Guatemala

Niñas y mujeres indígenas entre las más desatendidas 

En Guatemala, el Ministerio Público recibe cerca de 150 denuncias al día por delitos de violencia contra las mujeres; juzgados atienden por turnos o en horarios reducidos, mientras albergues para la atención de víctimas prestan servicios en su mínima capacidad

Ciudad de Guatemala – Las distintas expresiones de violencia contra las mujeres en Guatemala constituyen los delitos más denunciados en el Ministerio Público del país y aunque se carece de un dato unificado que procese los registros de este tipo de violencia en las distintas entidades del sistema de seguridad y justicia, las estadísticas del organismo son las que permiten un acercamiento bastante certero.

Entre 2014 y 2019 se recibieron 402.941 denuncias por algunas de las formas de violencia contempladas en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (física, psicológica, sexual y económica). En los mismos años el Observatorio del Grupo Guatemalteco de Mujeres registró, con base en los datos que arroja el reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), 4.206 muertes violentas de mujeres. 

Crímenes en confinamiento

La violencia contra las mujeres sigue arrojando datos desalentadores en Guatemala. La información del Ministerio Público evidencia que desde el 1 de enero al 18 de mayo se produjeron 165 homicidios (dar muerte a una persona por cualquier medio) y 53 asesinatos (homicidio agravado o calificado) contra mujeres, así como 75 femicidios. Del número 29 se cometieron en el contexto de la emergencia por el COVID-19. Sumados a otros delitos en contra de ellas (como lesiones, agresiones, secuestros y atentados) se contabilizan 3.906 actos violentos contra la mujer.

Con respecto a las muertes violentas el Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos, una organización de la sociedad civil que analiza los datos diarios del INACIF, determinó que hasta finales de abril cumplidos los primeros cien días del gobierno actual, la violencia homicida (sin desagregar el dato por sexo) había disminuido 43%.

Sin embargo, esta reducción fue insuficiente para detener el horror sobre las víctimas de violencia, en especial niñas y adolescentes. Antes y durante del confinamiento Guatemala fue un claro ejemplo de cómo este problema ataca desde la infancia. 

Datos del Observatorio de la Niñez de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI─ evidencian que entre enero y junio de 2020 fueron asesinadas en el país 54 niñas. Entre ellas 24 por arma de fuego, 18 ahorcadas, seis asesinadas por arma blanca; tres niñas decapitadas y otras tres estranguladas. La cifra deja en evidencia, de forma irrefutable, de qué manera la violencia contra las mujeres atraviesa todo su ciclo de vida.

Por su frecuencia y cotidianidad estos delitos están ausentes en la prioridad de la agenda mediática del país; sin embargo, el domingo 12 de abril volvió a ser noticia cuando el presidente de la República, Alejandro Giammattei, llamó la atención en una de las intervenciones que periódicamente realiza en cadena nacional sobre el problema de “la violencia intrafamiliar”.

Giammattei enfatizó en su discurso que las mujeres contaban con el número de teléfono 1572 para denunciar y las animó a hacerlo para que se les pudiera brindar protección. En los cien días transcurridos desde el inicio de la cuarentena dicho número, según declaraciones públicas de la Secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia de Cáceres, recibió más de 50 mil llamadas, aunque cabe aclarar que no todas fueron para reportar denuncias de violencia. Una vez atendida la denuncia es la Policía Nacional Civil la que llega en auxilio de la mujer y sus hijos e hijas.

Servicios dejan por fuera a comunidades indígenas

El servicio 1572 resulta, sin embargo, precario si se toma en cuenta la información aportada a inicios de mayo por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El organismo informó que “la Defensoría de la Mujer realizó durante el 5 y 6 de mayo de 2020 más de 16 llamadas a dicho número y en ninguna ocasión hubo atención de las autoridades, situación que lleva a inferir que es insuficiente el personal destinado para asistir las llamadas de las víctimas o que el 1572 no está funcionando correctamente”.

