México
Autoras: Jesenia Freitez Guedez | Sandra Flores | Zurya Escamilla Díaz
Ilustrador: Ricardo Sanabria | Antonio Ramírez
Infografía: Grecia Nexans
"Quien solo nos cuenta, no nos quiere vivas"
La violencia en todas sus formas está tan normalizada en México que los casos terminan por convertirse en números y dejan por fuera las historias de mujeres que han perdido todo: la tranquilidad, la autoconfianza y hasta la vida. En cuarentena esto no fue la excepción
Aisladas y a la deriva de un Estado omiso
En los tres primeros meses del confinamiento la mayor parte de los refugios tuvieron un incremento de 50% en las solicitudes de atención. Y solo en este tiempo la violencia se cobró la vida de 1.641 mujeres en México
Tlaxcala y Monterrey – Confinadas con su agresor por centinela las 24 horas del día, las víctimas de violencia se vuelven una maraña de incertidumbres antes de denunciar cada nuevo ataque: miedo a ser descubiertas, incomunicadas o violentadas una vez más y para colmo, sin la certeza de que su denuncia sea atendida.
Esta es la realidad que viven miles de mujeres, niñas y niños en México para quienes “hogar dulce hogar” es una frase hueca, sin sentido, pues este nunca ha sido un lugar seguro y durante la contingencia por COVID-19 se convirtió en una sucursal del caos.
Con el inicio del confinamiento el 17 de marzo y hasta el 25 de mayo de 2020 hubo un incremento generalizado de 50% en las solicitudes de ayudas a los refugios de la Red Nacional (RNR) que atendieron a 11.131 mujeres.
Mientras en Nuevo León, cuarta economía del país, la organización Alternativas Pacíficas registró un aumento de 143% en las llamadas de denuncia, 3% en atenciones y 59% en solicitudes de refugio a víctimas entre marzo y abril.
Su directora, María del Rosario Pacheco Leal, explica que las mujeres han buscado alternativas de protección, comunicación y denuncia ante el alza en la violencia, “sin embargo, desconocemos cuántas no se están acercando a pedir ayuda por el tema del confinamiento”.
Entre marzo y mayo la línea de emergencia 911 registró 319.286 llamadas efectivas para denunciar violencia contra las mujeres; esto es 3% más que en el mismo periodo de 2019. De ellas 185.225 fueron por violencia familiar, 61.770 por violencia de pareja, 67.868 por violencia contra mujeres, 2.127 por acoso u hostigamiento sexual, 1.311 por abuso sexual y 985 por violación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este aumento, aún cuando funcionarios de su administración y las cifras oficiales lo confirman, mientras que legisladoras (opositoras y afines) han expresado su preocupación.
“¿Por qué no mirar la pandemia de la violencia a la mujer y a las niñas? La que está matando, degradando, mutilando a tantas en el mundo (…) ¿por qué la ven como falsa?”, se pregunta Dolores Blancas, vocera de la Asociación Civil Casa Gaviota.
80% de incremento en las llamadas de ayuda
Estos números apenas reflejan la realidad de un problema cuya cifra oculta se calcula en 93.4% del total de los delitos, según la RNR, que también estima que una (1) de cada diez (10) mujeres no logra denunciar.
David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, señala que el problema es la cantidad, calidad y periodicidad en los datos que impiden formular políticas públicas efectivas regularmente y más en esta coyuntura.
A propósito Lucía Núñez Rebolledo, doctora en Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que los canales de denuncia están pensados para mujeres de clase media-alta con un teléfono o internet, pero no son una opción viable para otras mujeres que habitan en comunidades apartadas o que son adultas mayores, quienes conviven 24 horas con su violentador.
“¿Te imaginas? te está golpeando tu marido y tú diciendo ‘espérame estoy en una videollamada con mi psicóloga porque me golpeas’”, comentó la investigadora del CIEG. Tan solo la RNR recibió 789 llamadas de redes de apoyo de las víctimas porque ellas no pudieron hacerlo.
