Honduras
Autor: Omaira Urgelles | Zurya Escamilla Díaz
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez
Confinamiento bajo amenaza
En el continuo ciclo de la violencia machista las mujeres viven bajo amenaza de muerte de parte de sus agresores que en la mayoría de los casos son su pareja, vecinos y hasta exparejas de otras mujeres
Menos penas para más violencia
En medio de la controversia por la promulgación de un nuevo Código Penal en Honduras que reduce las penas en los delitos contra las mujeres, el Servicio Nacional de Emergencias registró cada cuatro minutos una denuncia de violencia durante la pandemia de COVID-19
Tegucigalpa – Pasadas las 4:00 am del 11 de marzo de 2020 Honduras enfrentaba con estupefacción la llegada del coronavirus. El gobierno nacional confirmaba oficialmente la presencia de dos casos positivos de COVID-19 y cuatro días más tarde se decretó la cuarentena que se extremó con la aplicación de un toque de queda, el 22 de marzo.
La llegada de la pandemia trajo consigo el colapso del sistema sanitario, desempleo, precariedad y también violencia en los hogares de un país donde, según el Banco Mundial, 48.3% de los más de 9.2 millones de hondureños vive bajo el umbral de la pobreza y 22.9% en pobreza extrema.
En Honduras las mujeres representan 54% de la población, la mayoría de ellas fungen como jefas de hogar sobre todo ante el aumento de la migración. El país pierde cuando una de ellas muere y también lo hacen las familias en su amplia diversidad “porque son las mujeres quienes garantizan su estabilidad”, consideró Helen Ocampo, investigadora del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM).
El permanecer en casa, medida por excelencia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la curva de contagios, hizo evidente una deuda histórica del Estado hondureño, agrega la investigadora; razón por la que difícilmente esperaban que las medidas de la “normalidad” funcionen durante la contingencia.
Para el CDM una de las violencias más recurrentes en contra de mujeres y de la población en general es la inseguridad alimentaria, debido a que una gran parte de los hondureños viven del comercio informal que está suspendido por las medidas sanitarias.
El papel que juegan las mujeres ante esta precariedad económica y alimentaria se ha reflejado en que 18% de la población enferma de COVID-19, esté conformada por amas de casa y en menor número por enfermeras. “Este papel de las cuidadoras de otros ha expuesto mucho más a las mujeres a hacer víctimas al virus”, dijo la investigadora.
El país centroamericano con más femicidios
En Honduras la situación de violencia contra la mujer ya era grave antes de la pandemia: 2019 cerró con 390 femicidios, según organizaciones de mujeres y con 24 más para enero de 2020.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asegura que este es el país centroamericano con mayor incidencia de femicidios, 60% de los cuales son atribuidos al cónyuge.
De acuerdo con Ayestas “la pandemia solo está perpetuando la violencia contra la mujer, pues las medidas de confinamiento las obligan a permanecer en sus hogares con el agresor”.
La organización señala que hasta 11 de junio se registraron 123 muertes violentas de mujeres. De ellas 58 se dieron solo durante la emergencia mundial. Tegucigalpa, la capital del país, concentra el mayor número de casos (24), seguido por los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro.
Por otra parte, la organización gubernamental Ciudad Mujer indica que hasta el 30 de abril brindaron atención a 818.575 requerimientos en sus cinco centros. Además, hubo un incremento en las denuncias al 911 del Sistema Nacional de Emergencias que durante el mes de marzo atendió 12 denuncias cada hora, cifra que se incrementó en 13 en abril y 14 en mayo.
Entre marzo y hasta el 25 de mayo la línea de emergencia del 911 contabilizó 24.746 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar, 249 por violencia de género, 172 de acoso sexual y 122 tentativas de violación. Cabe destacar que esta instancia no clasifica por sexo los datos, por lo que se desconoce con precisión cuántas mujeres fueron efectivamente afectadas por estos hechos.
Hay que agregar que el registro de llamadas también permite observar las fallas registradas en la respuesta de la policía: 16% de las llamadas se duplicaron porque hubo una atención tardía o nunca llegó y la víctima o los vecinos denunciaron más de una vez, según datos preliminares de CDM.
Expuestas a la violencia sexual
En lo que respecta a los delitos de violación, el monitoreo de medios que realiza el CDM indica que hubo siete casos en abril y seis en mayo, cifras que representan 30% (aproximadamente) de los casos reales. Desde marzo y hasta el 25 de mayo el 911 registró 120 denuncias por este delito.