La línea tiene otra debilidad. Presta servicios solo en algunos de los idiomas mayas que se hablan en el país, lo que deja sin posibilidad de comunicarse y denunciar a quienes hablan en los restantes, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, más el xinca, el garífuna (otras comunidades lingüísticas) y el español.

Esta parte de la población tampoco fue tomada en cuenta en la aplicación digital del botón de pánico, otro de los servicios a disposición de las mujeres para denunciar violencia. La aplicación fue descargada por doscientas usuarias en aproximadamente dos meses, pero de acuerdo con las apreciaciones de Paula Barrios, abogada y directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, sigue sin atender a las mujeres que se les imposibiliita leer o escribir, debido a que la aplicación solicita que se aporte cierta información.

Por lo que sin instrucción o sin los conocimientos para manejar herramientas digitales, el camino es más cuesta arriba para las víctimas provenientes de comunidades rurales o indígenas, pues se les dificultan el acceso a la justicia y a los servicios esenciales de atención. Esta medida tampoco responde a las necesidades de mujeres empobrecidas que carecen de un aparato telefónico o viven en lugares alejados sin acceso a energía eléctrica e internet.

Las denuncias pueden hacerse llegar al número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil, aunque este no es exclusivo para este tipo de delitos y la institución tampoco tiene servicios especializados para atender este problema.

Más allá de este panorama y de una campaña de comunicación, a través de redes sociales para concientizar a la población sobre el problema de la violencia contra la mujer, se evidencia la falta de otras estrategias y acciones para resolver los impactos específicos de la pandemia en las niñas, adolescentes y mujeres, apuntó la abogado Paula Barrios.

Aumento de denuncias  

En las declaraciones públicas realizadas por Lucrecia de Cáceres, dos días después que el presidente Giammattei hiciera referencia a la violencia el martes 14 de abril explicó que el mandatario tuvo que hacer visible el problema, debido a que en las fiscalías específicas de atención a mujeres víctimas de violencia se habían alertado sobre el descenso en el número de denuncias. Desde el 15 y hasta el 31 de marzo de 2020, de las 155 solicitudes diarias que solían recibirse, la cantidad se redujo a un poco más de 30. 

De acuerdo con De Cáceres esta reducción para nada refleja la disminución de la violencia en Guatemala. Por el contrario, es una muestra del aumento del terror que viven las mujeres y que en el aislamiento obligatorio sumó otros problemas para las víctimas: la falta de transporte público y el toque de queda.

Luego de haber detectado la brecha se impulsó una campaña para incentivar la denuncia por medio de un número telefónico. El efecto inmediato fue el aumento de las denuncias a un promedio de 114 diarias en abril y 147 en la primera quincena de mayo.

La mayoría fueron por violencia psicológica, seguida de la física, sexual y económica. Resulta importante enfatizar que entre el 1 de marzo y el 18 de mayo (meses de cuarentena) se produjeron 885 casos de violación, un promedio de 11 casos diarios, lo cual vuelve a poner en evidencia que el espacio privado es el menos seguro para las mujeres.

Otro dato que permite evidenciar la gravedad del problema lo aporta el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR) que determinó que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 1.962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad que, de acuerdo con lo que establece el marco legal del país, son considerados como fruto de una violación.

COVID-19 fue la prioridad

Las víctimas de violencia machista debieron enfrentar otros obtáculos. En confinamiento el Estado priorizó la atención de la COVID-19 por encima de otros problemas urgentes para la población. Esto invisibilizó la atención hacia la otra pandemia: la que sigue matando a las mujeres.

Entre las medidas se anticipó el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS─ con una partida adicional de fondos que permitió organizar cinco hospitales temporales en distintos departamentos del país (Parque de la Industria en la ciudad capital, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y Escuintla) y la habilitación de uno más en Villa Nueva, municipio del departamento de Guatemala, que recientemente se había creado como hospital de especialidades y a raíz de la emergencia se reorientó para la atención de personas contagiadas de COVID-19. 