Pero el aumento de la violencia es notorio en todos los estratos de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en las cifras no contadas de las zonas más pudientes del país, como en el caso del municipio San Pedro Garza García de Nuevo León, el incremento de las denuncias durante el confinamiento fue de 104% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el registro del Instituto Municipal de las Mujeres.
En Casa Gaviota las llamadas de víctimas de violencia se incrementaron entre 70 y 80% durante la cuarentena. Sin embargo, la mayoría de las mujeres a quienes solían brindar terapia cancelaron sus sesiones y aunque 95% las retomó vía electrónica, no están seguras de continuar porque “es difícil que puedan hablar cuando están viviendo en espacios reducidos. Detuvieron su proceso porque estaban con sus hijos o con su pareja”, refiere su vocera.
Con estas condiciones que dificultan la denuncia, los expertos esperan una disminución sobre las altas cifras que normalmente caracterizan los datos de la violencia, lo que de hecho se ha observado en los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que muestran el decremento en algunos delitos entre marzo y abril, aunque para mayo se incrementaron nuevamente.
En marzo se registraron 76 denuncias en todo el país por feminicidio, mientras que en abril fueron 71 y 64 en mayo. Por violación se registraron 1.612 denuncias en marzo, 1.047 en abril y 1.124 en mayo. Los casos de violencia familiar sumaron 20.503 casos en marzo, 15.236 en abril y 16.057 en mayo, mientras que la violencia de género registró 331 denuncias en marzo, 345 en abril y 301 en mayo.
Discrepancias en feminicidios
Entre marzo y mayo hay denuncias formales por la muerte violenta de 1.641 mujeres en México que no se investigan por igual, pues los códigos penales admiten tres modalidades: 754 son tratadas como homicidios dolosos, pues se presume que hubo intención de matar; 676 como homicidios culposos porque no se considera intencional y 211 como feminicidios porque hubo razones de género en su comisión.
Sin embargo, la RNR estima que el número real de feminicidios en los primeros dos meses de cuarenta es de 405. Por ello las organizaciones exigen que toda muerte violenta de mujeres (incluidos los suicidios) sea tratado como feminicidio hasta que la investigación lo descarte.
Por otra parte, el Informe de Violencia contra Mujeres del SESNSP muestra que entre los meses de marzo y mayo de 2020 se contabilizan 51.798 carpetas de investigación por delitos como violencia familiar que representa 69% del total; lesiones dolosas (18%), lesiones culposas (4.2%); homicidio doloso, homicidio culposo y violencia de género distinta a la familiar por 1% cada uno y de feminicidio 0.28%
Respecto a los delitos sexuales este informe solo contempla las denuncias por violación representadas en una cifra de 5% que sumaron 3.783 casos en esos meses, pero que dejan por fuera a aquellas denuncias clasificadas en la categoría de abuso sexual (como tocamientos) y por acoso u hostigamiento.
Revictimizadas
¿A qué se debe esta discrepancia en los datos? Para Alex Guzmán Sanguino, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, las leyes mexicanas -el deber ser- no solo son suficientes, sino que comparativamente con el ámbito regional e internacional son amplias y garantistas. Sin embargo, su “efectividad en la vida de las mujeres es un tema de voluntad política y de los constructos socioculturales que imposibilitan llevar una vida libre de violencia”, agrega.
Un reporte de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres advierte que la suspensión del servicio de impartición de justicia por parte de los poderes judiciales del país “puede agravar la violencia contra las mujeres si no se diseña y ejecuta adecuadamente, considerando sus realidades y necesidades”.
El documento que lleva por nombre “(Des)Protección oficial en tiempos de COVID-19” muestra que solo cinco poderes judiciales estatales en México obtuvieron una calificación aprobatoria superior a 60 en la escala de 100; mientras que los 27 restantes resultaron reprobados cuando se evaluó si mantenían servicios para expedir órdenes de protección y restricción, atender asuntos familiares o relacionados con pensiones alimenticias.
El reporte consigna que las medidas de protección no son homogéneas en todo el país e indica que, si la suspensión de las actividades “se implementa a rajatabla y sin el debido cuidado, podría traducirse en la reducción de la capacidad de respuesta para proteger a las mujeres y niñas en situación de violencia”.
