Nicaragua

Sobrevivir “a más de una pandemia”

Nicaragua es el único país de América Latina, después de Brasil, que se negó a decretar cuarentena frente a la pandemia del COVID-19 y en cambio sus gobernantes propiciaron aglomeraciones masivas en medio de una crisis sociopolítica que provocó un incremento de la violencia contra las mujeres. Mayo, según organizaciones defensoras, registró un repunte de femicidios incluso mayor a los datos registrados en 2019 durante el mismo periodo. Hasta el 30 de junio de 2020, 35 mujeres han muerto por la violencia machista en la nación

Managua – El 18 de marzo de 2020 se oficializó en Nicaragua el primer caso de coronavirus, cuatro días después que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara a trabajadores del Estado y convocara a su militancia a salir a las calles de la capital, Managua, para marchar por el “Amor en tiempos de COVID-19“.

El hecho fue condenado por el gremio médico que lo calificó de “imprudente” frente a un mundo que se confinaba para frenar los contagios del nuevo coronavirus. Esta fue la primera de una serie de acciones en las que el Estado de Nicaragua actuó de forma “negligente e irresponsable” frente a la pandemia, según lo calificó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Mientras el epidemiólogo Álvaro Ramírez junto a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) ha denunciado un “genocidio viral” por la crisis sanitaria y la forma en la que se ha tratado la emergencia mundial del coronavirus en la nación centroamericana.

Cuatro meses después de ser oficializado el primer infectado, Nicaragua registró 3.147 casos confirmados y 99 muertes relacionadas al COVID-19, según el Ministerio de Salud (Minsa), institución que ha sido señalada por el Cenidh, Anpdh y el gremio médico de “maquillar las estadísticas” y de “ocultar información”. El manejo no es nuevo, las organizaciones de mujeres también han señalado esta práctica estatal con respecto a los datos relacionados con la violencia machista en el país..

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la única ONG en Nicaragua que durante más de 10 años mantiene un monitoreo sobre la violencia machista en el país, contabilizó hasta junio de 2020 un total de 35 femicidios. Dos más que en 2019, lo que convierte a mayo en el mes con más casos, once en total de mujeres víctimas de violencia machista registrados en Nicaragua.

Martha Flores, directora de CDD, considera que las mujeres están sobreviviendo a más de una pandemia: “la violencia machista, el COVID-19 y la crisis sociopolítica y todo ante un Estado que viola derechos y que es absolutamente responsable de los asesinatos de mujeres que todavía siguen impunes”, dijo.

Pese a que en Nicaragua las autoridades nunca decretaron cuarentena, la sociedad civil convocó a un autoconfinamiento para evitar el contagio que se propagó en el mundo, pero paradójicamente el sitio que las protege de la pandemia colocó en riesgo sus vidas ante sus agresores.

“Las mujeres están de manera permanente en sus casas que se ha convertido en el lugar más inseguro para ellas, incluyendo para muchas niñas y adolescentes que quedaron bajo el control de potenciales agresores”, afirmó una activista de la Red de Mujeres contra la violencia que evita ofrecer su identidad ante la persecución de la que son víctimas defensores de la sociedad civil cuando hacen críticas a las políticas de Ortega y Murillo en materia de derechos humanos. En especial, desde el año 2018 cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló al gobierno de cometer crímenes de “lesa humanidad” en contra de la población. Y en su caso por las denuncias que ha hecho ante el estado de indefensión que viven las mujeres en el país, aseguró.

Otra de sus compañeras, quien también ofrece estas declaraciones de forma anónima, agregó que en medio de la pandemia “las mujeres están padeciendo violencia de diferentes formas”.

La integrante de la red también explica, de manera anónima, que antes de la crisis se recibían al mes cerca de diez consultas de mujeres víctimas de violencia, a través de sus redes sociales, pero con la pandemia de COVID-19 los casos se han cuadruplicado y ahora reciben hasta cuarenta. “Un crecimiento que demuestra que las mujeres padecen su propia pandemia. Lo presencial era eficaz para atender a las mujeres, pero ahora es más difícil la atención”, reflexionó.

Las activistas insisten en que “no hay confianza en el Estado”, por ello que la apertura de las Comisarías de la Mujer, primera instancia pública de atención a las denuncias para víctimas de violencia “no representa un impacto en la impunidad que afecta a los casos de femicidio en Nicaragua”, agregan.