Transcurridos dos meses desde su creación dicho Ministerio solo había utilizado 0.81% de la partida presupuestaria asignada, poniendo en evidencia la escasa capacidad de ejecución en un momento tan acuciante. 

Esta situación provocó diversas denuncias del personal médico por la ausencia de equipamiento, insumos necesarios y hasta la falta de cobro de sus salarios. Tanto que el ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Hugo Monroy, fue destituido el 19 de junio de 2020.

También prevalecieron medidas orientadas a conculcar derechos ciudadanos. El 21 de marzo se aplicó el toque de queda para personas y vehículos desde las 16:00 hasta las 4:00 horas. Además se cerraron las fronteras, se suspendieron clases y actividades laborales en algunas áreas productivas. Se impidió la apertura de locales comerciales y se restringió el transporte público, así como la movilidad dentro y fuera de los departamentos, medida que posteriormente se flexibilizó, aunque se mantuvo entre algunos sectores.

Para la directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo las medidas asumidas para atender el tema de la violencia, además de ser escasas, complicaron aún más la posibilidad de denunciar los casos ante la falta servicio de transporte público para movilizarse y sin otra forma de denuncia más que números telefónicos.

Así, las mujeres que carecían de un teléfono y se encontraban con los potenciales agresores en casa las 24 horas, padecieron un aumento del asedio y control que les impidió la búsqueda de ayuda, según observaron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres durante el confinamiento.

Sandra Morán, diputada de la octava legislatura (2016-2020) explicó que otro de los puntos que tampoco se contempló en las medidas asumidas por el gobierno es que, con el toque de queda de 16:00 a 4:00 am, las mujeres quedaron aún más a expensas al control de sus agresores sin poder salir de sus domicilios.

Planes excluyen al sector informal

Para tratar de paliar las dificultades económicas que atraviesan las personas en el contexto de la emergencia sanitaria mundial, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas de apoyo a la economía familiar como el subsidio a la energía eléctrica, bonos de apoyo familiar y a personas trabajadoras que hayan sido despedidas en el marco de la pandemia, así como diferimiento de pagos por créditos bancarios y a entidades educativas, entre otras ayudas.

Sin embargo, ninguno de estos planes tomó en cuenta las condiciones específicas de las mujeres. Por ejemplo, sólo 41% de la población femenina tiene un empleo y entre quienes trabajan solo tres de cada diez tienen un contrato laboral, es decir que la mayoría se emplean en condiciones de informalidad y precariedad, por lo tanto nunca podrán acceder al fondo de protección del empleo, porque este se creó para las personas que están empleadas en el sector formal y fueron despedidas.

Las medidas que dejaron por fuera a esta parte de la población y fueron llevadas a cabo por las entidades de gobierno, con respecto a los impactos diferenciados por género, contravienen lo recomendado por diversos mecanismos internacionales como ONU Mujeres, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo Regional para la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que establecen, entre otras cuestiones, que los Estados deben atender los múltiples factores de discriminación que exacerban la vulnerabilidad de mujeres en este contexto.

Audiencias quedaron para 2021

La situación de violencia contra la mujer en Guatemala se complejiza aún más porque las fiscalías departamentales de la mujer del Ministerio Público atienden a puertas cerradas y por turnos, mientras que los Juzgados están saturados.

La Corte Suprema de Justicia suspendió el 17 de marzo todas las labores que consideró poco urgentes y la mayoría desarrolla sus labores, de forma parcial, debido a las medidas de distanciamiento y prevención determinadas por los protocolos sanitarios.

El abogado penalista en derechos humanos de las mujeres, Esteban Celada Flores, explicó que “los juzgados de turno nunca dejaron de funcionar y pocos días después de que empezara el estado de calamidad, el organismo Judicial activó a todos los Juzgados de Primera Instancia Penal para que conocieran cuestiones constitucionales u otras urgentes”. Sin embargo, estos trabajan por turnos y horarios especiales, lo que sumado “a las suspensiones de audiencias porque las partes no llegan, ha aumentado la mora judicial, pues en efecto cuando las suspenden dejan las audiencias para el próximo año, en 2021, o en el peor de los casos para más adelante”, explicó.