Pero aun cuando se denuncia las mujeres son revictimizadas, considera Dolores Blancas, porque buena parte del personal de los ministerios públicos son hombres o mujeres educadas en el machismo que tienden a minimizar la violencia.
“Cuando llegas a denunciar, cuando finalmente te atreves a hacerlo, te cuestionan: ‘¿Tiene pruebas?’ O incluso te dicen: ‘Sus golpes son menores’. Entonces te regresas”.
Más allá de la violencia doméstica
La violencia doméstica no es la única que está en aumento. En la colectiva feminista Las Brujas del Mar ahora reciben hasta cuatro reportes diarios por violencia digital (extorsión, acoso, pornografía), comenta su vocera Arussi Unda.
Aún con la llamada Ley Olimpia, vigente en 17 entidades para sancionar la difusión de contenidos sexuales sin consentimiento en plataformas digitales, Unda refiere que no tienen certeza sobre cómo proceder ante lo reciente de esta norma que genera dudas a especialistas, instituciones y activistas.
La violencia también sigue en aumento para quienes se dedican al trabajo sexual. El 7 de abril de 2020 organizaciones de la sociedad civil en Tlaxcala pidieron investigar a centros nocturnos para hombres que ofrecían servicios de mujeres a domicilio durante el confinamiento. Como respuesta, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró que daría el seguimiento a los hechos. En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que investigaría tanto a esta institución como a la Secretaría de Salud (SESA) por posibles omisiones en el caso.
En el mismo estado, mujeres víctimas de explotación sexual son obligadas a trabajar aún con riesgo de contagio, luego de que se descubriera que los proxenetas no pudieran continuar con su actividad en Estados Unidos, así lo refiere el reportaje del portal Emeequis “Bienvenidos al Hotel Sagitario: aquí te mata el SIDA o te mata el Covid”.
Por otra parte, los feminicidios son excluidos de las cifras si la víctima vive en una zona de conflicto o si en su localidad hay bandas organizadas, como ocurre en varios estados. Al ser vinculadas con el narcotráfico se tratan los casos como guerra entre bandas o se les cataloga de asesinas, sin prever que un número importante de ellas son asesinadas por ser mujeres y por ser cercanas a alguien relacionado con el narcotráfico, aunque no están involucradas en delito alguno. De acuerdo con el registro realizado por María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios, 254 mujeres han sido asesinadas en este contexto.
Violencia por omisión
Ante esta situación la vocera de Casa Gaviota considera sumamente peligroso el discurso del presidente. “Que diga que 90% son llamadas falsas es una omisión tremenda a nivel gobierno, a nivel política, a nivel Estado”, sostiene con indignación. “Y ser omiso es una violencia muy fuerte, estructural. El presidente no está mirando las violencias. No quiere mirarlas porque desde que llegó quitó guarderías, quitó presupuesto para refugios y para organizaciones”.
En 2020 los refugios para mujeres víctimas de violencia tuvieron que esperar hasta la publicación de reglas de operación el 7 de abril para presentar un proyecto y acceder al presupuesto público de 405 millones de pesos.
Esto no sorprende a la doctora Núñez Rebolledo, quien señala que el mandatario nunca ha mostrado interés en el tema. “Se ha expresado de manera desinformada y es una lástima porque es el presidente y debería tener sensibilidad o allegarse de personas que lo asesoren, que lo sensibilicen y le digan que esto es importante para que no quede como está quedando”, observa.
Con estas declaraciones que contrastan incluso con cifras oficiales, “el presidente ha aceptado abiertamente que la visión que tiene sobre la violencia contra las mujeres está distante de lo que requiere el país por parte de las autoridades federales”, comenta David Ramírez, de México Evalúa.
El movimiento #NosotrasTenemosOtrosDatos parafrasea al presidente para llenar la red con testimonios y cifras oficiales que evidencian un aumento en la violencia contra las mujeres, como respuesta a su desdén.