Pero también hay otras formas de vulnerabilidad sexual. De acuerdo con una encuesta aplicada por el CDM a 11 oficinas departamentales del país, dos de ellas sufren la falta de métodos anticonceptivos para proveer. Asimismo, ninguna tiene anticonceptivos orales ni implantes, tres manifestaron carecer de preservativos y otras seis solo tenían capacidad para abastecerse por un mes.
Esta situación también preocupa a la organización que representa Helen Ocampo, porque Honduras es un país donde está prohibido el anticonceptivo de emergencia y el aborto está penado en todas sus causales. La ONG cree que habrá un incremento en los abortos inseguros, embarazos no deseados y transmisión de enfermedades por contacto sexual durante la pandemia.
En el contexto digital la violencia también se ha mantenido, especialmente el acoso sexual a mujeres a través de redes sociales o bien manifestado en ofertas de explotación sexual a menores de edad.
Impunidad y penas
En ninguno de los casos de violencia hay garantía de un proceso judicial, pues a pesar de que la ley prohíbe la conciliación en temas de violencia contra mujeres, datos de las ONG defensoras de los derechos de las mujeres en Honduras han detectado que funcionarios, en al menos dos puestos de policía en Tegucigalpa y en un grupo de Oficinas Municipales de las Mujeres en el interior del país, están promoviendo estos acuerdos entre las víctimas y sus agresores.
“Ya romper el miedo de la violencia y hablar es un reto. Por eso llegar a una instancia gubernamental que responde de esta manera no sólo aumenta el miedo, sino que garantiza que no va a haber justicia y que las mujeres y niñas van a seguir sufriendo violencia”, cuestionó Ocampo.
Además, basta con que la víctima manifieste temor y evite denunciar para que se suspenda la intervención policiaca, un hecho criticado por las ONG en Honduras.
“Lo que debería suceder si queremos proteger a las víctimas es que deberían juzgarse los sucesos de violencia cada vez que se presenten, porque se atendería en flagrancia para sentar un precedente”, añadió.
Para Ayestas es igual de preocupante que slo 3.2% de los casos se atiendan por la vía judicial en un país donde el ONV indica que cada 23 horas hay un femicidio, una cifra que “se mantiene” aún en la pandemia.
Las recientes reformas al Código Penal para reducir las penas de algunos delitos como el femicidio y violencia doméstica mantienen encendido el debate en la opinión pública. La situación alarma a las organizaciones que ven con preocupación que muchas veces las penas se limitan a “semanas de trabajo comunitario”.
“No queremos estar encarcelando a gente porque asesinen a mujeres, las queremos vivas. Lo que sí implicaría justicia social es que el número de femicidios por año disminuya en vez de seguir creciendo”, comentó la investigadora de CDM.
Por ello, la sociedad civil se manifestó y logró que hasta el 25 de junio se suspendiera la entrada en vigor de la reforma, pero esto no pudo aplazarse más. Las organizaciones insisten en que este nuevo Código Penal significa un retroceso en materia de derechos humanos y de lucha contra la violencia machista que se ha recrudecido con la pandemia del coronavirus.
Helena Ocampo reconoce que desde 1997 hay una Ley contra la Violencia Doméstica que desde el año 2003 tipificó el femicidio como delito. Honduras cuenta también con una Ley contra la trata de personas que reconoce como delito los embarazos forzosos; sin embargo, destaca que si no hay voluntad de las instituciones, todo queda en papel.
Un sistema que se niega a apoyar a las víctimas
La abogada María Ester Escalante, quien funge como educadora en el CDM, explica que la realidad legal en Honduras es un enorme desafío frente a la violencia contra las mujeres ante un sistema que retarda las medidas de protección de la víctima hasta la primera audiencia, desprotección que ya ha costado algunas vidas.
A menudo tampoco resulta efectiva la formalización de medidas cuando un juez las ratifica, con el fin de lograr tanto la reeducación del agresor como el fortalecimiento de la víctima en su autoestima. En el primer caso, hay agresores que pagan a los servidores de las Consejerías de Salud para que les extiendan una constancia y dejen de acudir a las sesiones; mientras que algunas iglesias asumen la tarea de trabajar con la víctima en comunidades retiradas y su abordaje tiende a normalizar la violencia.