De la misma manera, los albergues que el Estado gestiona para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia han limitado la atención siguiendo las recomendaciones sanitarias. 

Tampoco se conoce a cabalidad, a la fecha, cuántas de las tres Alertas Isabel Claudina que se activan diariamente por desaparición de mujeres están vinculadas con casos donde ellas deciden huir de la violencia en sus hogares o cuántos de los 17 suicidios de mujeres ocurridos desde marzo a inicios de junio fueron decisiones desesperadas de mujeres que se quedaron sin salidas a dicho flagelo. 

Estrategias se quedan cortas

Transcurridos más de tres meses de iniciada la emergencia nacional, se evidencia la falta de medidas específicas para resolver estos problemas. Entre las numerosas falencias que se encuentran las fuentes consultadas coinciden en señalar que falta el enfoque de género y la pertinencia étnica para decidir acciones en el Ejecutivo, pues el personal en la administración pública es insuficiente para atender la emergencia. Asimismo, la investigación de los casos es demasiado lenta tomando en cuenta la gravedad de la situación y la cantidad de denuncias que se acumulan en el organismo judicial, ralentiza aún más el acceso a la justicia.

Paula Barrios considera que las mujeres están ante “una situación muy complicada y un retroceso en los derechos de las mujeres”. Atribuye el empeoramiento de la situación a la visión política conservadora del gobierno actual “que ni siquiera reconoce el problema y nos hace desandar camino terriblemente porque invisibiliza y minimiza la violencia contra las mujeres”. Argumenta que el Ejecutivo solo habla de violencia intrafamiliar, excluyendo la violencia en contra de las mujeres, pero tampoco permite que las instituciones específicas les asesoren.

Con su posición coincide Sandra Morán, quien enfatizó que “el andamiaje que se había logrado construir en el Estado se está desmantelando”.

“Se están debilitando tanto la institucionalidad como la paz de las mujeres y eso pone en peor situación a unas instituciones que ya eran débiles y que con la pandemia se están debilitando más aún”.

Signo de dicho debilitamiento, según las fuentes citadas y numerosas organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado, fue la decisión del presidente de la República, hecha pública el 29 de mayo de 2020, de cerrar de forma permanente la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).

La institución fue creada hace 20 años y es la que se ha encargado hasta la fecha del avance de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Además de planificar y promover la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, el Plan de equidad de Oportunidades y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI).

El argumento es que su creación es inconstitucional porque fue hecha por un acuerdo gubernativo y no legislativo como, según afirma el mandatario, está establecido en la Constitución Política de la República.

Las mujeres organizadas han tratado de cambiar dicha decisión y han demostrado que la posición del Ejecutivo es errónea, pero no han sido escuchadas. En las últimas declaraciones el presidente explicó sobre este tema que, tras el cierre de la secretaría, se creará una Comisión Presidencial de la Mujer. Sin embargo, aún se desconoce qué mandato tendrá y cuándo comenzará a funcionar.

Diversas abogadas y activistas de derechos de las mujeres manifestaron, mediante una carta abierta dirigida al mandatario el 11 de junio, que la creación de dicha comisión constituye una “grave violación a los instrumentos nacionales e internacionales (…) la ley le obliga a fortalecer la SEPREM y no a suprimirla, tomando en cuenta que ningún derecho es regresivo”, reza el documento.

Lo importante es buscar apoyo

Entre las medidas más esenciales para tomar en cuenta si estás siendo víctima de violencia o si conoces a alguien que lo esté viviendo, es tener a la mano los números telefónicos a los cuáles puedas comunicarte en una emergencia e incluso preparar una cadena de números de personas de tu confianza a las cuales puedas acudir en caso de que sea necesario.

Además, puedes acordar con algunas de esas personas una señal de alarma o en qué lugares reunirse si tienes que salir huyendo de donde estás.

Para esos casos es recomendable tener siempre preparados los documentos de identidad, también de los hijos e hijas (en caso de haber) e incluso tener una copia de los mismos en un correo electrónico.