Con frases como “No vamos a contar hasta 10” o “Señor presidente, cuente hasta 10” han iniciado una campaña contra un spot del gobierno federal donde se ve a varias personas al borde de la violencia y se les pide contar hasta 10 para frenarla.
Pese a los datos desfasados, en México se reflejó una violencia que abruma y asusta en medio de inconsistencias de ley, omisiones de las autoridades y vacíos legales en los procesos. Calles y hogares que se siguen tiñendo de la sangre de mujeres y niñas, espacios que se quedan sin ellas, sin sus voces. Mujeres que viven silentes pesadillas interminables, queriendo salir del horror, pero sin el apoyo suficiente de las autoridades.
Salir a flote
Con las omisiones del Estado mexicano pareciera que las mujeres están en total indefensión; sin embargo, aun en la noche más oscura se pueden ver las estrellas. A nivel nacional en las entidades y en los municipios cada vez son más frecuentes las organizaciones dispuestas a brindar una mano amiga.
“Lo que deben saber las mujeres que viven violencia, como todos los grupos que históricamente han sido vulnerables, es que no están solas”, resaltó Alex Guzmán Sanguino, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. “Estas redes están conformadas por otras mujeres que han vivido situaciones similares, por lo que saben comprender y escuchar sin juicios”, apuntó.
Para muchas también pareciera que son las únicas que viven golpes físicos y emocionales o que al comentar con otras víctimas de violencia pudieran sentir que es algo normal, pero no es así, reiteran especialistas. No tienen por qué aguantar aquello que las lastima por dentro y por fuera, merecen una vida de respeto y libre de violencia.
En este proceso es indispensable mantener y fortalecer las primeras redes de apoyo: familia y amigos, pues “lo primero que hace el violentador es alejarte de ellas, buscar que estés aislada y así hacerte más vulnerable”, señaló la psicóloga Teresa Magos Martínez.
Por ello las personas allegadas a las víctimas e incluso la propia comunidad serán de gran apoyo para que, una vez conscientes de la violencia, las mujeres puedan romper el silencio, ponerse a salvo para poder resguardar a sus hijos e hijas, si los hay y trabajar para resurgir. En este camino, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de gobierno pueden brindar apoyo legal, psicológico, de trabajo social e incluso económico.
Nunca está de más prevenir; colectivos como Las Brujas del Mar, en Veracruz, han desarrollado códigos para pedir ayuda aún cuando hay vigilancia del agresor. Entre grupos de amigas, con la familia y con los vecinos se pueden generar palabras clave que permitan comunicar a grandes rasgos la situación en un primer momento, para pedir ayuda. Es una recomendación que dan a las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia. Además de recordarles de tener siempre sus documentos y principales pertenencias personales a la mano, en caso de una emergencia, así como los números de líneas de ayuda para buscar apoyo y asesoría.
Quienes están alrededor también deben mantener los ojos abiertos, con el propósito de identificar a una posible víctima, ya sea por golpes inexplicables, ojeras, ansiedad, nerviosismo, pérdida de memoria, cambio de hábitos alimenticios o de sueño. Una vez que lo hacen, confrontar, insistir y buscar ayuda profesional, recomienda la también psicóloga Adriana Ávila Rodríguez.
En las instituciones públicas, sin duda, todavía hay mucho por hacer para garantizar una atención efectiva y digna a las mujeres que viven violencia; mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil se han fortalecido para guiarlas y acompañarlas en su trayecto a una vida libre y en paz.
No era COVID-19
Un día cualquiera, durante la cuarentena, Adela despertó mareada, con la boca muy seca, el cuerpo pesado y sin apetito. Días antes el dolor de cabeza no la dejaba descansar y a eso se sumó un malestar insoportable en el estómago, además de diarrea.
Para entonces, llevaba un mes en confinamiento con su esposo a causa de la pandemia. Temía –¡cómo no!– ir al hospital y exponerse. Los síntomas no parecían de Covid-19, pero por las dudas decidió consultar en uno de los centros médicos de Hidalgo, un estado al norte de la Ciudad de México.
