violencia que hoy defiende a víctimas. 

Primero la vida

La abogada reclama, a su vez, que el Ministerio Público dé prioridad a las normas procesales antes que proteger la vida de la víctima, en primer lugar, y después hacer la investigación.

“Eso para mí sigue siendo un retroceso y una materia pendiente que tienen que tratar de corregir en los estamentos de justicia, justamente a donde las mujeres recurren para buscar protección. Hay que tener en cuenta que en los numerosos casos de feminicidios que hubo en nuestro país hay de por medio denuncias anteriores, incluso medidas de protección”, alertó.

No obstante, para la psicóloga Ana Pavón, directora en el  Ministerio de la Mujer, uno de los motivos de la disminución de feminicidios durante esta cuarentena podría deberse a que las mujeres conocen las instancias y mecanismos donde pueden realizar sus respectivas consultas y denuncias “y en eso el Ministerio de la Mujer tiene el principal protagonismo, ya que realiza un trabajo en prevención”, atención y protección para erradicación de la violencia contra las mujeres, afirmó.

“Hoy día también se divulgan las sanciones a los agresores y en muchos casos, las personas que tienen conocimiento se involucran desnaturalizando la violencia contra las mujeres. En ese sentido, las redes ayudan como un mecanismo de denuncia de este tipo de actos. Como sociedad estamos visibilizando y estamos desnaturalizando la violencia contra las mujeres”, opinó.

En búsqueda de marcar distancia de sus agresores durante el confinamiento, algunas mujeres se refugiaron en los servicios de abrigos que se ofrecen para las víctimas. Las cifras muestran que en marzo seis mujeres y tres hijos acudieron a los albergues dispuestos por el gobierno; en abril lo hicieron otras cuatro mujeres con sus cuatro hijos y en mayo tres mujeres más con cinco hijos, respectivamente.

Menores de edad y comunidades indígenas con poca protección

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y la niñez, agrupadas en el movimiento contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, han recordado al Estado que las medidas de confinamiento también agravan la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

La preocupación se sustenta en los datos del Ministerio Público, de 2019, que ya alertaban sobre riesgo que padecen los menores de edad. Así se demuestra en las 3.330 denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes que indicaban al menos nueve casos diarios.

“Muchas veces este tipo de violencia es silenciada, hecho que se profundiza en un contexto de cuarentena, donde las víctimas tienen escaso contacto con las redes habituales de detección y protección fuera del hogar como lo es una institución educativa o centros abiertos”, enfatizaron en un pronunciamiento, a propósito de conmemorarse la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil.

Las cifras excluyen las 949 denuncias por estupro y los 11 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual diariamente en el 2019. Solo de enero a abril del 2020, el Ministerio Público registró 848 denuncias por abuso sexual en niños y niñas y 212 denuncias por estupro, indica este colectivo.

Mientras que entre las niñas, adolescentes y mujeres que han sido asesinadas en el tiempo de la pandemia, el Observatorio de Género, una organización de la sociedad civil con apoyo del colectivo Mujeres Libres de Violencia, llama la atención sobre los feminicidios en sectores vulnerables como las comunidades indígenas, en los que destacan los casos de la pequeña Marisel de 12 años, perteneciente a la etnia Guaraní en la comunidad indígena Manduviyu del distrito de Pirapó. La niña fue encontrada en un maizal, ubicado en la comunidad indígena Arroyo Corá, en el departamento de Itapúa y murió producto de una hemorragia, fruto de la violación.

En Paraguay, según el censo de 2017 hay un total de 122.461 indígenas, de los cuales 61.856 son hombres y 60.605 son mujeres. De acuerdo con esos datos entre la población indígena, de 6 a 17 años de edad, que asiste a una institución de enseñanza formal del Estado, 15.802 corresponden a niños y 15.105 a niñas.  

Las organizaciones de la sociedad civil han exigido al Estado con urgencia un plan de acción centrado en la prevención, protección y atención a situaciones de violencia en todas sus formas y especialmente, la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Además, reclaman que se articulen apoyos entre las instituciones para incentivar una campaña de concientización y sensibilización con perspectiva de género y de garantía de derechos para niñas, niños, adolescentes y comunidades LGBTI, con el fin de brindar una atención adecuada, sin estigma y discriminación.