Si tú vives cerca de un hogar donde se violenta a una mujer o sus hijos e hijas es importante no permanecer indiferente. Por el contrario, alerte a las autoridades, ofrezca refugio, haga llegar los números telefónicos, motive a la denuncia. Hablar puede salvar más de una vida.

ONG a donde puedes acudir

El Grupo Guatemalteco de Mujeres, organización de la sociedad civil nacida en 1988, lleva adelante los Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia ─CAIMUS─ donde se están brindando servicios de asistencia legal y psicológica. Funcionan de forma parcial para respetar los lineamientos que se han solicitado para evitar una mayor propagación de la COVID-19. Si se necesita este tipo de apoyo es recomendable comunicarse previamente a los teléfonos respectivos para coordinar la cita.

Existen también otras ONG de la sociedad civil que igualmente brindan ayuda como la Fundación Sobrevivientes, una organización especializada en litigio estratégico que brinda atención a mujeres, niñez y adolescencia, víctimas de violencia física, psicológica, sexual, femicidio y trata de personas.

En el marco de la pandemia han readecuado la atención telefónicamente. A través de una cita se puede obtener asesoría y acompañamiento jurídico, así como apoyo terapéutico.

Asimismo, se encuentra Mujeres Transformando el Mundo, organización que brinda un servicio integral a las víctimas y sobrevivientes propiciando el acceso a la justicia penal para niñas, adolescentes y mujeres. En el contexto de la pandemia la institución realizó diversas acciones de comunicación en distintos idiomas para alentar la denuncia y el acceso a la justicia. Atienden con cita previa.

Servicios de atención estatales

En cuanto a los servicios de atención que brinda el Estado se cuentan con dos números telefónicos 1572 y el 110 de la Policía Nacional Civil. Atienden las 24 horas durante todos los días de la semana.

Paralelamente, existe el Modelo de Atención Integral ─MAI─ del Ministerio Público que atiende las 24 horas a mujeres víctimas de violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, Alerta Alba Keneth y víctimas de trata.

En ese modelo las mujeres reciben atención legal y psicológica, el personal trabaja por turnos y cuentan con auxiliares fiscales, una trabajadora social y una psicóloga. Además, si se necesitan medidas de seguridad para proteger la integridad de la mujer y sus hijos e hijas desde el MAI se coordina con el Organismo Judicial para solicitarlas y con la Policía Nacional Civil –PNC─ para que se desplieguen las medidas de seguridad perimetrales.

Recuerde que puede activar también la aplicación para teléfonos celulares “botón de pánico” que está vinculada al Ministerio Público; llamar a la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos o ponerse en contacto con alguna organización de mujeres de la sociedad civil. Lo importante es buscar apoyo.

Deuda histórica

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), el movimiento de mujeres y feministas en el país  unieron fuerzas para dar origen a una inmensa red de organizaciones en todo el territorio nacional. La violencia contra las mujeres ha sido una de las demandas por las que más se ha trabajado, mediante el impulso de leyes, planes y políticas que aborden el problema. Sin embargo, su existencia ha sido insuficiente para resolver el enorme reto de erradicar las violencias de este tipo, tal como lo evidencian la alta cantidad de denuncias que año tras año ingresan al Ministerio Público.

Por ese motivo, diversas organizaciones de mujeres concentran sus líneas de acción en la atención directa de casos y en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia para hacer efectivo el “No estás sola” que se ha colocado en el centro de la agenda en los últimos años. 

En esa línea cabe señalar a organizaciones tales como el Grupo Guatemalteco de Mujeres y la Fundación Sobrevivientes y Mujeres Transformando el Mundo, ubicadas en la ciudad capital, así como otras organizaciones surgidas en los departamentos, entre las que pueden mencionarse la Asociación Ixqik en Petén y el Grupo de Mujeres Sanjuaneras en San Juan Sacatepéquez, entre otras. Todas ofrecen sus servicios de forma gratuita.