Las Comisarías de la Mujer se instalaron en 1993. En 2012 con la aprobación de la Ley 779 – Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres se reconocieron, junto a los Juzgados de Violencia, bajo un modelo integral de atención con enfoque de género, pero en 2015 Ortega las desarticuló. Ahora en 2020 el mandatario anunció que serían reabiertas.

“En primera instancia ni siquiera podríamos afirmar que es cierta la apertura de estas Comisarías. Los testimonios que nos dan las mujeres que acuden a nosotras es que van a la Policía Sandinista y les dicen que no las pueden atender porque no hay personal, lo que deja a las mujeres en total indefensión”, denunció María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua y una voz autorizada para hablar del tema en la nación, tras años de lucha por reivindicar los derechos de las mujeres y haber sido promotora de la Ley 779 – Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres en 2012.

La impunidad como norma

“El tema es que no hay ninguna acción del Estado para proteger a esas mujeres que antes, durante y después de la pandemia han estado conviviendo con sus agresores”, dijo Blandón, quien cuestiona la ausencia de una estrategia estatal preventiva contra la violencia hacia las mujeres, “el discurso fundamentalista” que ubica a la familia por encima de la vida de ellas y el uso de la “violencia estatal, así como “la persecución y represión contra cualquier voz disidente” en Nicaragua, apuntó.

La reciente liberación de más de 500 reos comunes condenados por los delitos de violencia sexual y femicidio, tras ser beneficiados con indultos de parte del Estado durante 2020, ha significado también un nuevo golpe para las víctimas y familiares en búsqueda de justicia. ONG defensoras de los derechos de la mujer en el país coinciden en que la decisión representa un retroceso en los derechos de las mujeres y la capacidad de obtener justicia. Recuerdan que el Ejecutivo ha sido denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) por violación a los derechos fundamentales.

“Es una situación de desprotección de las mujeres y de impunidad porque muchos de los agresores están libres”, cuestionó Blandón. La impunidad en los casos de femicidio afecta de manera recurrente a las víctimas. En 2020 por ejemplo, de los 35 casos registrados por Católicas por el Derecho a Decidir, apenas 15 han sido judicializados mientras que los otros 20 asesinatos de mujeres restantes no tienen todavía a ningún agresor detenido ni procesado.

La figura del femicidio

Las defensoras de derechos humanos también resaltan el decreto que el Estado emitió en 2014 con el que se “desnaturalizó” la Ley 779 – Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres al desconocer la violencia en el ámbito público y limitarla al privado, por lo que las cifras anuales de las organizaciones de mujeres varían notablemente con las documentadas por la Policía Sandinista.

En febrero de 2017 Vilma Trujillo, de 25 años, fue quemada en una hoguera con el objetivo de “sacarle los demonios”, según orientó el pastor evangélico Juan Rocha, quien purga una pena de 30 años de prisión, junto a un grupo de pobladores de la comunidad El Cortezal, en el Caribe Norte de Nicaragua, quienes presenciaron y colaboraron en el hecho.

El caso se tipificó por el Ministerio Público como asesinato atroz bajo reclamo y denuncia de las organizaciones de mujeres, quienes sostienen que se trató de un femicidio producto de “la misoginia, de un Estado ausente, de la violencia machista y el fanatismo religioso”.

Desde 2014 las estadísticas de la Policía Sandinista registran un considerable descenso en la recurrencia del femicidio en Nicaragua, en contraste con los datos de las organizaciones de mujeres, donde las cifras se triplican, pero además en las que se contabilizan durante la última década, 679 mujeres víctimas de este delito. Un promedio entre 50 a 70 anualmente.

La deuda del Estado

El balance que hacen activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acerca de la situación de violencia en el país evidencia un panorama de absoluta impunidad para las víctimas de la violencia machista en Nicaragua, que en tiempos de confinamiento intensificó la falta de medidas para atender a quienes quedaron a merced de su agresor.

“No contamos con Comisaría de las Mujeres, tampoco con juzgados que se adapten a sus necesidades. Particularmente para quienes viven en las zonas rurales o comunidades indígenas. El Estado no ha dispuesto de albergues para mujeres que están en situación de alto riesgo. Tampoco contamos con políticas de prevención ni de atención de emergencia, ni de reparación a las que son víctimas de violencia. No tenemos datos oficiales confiables y tampoco tenemos una política de atención a los hijos, hijas de las mujeres que han sido víctimas de femicidio”, resumió Blandón.