Mientras tanto, en casa las cosas iban de mal en peor. La violencia que por 35 años fue el pan de cada día de parte de su esposo hacia ella, se había acentuado con el encierro: los maltratos eran cada vez más recurrentes, conductas agresivas y el lenguaje excesivamente violento. No conforme con lo anterior, le lanzaba un sinfín de advertencias y frases amenazantes: “Espero que mueras pronto” y “aún no decido si matarte o no”.
Adela como siempre trataba de contener esos episodios, pero no podía. A sus 63 años de edad sabía que era necesario divorciarse. Tiempo atrás había dado un primer paso cuando dejó la recámara matrimonial y se mudó a la habitación vacía que había sido de su hijo menor.
Dos días después de consultar al médico recibió los resultados del estudio: los síntomas eran de intoxicación, producto de las pequeñas dosis de veneno para ratas que su esposo le había estado suministrando.
Ella huyó de su casa e interpuso una denuncia, pero hasta el cierre de este trabajo periodístico el violentador seguía libre hasta que los juzgados reabran e inicien las investigaciones. Por ahora solo tiene una orden de restricción.
Piensa que corrió con suerte, que vivió para contarlo y tiene razón. El camino le resulta doloroso, pero ya nadie la detiene.
Influencias que pesan más que la maternidad
A más de 120 kilómetros de distancia, la violencia acerca a Adela con María, quien vive en el estado Tlaxcala, ubicado en la región este del país.
María ya no quería un golpe más, pero los soportaba para poder estar cerca de sus hijos, de 5 y 7 años. Aunque su red de apoyo era reducida porque es oriunda de otro estado, su situación era un secreto a voces en la comunidad.
Cuando se armó de valor y a escondidas de su esposo se preparó para solicitar la custodia de los niños, pero él se le adelantó. Los violentadores conocen a sus víctimas, siempre están al acecho y actúan de inmediato cuando se ven descubiertos. El esposo de María sacó a los niños de la casa con el pretexto de llevarlos con la abuela, pero regresó sin ellos.
Sí, sin los niños, pero con una furia tal que se abalanzó contra ella para golpearla una vez más. Cuando sació su sed de violencia le advirtió: “Si quieres vete, pero a ellos no te los vas a llevar”. Era de noche, pero aun así la echó de la casa.
Desesperada, María pidió apoyo vía telefónica y le sugirieron denunciar, ponerse a salvo y buscar un albergue.
Los consejos eran bienintencionados, pero ella no acudió al Ministerio Público por una poderosa razón: su cónyuge tiene vínculos familiares con la policía municipal.
Fue una noche larga para María, horas de angustia por lo que habría de venir y con el temor de no volver a ver a sus hijos. Cuando al fin amaneció sin pérdida de tiempo salió a buscarlos en la casa de su suegra y para su sorpresa encontró una patrulla de la policía apostada enfrente ¡cual si esperaran a una delincuente y no a una madre preocupada por sus hijos!
Sí, le permitieron quedarse con la advertencia de que los oficiales tenían indicaciones de no dejarla salir con los niños.
Desde ese momento, la organización que orientó a María en su llamada de auxilio no volvió a saber de ella. Hasta el cierre de esta investigación no se comunicó de nuevo y ni se conoce su ubicación, pero quienes conocieron sus antecedentes de violencia temen por su vida.
Sin respuesta del 911
María no conoce a Linda, pero como muchas otras mujeres en situación de violencia tienen una conexión indignante y real: han sido revictimizadas a través del chantaje, debido a la influencia de sus victimarios con el poder político o judicial.
Linda había obtenido la custodia completa de su hija después que su expareja se la llevara con engaños por dos meses. Atrás habían quedado los días de conflicto o al menos eso pensaba ella. Por eso, el 30 de abril llevó a la niña de 4 años con su expareja para festejar el día del niño.
En la celebración estuvieron presentes los abuelos de su hija (el padre y el padrastro de su exesposo) y al finalizar le pidieron dejar a la niña para que pasara la noche con ellos.