El costo de la violencia

En un estudio reciente se demostró que la violencia contra la mujer es un fuerte desestabilizador macroeconómico para el país. De acuerdo con la investigación de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) de su Programa Regional ComVoMujer, se demuestra que la violencia contra las mujeres en relaciones a su pareja afecta a 36 de cada 100 mujeres, ocasionando a Paraguay un costo de 1450.6 millones de dólares americanos, el equivalente a 12% de su Producto Bruto Interno.

De los costos-país de la Violencia contra la mujer, 48% son asumidos por las propias mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos; 38% por parte de las empresas medianas y grandes y 13.7% por el Estado.

El estudio hecho por Christine Brendel y Arístides Alfredo Vara-Horna cubrió 2.004 mujeres ubicadas en hogares, 830 dueñas de microemprendimientos y 8.093 colaboradores, hombres y mujeres, de empresas medianas y grandes; lo que permitió concluir que la violencia contra la mujer (VcM) es un freno para el desarrollo económico, por cuanto destruye la productividad y el capital de las mujeres tanto a nivel individual, del hogar, comunitario e irroga enormes perjuicios socioeconómicos al Estado.

Que el miedo no te paralice

La psicóloga Ana Pavón recomienda a las mujeres que se encuentran en situación de violencia, que busquen ayuda a través de las líneas de emergencia que ofrece el Estado y por medio de personas que sean de su confianza. Les recuerda que no están solas. 

Aunque reconoce que el miedo puede paralizarlas, afirma que lo único que deben pensar es en salvaguardar sus vidas y la de sus seres queridos.

“Hay que apoyar a la víctima, escucharla, no dejarla sola y no juzgarla para que ella pueda salir del ciclo de violencia. Comprendiendo que la única persona culpable de esa situación es quien ejerce la violencia, es decir el agresor y no ella”, expresó.

Como sobreviviente de violencia, cuya experiencia hoy es referencia en Paraguay, la abogada Lucía Sandoval también insta a las mujeres violentadas a movilizarse para encontrar apoyo y contención en amigos, familiares y vecinos y así lograr hacer la denuncia para no retroceder, pese al miedo que puedan sentir.

Sandoval agregó que la comunidad debe involucrarse para colaborar en detener este tipo de situaciones y no tolerar estos comportamientos que, con el tiempo, pueden llevar a la muerte a una mujer. 

“Los vecinos y el entorno están obligados a denunciar si conocen de algún caso. El entorno debe tratar de apoyar a la mujer violentada sin juzgarla, con el fin de brindarle la fortaleza necesaria para seguir adelante, más aún habiendo hijos de por medio. La responsabilidad también es compartida porque nadie debe callar cuando sabe que alguien de su entorno sufre violencia”, expresó.

Lugares a los que se puede acudir

Por su parte, el Ministerio de la Mujer elaboró un protocolo de prevención, atención y seguimiento a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia y mujeres afectadas por la trata de personas, ante la situación de emergencia de la COVID-19.

El documento recuerda que las víctimas tienen a su disposición la línea SOS Mujer 137 que funciona las 24 horas, todos los días del año. También una línea vía WhatsApp con los números 0981 112127 (de la dirección general contra toda forma de violencia y 0981 110104, 0981 150427 (para las denuncias de trata de personas).

Como lo indica el organismo en su página web “SOS MUJER” línea 137, se trata de un sistema operativo de seguridad orientado a brindar respuestas a las mujeres ante las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar o al que cualquier ciudadano que tengan conocimiento de un caso de violencia, o de trata de personas, pueda acudir y hacer la denuncia.

Igualmente, existen los Servicios de Atención a la Mujer que funcionan de 07:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Allí se ofrece acompañamiento psicológico, orientación legal y social de manera gratuita, a través de un equipo interdisciplinario que brinda atención y orientación socioeducativa a mujeres que sufren algún tipo de discriminación. El teléfono es (021) 45 20 60 y el correo electrónico atencion@mujer.gov.py para cualquier consulta.

El Ministerio Público, por su lado, tiene una Unidad Especializada de Violencia intrafamiliar, donde también se puede denunciar por los teléfonos 0800 11 4700 y 415-5000 o el email comunicaciones@ministeriopublico.gov.py.

Esta unidad investiga los casos de violencia familiar, tipificada en el código penal y hechos punibles que puedan darse dentro de una investigación fiscal.