En 2007 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo retornaron al poder, hace 13 años, asumieron en su discurso “una política de género y de restitución de derechos” que ha sido cuestionada ante los resultados que en la práctica se comprueba con el tratamiento que reciben las víctimas de violencia en el país.

Sin embargo, el Estado defiende su política de atención no solo a las mujeres sino al resto de la población en general. Tanto así  que Nicaragua figura entre los 10 países mejores para ser mujer, según el Fondo Económico Mundial donde el país destaca en el quinto lugar después de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.

“En Nicaragua no podríamos decir que hay avances. En realidad tendríamos que decir que los relativos avances que se lograron antes de 2007 se han venido debilitando”, indicó Blandón.

Como integrante del Movimiento Feminista en el país explicó que el modelo de atención integral a la violencia de género que se puso en marcha en los gobiernos anteriores a Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha “desarticulado de  manera total” hasta casi eliminarlo.

“Lo que hay en la actualidad es una enorme deuda del Estado de Nicaragua con las mujeres que son víctimas de esta pandemia por la violencia machista y en especial con los niños que han quedado en orfandad”, agregó la activista.

Tejiendo redes de solidaridad contra la violencia

Organizaciones y defensoras de derechos de la mujer en el país han creado mecanismos de solidaridad y apoyo buscan proteger la vida de cualquier víctima ante un contexto adverso, que se ha recrudecido con la pandemia de COVID-19.

“Por eso es fundamental que se cuente con una amiga, una vecina o un familiar al que se pueda acudir en situaciones complicadas”, porque “entre más te aislés, más vulnerable sos”, explicó Sandra Arceda, responsable del Colectivo 8 de marzo en Esquipulas, Matagalpa, a 105 kilómetros de la capital de Managua.

El Colectivo 8 de marzo ha dispuesto de tres líneas telefónicas que atiende una abogada y cuatro defensoras de derechos humanos para dar respuesta y atención integral a las denuncias de las mujeres. Las comunicaciones están abiertas las 24 horas. Con cada llamada se crea un expediente, se da seguimiento y según cada caso se brinda el acompañamiento judicial, incluso desde que se establece la denuncia. A pesar de estos recursos, Arceda considera clave la creación de mecanismo de defensa.

“La mujer tiene que aprender a buscar mecanismos de presión para que el agresor se sienta fiscalizado. Por ejemplo, decirle que va a llamar a su mamá, hacer la denuncia y advertirle que habrá personas dispuestas a llegar a su auxilio si él intenta hacer algo”, apuntó.

La especialista resalta la importancia de tener a la mano documentos personales, direcciones correctas a las que podría acudir, números de teléfonos y ropa por si existe necesidad de salir del hogar por protección.

Mientras la Red de Mujeres contra la violencia cuenta con un sistema de alerta rápida que busca la prevención del femicidio. Consiste en la comunicación eficaz con las defensoras que, de ser necesario, trasladan a la mujer hasta a un albergue. Mensualmente pueden ingresar de dos a tres mujeres porque algunas que deciden ir, al final ceden ante la presión familiar o social y se quedan en sus casas. La Red de Mujeres también está ofreciendo consejería desde el espacio virtual. Además apoyan a las activistas con paquetes de alimentos y kits de limpieza.

Ante la falta de una defensora en su territorio a la que las víctimas puedan acudir, otras alternativas que las especialistas recomiendan es contar con una amiga, compañera de la iglesia o vecinas. Mayte Ochoa, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, considera que es necesario la creación de planes de seguridad y protección persoal.

“Deben buscar un lugar donde se sientan seguras y que siempre tengan a mano un teléfono, algo con qué avisar; que tengan un bolso listo con ropa, un poco de dinero y artículos necesarios en momento de crisis que les permitan salir con sus hijos ante cualquier emergencia”, orientó.

Las mujeres deben identificar sus zonas seguras, pero también sus entradas y salidas. Que conozcan en qué lugares podrían salir más perjudicadas y en cuáles tienen más riesgo. No obstante, el consejo es que si identifica que su vida está en peligro, lo mejor es tratar de calmarse y buscar ayuda cuanto antes, coinciden activistas y ONG.