Asimismo, fallan las medidas cautelares que buscan asegurar los alimentos para los hijos e hijas y garantizar tanto su seguridad como la de su madre porque “no hay un mecanismo efectivo que pueda dar seguimiento”.
Hay muchos casos donde el agresor incumple porque la ley no es punitiva y se queda solamente en una sanción social, “pero la responsabilidad de informar que el hombre incumplió con las medidas de seguridad sigue siendo de la mujer. Esos son grandes desafíos que están ahí y que no hemos podido encontrar la forma de solventar”, explicó Escalante.
En este caso la abogada destaca que la irresponsabilidad paterna en Honduras es muy grave y se manifiesta desde casos en los que algunos hombres se niegan a reconocer a los hijos hasta situaciones de abuso sexual.
La abogada relata que durante la cuarentena las mujeres han seguido sometidas a la violencia y obligadas por la situación de emergencia nacional a convivir con sus agresores, lo que hace casi nula la posibilidad de llamar al 911 para demandar auxilio.
Y “cuando logran la comunicación con la autoridad pertinente, la respuesta es muy limitada. Simplemente se queda en una llamada sin seguimiento de la Policía nacional. Nos encontramos con que solo 3% de las denuncias llegan a los juzgados. El 911 recibe la denuncia y la canaliza, pero la policía no llega”, reclamó ante lo que califica como “negligencia policial”.
En plena pandemia la situación se agravó con la medida estatal de “suspensión de actividades” en los Juzgados de Paz de 298 municipios, a pesar de ser una de las entidades encargadas de recibir denuncias y establecer medidas de protección en favor de las víctimas.
Este hecho movió al CDM, al Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y a la organización Women’s Link Worldwide a dirigirle una carta a la Corte Suprema de Justicia para demandar la apertura de los Juzgados de Paz y brindar protección a los derechos de las mujeres y las niñas.
Las ONG señalan que hubo una repuesta positiva, sin embargo, aseguran que fue poca la voluntad estatal para hacerle frente a la violencia en el tiempo de confinamiento.
“Se habilitaron los tribunales, pero nos encontramos con diferentes situaciones. Algunos operadores de justicia manifestaron que tenían impedimentos para hacer su trabajo por el coronavirus y su capacidad para dar respuesta a las denuncias no estaba ajustada a la necesidad de emergencia de las víctimas. Alegaban: ‘nos exponemos’; ‘no hay transporte para movilizarnos’; ‘hay toque de queda y no puedo circular’. Entonces vemos cómo siguen aumentado la cantidad de obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia que es una responsabilidad estatal”, reclamó Escalante.
Ante esta deuda latente del Estado con las víctimas las organizaciones de la sociedad civil han tenido que suplir el papel del Estado en frentes como el resguardo de mujeres que deben salir de su hogar para huir de su victimario, acompañadas de hijas e hijos. En este caso la solidaridad comunitaria ha sido fundamental para hacer acopio de alimentos y enseres que requieren los refugios.
Sobre ello la abogada Escalante refiere que el Estado envía un mensaje negativo a la sociedad con sus acciones y omisiones al hacer ver “que la violencia contra las mujeres no es importante o bien que está en vías de desaparecer”.
En particular, considera que se pierde en el tema de respeto a los derechos humanos, puesto que la tolerancia y penas leves que se continúan promoviéndose desde las esferas del poder, apuntó, abre la puerta para que la violencia machista siga matando a las mujeres en todas las formas de violencia posible que ejerce el agresor contra ellas en Honduras.
Mantenerse vivas y a salvo es lo único que importa
Ninguna mujer debe vivir bajo la amenaza y el miedo que conlleva ser víctima de la violencia. La abogada y psicóloga Nairobi Hernández sugiere que lo primero que debe hacer la víctima es llenarse de valor y comunicarse con alguien cercano ya sea un familiar, un vecino o una amiga que le pueda ayudar a denunciar su situación, a través de las líneas de ayuda o emergencia como el 911.
La integrante del Centro de Derecho de Mujeres y también abogada María Ester Escalante agrega que si una mujer está sufriendo violencia debe salir lo antes posible del lugar en el que siente peligro. Escalante recuerda que la denuncia es primordial para dejar constancia de lo que está sucediendo. También insta a los vecinos, familiares o miembros de la comunidad a denunciar cualquier episodio violento con empatía hacia una víctima que corre peligro y no sabe cómo pedir ayuda. “Deben apoyarla porque son personas que se sientes solas y atemorizadas”, expresó.