No sin temor ella accedió porque pensó: “Finalmente son su familia”. Además, le hicieron la promesa de regresársela la mañana siguiente, pero eso no sucedió. Lo que recibió fue la notificación de una denuncia donde la acusaban de abusos contra la menor y sin pruebas comenzó nuevamente una batalla legal.
Al salir de una de las audiencias, Linda intentó acercarse a la niña que la llamaba con los brazos extendidos desde el interior de un carro. Ni un contacto, ni una caricia le permitieron porque de inmediato subieron el vidrio de la ventanilla sin importar que sus manos quedaran atrapadas y lastimadas. Para completar la escena, el padrastro de su expareja la lanzó al suelo para alejarla del vehículo.
Sin demora Linda llamó al 911, pero su decisión motivada por el dolor de madre se estrelló contra el muro de la realidad: no hay delito que perseguir porque fue el padre de la niña quien se la llevó.
Esto ocurría antes del 15 de mayo cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que 90% de las llamadas a este número por violencia contra las mujeres son falsas ¿Lo son?
Un oficial a bordo de una patrulla auxilió a Linda. En el trayecto cuando la conducía al Ministerio Público se cruzaron con el padrastro de su expareja.
Sí, el policía lo detuvo. Sí, lo presentó ante las autoridades. Y sí, también les concedieron libertad gracias a sus conexiones con el poder judicial.
El proceso legal continúa. Es el abuelo quien pelea la custodia porque el padre de la niña confesó ser adicto a las drogas y al alcohol. Actualmente, la pequeña se encuentra en resguardo en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de México (DIF).
“Lo que más me preocupa es que me quiten a mi hija y que usen sus influencias para manipular la situación”, lamenta Linda.
El juez que no quiso escuchar
El chantaje es uno de los recursos de los violentadores, que se valen de lo más sagrado para consumarlo: los hijos.
Esa es la experiencia de Claudia, quien comparte con Linda el dolor de estar apartada de su hija y no poder ni verla.
Tras un mes de cuarentena Claudia descubrió la infidelidad de su esposo y se separaron. Al principio, todo estuvo en calma; hasta parecía que la decisión había resultado favorable, pues él comenzó a dedicar a su hija más tiempo del que le había dedicado desde que nació, diez meses antes.
Cuando Claudia le informó que tramitaría una pensión alimenticia él pidió volver y comenzó el chantaje. “Te conviene, piénsalo”, le dijo, pero ella no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Lo vio irse tranquilo, así que los sucesos del siguiente día fueron sorpresivos: él entró a la casa, la empujó, la pateó en el suelo y la dejó tirada y lastimada antes de llevarse a la niña.
“Inmediatamente llamé al 911”, narra con voz entrecortada, pero la operadora le negó el apoyo por tratarse de una situación familiar y no pudo activar una Alerta Amber (usada en casos de desaparecidos) porque fue el padre quien se llevó a la menor.
Claudia recurrió a Mujeres con Poder para recibir asesoría y días después lograron iniciar un protocolo Alba (proceso para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de gobierno cuando existe el extravío de mujeres y niñas) y un proceso familiar para recuperar a la pequeña.
A tres meses de distancia del hecho desconoce el paradero de su hija, pues el padre se ha negado a presentarla pese a la dictaminación del juez y a una orden de protección que le impide salir del estado. Sin embargo, el juez ha omitido implementar medidas de apremio -que incluyen orden de aprehensión y cateo- aún cuando se presume que la pequeña se encuentra en el vecino estado de Puebla.
Su abogada inició un amparo ante un juzgado de distrito por la inacción del juez ante el desacato del hombre y sus insultos a la mujer en las audiencias. Como respuesta, el juzgador emitió un acuerdo donde exhorta a la pareja a dejar la “disputa encarnada” por el bien de la menor y dictó una custodia virtual, figura no contemplada por la ley.
Por lo pronto, están a la espera de que las instancias federales tomen acciones ante la omisión de este juzgador y la desprotección en que ha dejado tanto a una madre como a una niña.
Incomunicada y alejada de su familia
En otra ciudad de México, Guadalupe comparte con Claudia y Linda la pena de no poder ver a su hija, quien no es una niña, pero sí una mujer violentada por su pareja.