La organización gubernamental Ciudad Mujer ofrece las siguientes recomendaciones para las mujeres que sean víctimas de violencia en periodo de cuarentena:
- Al llamar a emergencia asegúrate de tener un teléfono disponible y con saldo. Memoriza dos o tres números de teléfono de familiares o amigos a los que puedas acudir.
- Identifica una ruta de escape dentro de tu hogar. Lleva contigo una copia de las llaves de la casa y guárdalas en un lugar seguro.
- En caso de violencia no te detengas por el toque de queda. Solicita apoyo en retenes policiales y pide refugio si tu hogar no es seguro.
- Crea una contraseña de seguridad que tus hijos y conocidos reconozcan como señal para que ellos te ayuden a buscar auxilio en caso de que tú no puedas.
La abogada Hernández destaca la más reciente campaña viral puesta en marcha en algunos medios de comunicación, donde surgió la idea de colocar los dedos en forma del número cuatro y luego el dedo pulgar en medio de la palma de la mano cerrada, como símbolo para indicar que se está siendo víctima de violencia en caso de que no pueda hablar.
- Es importante conservar una copia de los documentos personales, así como de los hijos o hijas. Incluso darle otra copia a una persona de confianza que los resguarde.
- Recuerda que la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público siguen trabajando durante el toque de queda para atender denuncias de delitos de flagrancia, violencia doméstica, violencia intrafamiliar y desaparecidos.
- Si sientes que estás en peligro recuerda que lo más importante es resguardar tu vida y la de los que tienes a tu alrededor. En caso de emergencia llama al Sistema Nacional de Emergencias 911.
Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con servicios en el Consultorio Jurídico Gratuito, creado para el uso y bienestar de la comunidad hondureña, donde se brinda asesoría psicológica para ayudar a las mujeres maltratadas en situación de divorcio.
En la ruta de los Ayotes
Aquel domingo del mes de abril la vecina de Daniela[*] regresaba de la huerta, tras cortar unos ayotes (calabaza pipiana) cuando los gritos despavoridos de tres niños le hicieron virar la mirada hacia la carretera.
“Un hombre macheteó a mi mamá”, gritaban desesperados, luego de haber corrido por la carretera, ubicada en una comunidad alejada del casco urbano del municipio del Distrito Central del Departamento Francisco Morazán, en Tegucigalpa, capital del país. Eran las 3:45 de la tarde.
Los niños de ocho, seis, cinco y tres años de edad, aproximadamente, eran seguidos por el llanto de su hermana y los gritos de su madre, quien con la bebé en brazos también corría y pedía auxilio. Ambas se desangraban por las heridas que habían recibido minutos antes a manos de la expareja de una sobrina de Daniela.
A ella le desagradaban los maltratos que el hombre le daba a su sobrina. Y a él, su intervención en la relación de estos. Además al hombre se le conocía por sus vínculos con el narcotráfico en la zona, lo que había provocado discusiones entre ambos. Cuando su sobrina terminó con él, el hombre culpó a Daniela y tomó venganza.
Ese domingo llegó a su casa situada en una zona bastante aislada y montañosa. Aprovechó que Daniela vivía sola y se lanzó con furia contra ella. Brazos y manos resultaron heridos gravemente por el filo del machete. En medio de la desesperación Daniela, de 28 años y madre de cinco hijos, tomó a su bebé de 11 meses con la esperanza de que el hombre desistiera, pero ni eso fue suficiente. Continúo lanzando el machete y provocó una herida en forma de L en el rostro de la pequeña, entre el pómulo y su ojo izquierdo, también dejó otras heridas en su pequeño cuerpo, así como en el de su madre.
“Gracias a los niños ella pudo salvar su vida y la de la bebé”, aseguró uno de los vecinos que las socorrió cuando encontró a Daniela y a la niña heridas. La comunidad se conmocionó con el suceso y se organizó para llevarlas al hospital más cercano, pero el vehículo que un vecino prestó para trasladarlas, se quedó sin gasolina a medio camino.
Durante el confinamiento ciudadanos en Honduras resultaron afectados por las limitaciones impuestas al acceso de combustible, pues entre las medidas aplicadas por el Gobierno ante la propagación del coronavirus estuvo la restricción de la circulación automotriz en todo el país para reducir las importaciones de gasolina y diésel.
Pasada las 4:00 pm llegaron hasta la estación policial más cercana y fue hasta las 8:00 de la noche que los policías lograron dejarlas en el hospital para que ambas fueran atendidas. Según la Fiscalía, los oficiales habían tardado porque “estaban haciendo el levantamiento” de otro caso.
La agresión que sufrieron Daniela y su hija fue investigada por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida de Tegucigalpa situada en Francisco Morazán, quien llevó a prisión al agresor por el delito de homicidio en grado de tentativa. En consecuencia, la ley del país no las acoge como víctimas de violencia de género.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Honduras consideran que lo ocurrido fue una tentativa de femicidio, debido a la relación cercana que había entre el agresor y la familia de ella. Además, creen que si la agresión se hubiera dado entre hombres, es poco probable que la violencia habría tenido un ataque de esa magnitud.
Pese al peligro que representa vivir en el mismo lugar donde fue agredida, Daniela está resignada a quedarse en su casa junto a sus hijos, pues no tienen posibilidades de emigrar a un sitio más seguro. Por eso prefirió no denunciar ante el miedo de que su agresor cumpliera su última advertencia: Si denunciaba mataría a los pequeños. Hoy la familia recibe terapia emocional por parte de organizaciones, mientras buscan recuperarse de lo vivido.
Cegada por el filo de la espada
Un mes después de lo sucedido con Daniela y sus hijos, en otro departamento del país la familia de Susana[*] fue sorprendida con la noticia de su inesperada muerte ocurrida en mayo durante la cuarentena, pero mucho más los impactó la forma en que falleció. En un tono frío, su esposo de 55 años y dedicado a la agricultura, llamó a todos para comunicarles que Susana se había suicidado.
La prisa por enterrarla causó sospechas desde el principio en sus dolientes y había una razón muy clara: Susana de 37 años, padeció violencia por parte de su esposo desde hacía varios años. Tanto así que en febrero de 2020 se atrevió a hacer una primera denuncia contra él ante el juzgado de Paz de la comunidad, recordó su hermano.
Las restricciones que impuso la cuarentena y las distancias en las localidades obligaron a la familia a designar a una persona para que se encargara de los preparativos del entierro, pero sobre todo para indagar sobre la forma en que murió esta madre de tres hijos, de los cuales uno vive en EE.UU. y los otros dos son menores de 17 y 13 años, respectivamente.
Uno de sus hermanos, quien vive en el departamento de Intibucá, situado en la parte occidental del país, viajó hasta su casa con la intención de trasladar el cuerpo de su hermana hacia la comunidad donde reside la madre de ambos. “Cuidado la entierran sin que yo llegue primero, quiero verla”, le dijo a la pareja de ella luego de notar su premura para sepultarla. El esposo de Susana tampoco quería que la vieran los familiares que pudieran estar en el sepelio.
Al llegar su hermano quedó impresionado cuando la vio. Susana tenía varias heridas de machete en el cuerpo. Lo curioso es que el esposo nunca llamó a ningún hospital. No obstante, aseguró que la había auxiliado cuando cayó de una pendiente y que pudo bajarla de la montaña con ayuda de un pastor de la comunidad, luego de que ella misma se provocó la herida con el machete en el cuello.
Pero esa es una de las versiones que dio su esposo sobre el presunto suicidio de Susana. En otra afirmó que los hijos de ambos andaban en la zona y que fueron ellos quienes la auxiliaron cuando se tropezó con el machete que la degolló y le ocasionó diversas heridas.
El presunto suicidio está lleno de otras irregularidades, entre ellas la falta de un dictamen médico que certifique la forma en que murió. Además de carecer de un permiso de la Corporación Municipal y de otras licencias que autorizan sepultarla en la localidad.
“Él nunca pidió auxilio. Simplemente dijo `la encontré y la voy a meter en una caja´. Si algo así le pasa a cualquiera, tú vas de emergencia ante las autoridades sin dudar”, expresó uno de los parientes de la víctima, quien prefirió mantenerse en anonimato.
La incertidumbre de la familia y las diferentes versiones del hecho, según su esposo, hizo que acudieran ante la justicia para pedir que se investigue la muerte de Susana. Ellos no olvidan que él siempre la maltrataba y que había logrado alejarla de ellos desde que tenía 17 años cuando comenzó la relación. Desde entonces, había sido ama de casa y ayudaba a su esposo en las labores del campo.