Guadalupe no concilia el sueño, porque desde que se inició la contingencia no ha podido comunicarse con su hija Ana ni con sus nietos.
Durante años, con dolor de madre, ha visto cómo ella trata de ocultar los golpes que le propina su pareja y cómo su actitud se ha vuelto cada vez más nerviosa y temerosa.
Guadalupe y su otra hija han ofrecido a Ana toda la ayuda necesaria para que salga de la casa de su violentador; quieren ponerla a salvo junto a sus hijos, de 4 y 12 años, pero ella se resiste y por eso sospechan que ha recibido amenazas.
El victimario actúa sin miedo porque es hijo de un conocido abogado, defensor de violadores que cuelga sus victorias con orgullo. Irónicamente, a Guadalupe le fue impuesta una orden de restricción que le impide acercarse al sitio donde Ana y los niños están incomunicados.
Guadalupe sigue sin dormir y así seguirá hasta saber que su hija está a salvo.
Violencia desde el noviazgo
La violencia no discrimina estado civil y Alma lo sabe. Una tarde de abril, durante la cuarentena, esta joven de la Ciudad de México acudió a la casa de su novio para pasar juntos un rato agradable, entre películas, comida y alcohol.
Él se durmió tras unos tragos y ella se entretuvo con su celular, pero esa fue la causa del problema. Cuando él despertó comenzó a cuestionar con quién chateaba, a gritos la insultó, la acusó de infiel, la golpeó, le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el piso.
Sin embargo, no había saciado su furia. Aún le faltaba arrastrarla hacia la cocina, pero se detuvo un instante para levantar el teléfono de Alma y revisar con quién había hablado.
Ella relata –y lo cuenta con dejo de culpa– que aprovechó el momento para tomar el celular de su novio y lanzarlo contra el piso también. Él, enfurecido, la emprendió de nuevo a golpes contra ella hasta cansarse y después la mandó a buscar su celular.
Alma obedeció, pero no desaprovechó la ocasión para preparar su huida. De prisa colocó el bolso, las llaves y su ropa junto a la puerta, pero él la sorprendió y al verlo encaminarse hacia ella empezó a pedir auxilio a gritos.
“¿Qué haces? Detente, me vas a meter en un problema”, le reclamó y después la llevó a la habitación y la obligó a sostener relaciones.
“Por miedo a que me siguiera golpeando lo hice y fingí”, reconoce Alma, quien esperó a que volviera a dormir para salir rumbo a la carretera, donde abordó un transporte público.
Él la ha buscado y recurre nuevamente a la culpa: “Así no pasó, perdóname”, repite, pero ella no se retracta y el proceso legal por estos hechos acompañado por el Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala sigue en curso.
Vivir el abuso en silencio
La violencia durante el noviazgo une a Alma con Karina, quien quedó cautivada al instante cuando conoció a Juan Carlos.
Cierto que era serio y distante con la gente que la rodeaba, pero ¿qué problema podía haber con eso si le dedicaba gestos y detalles que la hacían sentir especial?
Sin embargo, poco a poco la relación empezó a enturbiarse. Los reclamos iniciaron como simples preguntas –“¿por qué te pones esa ropa?”, “¿con quién hablas por el celular?” –, pero al paso del tiempo se convirtieron en insultos, ofensas y expresiones denigrantes.
Peleaban tanto que Karina pasó a estar siempre deprimida, sin apetito ni energía y no era para menos. Se alejó de sus amistades y dejó de salir con amigas para no molestarlo.
Aquel Juan Carlos detallista y cautivador degeneró en patán grosero, que la manipulaba y persuadía de que ella tenía la culpa de todo porque provocaba sus impulsos violentos.
El acabose llegó al iniciar la pandemia. Juan Carlos intensificó sus acciones controladoras con el pretexto de que solo intentaba cuidarla, le pedía ubicación a toda hora y la llamaba para saber qué estaba haciendo. No atender la llamada por cuestiones de trabajo en la oficina convertía a Karina en blanco de gritos e insultos, que su fiero novio no contenía.
Ella accedía a todo para evitar conflictos sin saber que, según expertos, la violencia psicológica implica coerción, aunque no haya violencia física y la coacción psicológica es una forma de violencia.
Cuando contó detalles de su relación con Juan Carlos a sus amistades recibió advertencias que la pusieron en alerta: eran actitudes violentas que podían llegar a la agresión física. Ahora ella quiere terminar la relación porque sabe que no dejará de ser violento, si ni siquiera admite que lo es. Él, por su parte, se aferra e insiste en que pueden solventar la situación.
Ella no se veía como víctima, pues quien sufre violencia psicológica tarda en ver el problema. La ausencia de golpes físicos resta peso a la agresión que hay en el insulto y la coacción.
Karina sigue con Juan Carlos por temor a sus reacciones, pero ha buscado apoyo psicológico porque quiere reencontrar en el espejo su reflejo perdido, desdibujado en los años de abuso.
La indiferencia también duele
Al igual que Karina, Amanda sufrió violencia psicológica que, en su caso con el tiempo pasó a la agresión física.
Para ella las discusiones alternadas con prolongados silencios eran estilo de vida en pareja, pero hace seis años decidió separarse porque los golpes emocionales se tornaron físicos.
Sin embargo, la violencia contra Amanda continuó. Él la manipuló para vulnerar su decisión, a través de la dependencia económica y la culpa por la separación y una vez que la convenció de volver, la violencia emocional se reinstaló de nuevo entre los dos.
La pareja de Amanda acostumbra llegar ebrio a la casa. Ella expresaba su molestia, pero él no discutía, solo la ignoraba.
“La indiferencia para mí era muy fea, como si me estuviera golpeando (…) Su indiferencia me dolía mucho”, explica mientras intenta contener el llanto.
Pero no era lo único. Admite que varias veces, bajo presión, aceptó sostener relaciones sexuales que no le satisfacían, que la lastimaban física y emocionalmente. Por eso, meses después dejó de dormir con él y empezó a compartir habitación con su hijo de 11 años.
Ya no había agresión física, pero sí golpes emocionales no menos duros que la alertaron. Cuando hablaba con otras mujeres que sufren también malos tratos y presiones en su vida sexual, así como la indiferencia de sus esposos y el distanciamiento con familia y amigos, supuso que era normal e intentó justificarlo, pero hoy sabe que esa no es la vida que desea.
A una semana de haber iniciado el confinamiento en México, Amanda decidió aplicar tolerancia cero para no llegar al límite de nuevo. Sí, le preocupaba ser ella quien saliera de la casa que le pertenece, pero el apoyo de su hijo le dio la fuerza que necesitaba.
“Yo voy a donde tú vayas mamá”, le dijo su hijo, quien muchas veces pudo ver las agresiones de su padre hacia ella.
“¿Te acuerdas cuando mi papá te pegó en tu ojo?”, solía preguntar cuando era más pequeño, porque no olvidaba una agresión que ocurrió cuando el niño tenía apenas 3 años.
La comprensión del niño apuntaló la seguridad de Amanda, quien se refugió con su otra hija y espera que ese hombre, con quien vivió 15 años, abandone su casa para poder regresar.
Él parece conforme y ella está firme en su decisión, pero teme que en el desconfinamiento, al retomar la normalidad, se derrumbe la paz que ha construido.
Por el momento, no habla mucho del tema ni quiere opiniones. Esta vez es diferente porque cuenta con el respaldo de su familia y no olvida que pudo sostener a su hija mayor con su trabajo como estilista durante 11 años, antes de iniciar una vida con él.
Está acostumbrada a ser independiente y sabe que saldrá adelante: “Soy una mujer poderosa que va a poder sacar los gastos. A veces nos dejamos llevar por una vida de normalidad, entre comillas, porque siempre he tenido que trabajar y aportar a la casa, no tengo miedo ahora y sé que voy a poder lograrlo porque ahora soy fuerte y libre para reconstruir mi vida”.
*Casos compilados por el Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala, A.C. (CDHUT)
*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de las víctimas.
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