Organizaciones y abogados que los acompañan enviaron nota formal a los fiscales para reforzar la petición en el caso que se encuentra en averiguaciones, en especial porque de acuerdo con testimonios de los familiares, el esposo la había amenazado de muerte en el pasado.
La Fiscalía también notó las inconsistencia en la muerte de Susana, sin embargo, el caso se ha visto afectado por la emergencia del Coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a darle prioridad a otros temas, mientras la familia espera justicia. Por los momentos, su muerte es tratada como “sospecha de femicidio por sus familiares” en la Fiscalía del Departamento de La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
¿Servir y proteger es un solo slogan?
Unas semanas antes de la muerte de Susana, Luisa [*] de 23 años intentaba recomponerse del último trago amargo que su expareja le había hecho pasar en la cuarentena. Habían pasado seis meses desde que lo dejó por las innumerables violencias que vivió con él durante los tres años de relación que tuvieron.
Sin embargo, esto no detuvo al padre de la hija de ambos, de un año edad, quien continuamente le enviaba mensajes de textos amenazándola. “Me las vas a pagar”, le advertía.
A finales del mes de abril y en medio de la pandemia la comunidad donde vive Luisa, ubicada en las colinas hondureñas, cerró el paso de vehículos y personas ajenas como medida de protección ante la expansión del Coronavirus. Ella se encontraba como voluntaria apoyando en los turnos del retén que controlaba el paso cuando a lo lejos reconoció a su expareja. Sin mediar palabra, el hombre de 36 años se abalanzó sobre ella y la golpeó en el rostro enfrente de todos. Nadie intervino. En su defensa, ella tomó una piedra y se la arrojó. “Suerte tuviste de que apareció alguien porque sino ni te salvas”, le dijo el agresor.
Con la evidencia del maltrato en el rostro, Luisa acudió a la estación policial más cercana para poner la denuncia. Pero además de los nervios por el episodio que acababa de vivir, quedó sin palabras tras las respuestas de los oficiales. “No podemos atenderla porque usted de todas formas va a volver con su pareja”.
Sintió como la si golpearan de nuevo, pero esta vez quienes tienen como eslogan “Servir y Proteger”. Sintió que la misma autoridad la responsabilizaba de la agresión que le había dado minutos antes su expareja.
Con las contusiones y los dolores sin cesar, se trasladó hasta la cabecera departamental para hacer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). “Acá tomamos su denuncia, pero hay que ver si los fiscales tienen tiempo porque están muy ocupados”, le respondió un policía.
En su peregrinaje por buscar ayuda, angustiada llegó hasta una ONG y logró que Medicina Forense certificara su condición. Cuando su abogada planteó lo ocurrido ante la Fiscalía especial de la mujer, el funcionario encargado le informó que durante el seguimiento del caso con el fiscal de la zona, este le indicó que su agresor alegaba que ella también lo había golpeado. Y aunque lo hizo en defensa propia “la ley indica que en este caso se debe investigar a los dos porque el hombre estaba herido”, argumentó la Fiscalía.
El caso fue tratado en la Fiscalía de la ciudad de Danlí, municipio y ciudad del departamento de El Paraíso, en un principio, como un delito de violencia intrafamiliar, en especial ante las pruebas de amenazas sistemáticas que Luisa había conservado, pero al momento de comparecer en la audiencia el Juez le ofreció una medida de conciliación que se incluye en el Código Penal hondureño. Un argumento que sumó apoyos por parte de la defensa pública que representó al agresor, quien la persuadió para que negociara porque si seguía el proceso “lo iba a perjudicar a él y con antecedentes penales no iba a tener trabajo: ¿cómo podría darle de comer a su hija si lo metían preso?”, le dijeron.
Pero el miedo fue quien mejor influyó en la decisión y finalmente, aceptó una conciliación que para el agresor implica quedar en libertad con algunas medidas. Es una contradicción legal que a diario enfrentan las víctimas que cuentan con la Ley contra la Violencia Doméstica en Honduras.
El instrumento jurídico no permite conciliación alguna en materia de violencia, a diferencia del Código Penal que sí permite un acuerdo entre agresores y víctimas como ocurrió en este caso.
Luisa logró mudarse de su anterior residencia. Ahora recibe atención psicológica de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en el país, quienes la ayudan a reconstruir su vida.
*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de la víctima.
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