Ecuador

Autor: Zurya Escamilla | Yasmina Yeril Hera | Con colaboración de Jefferson Díaz 
Ilustración: Grecia Nexans
Infografía: Grecia Nexans

Madres violentadas en confinamiento

Sin saber una de la otra dos mujeres inmigrantes comparten la experiencia de vivir episodios de violencia que se exacerbaron durante la cuarentena. Ser extranjeras las ha hecho más vulnerables ante los abusos de sus parejas y excónyuges, respectivamente

Refugios colapsaron ante solicitudes de auxilio

La disminución de denuncias sobre violencia de género muestra la imposibilidad que tuvieron las víctimas de acceder a la justicia durante la etapa de aislamiento, reconocen autoridades ecuatorianas. Alrededor 18 de mujeres fueron víctimas de feminicidio en los primeros 76 días de confinamiento 

Quito – Hacia la primera quincena del mes de abril de 2020 Ecuador entraba en una grave crisis sanitaria derivada del nuevo coronavirus, debido a las 6.700 muertes registradas en esos primeros días del mes tan solo en la provincia de Guayas en la región litoral del país, ubicada al suroeste, que regularmente registra en promedio casi 1.000 decesos en un periodo similar sin pandemia, según cifras de defunciones de la Dirección General del Registro Civil.

Las muertes en su mayoría asociadas a la COVID-19 opacaron los 18 feminicidios ocurridos desde que se decretó el estado de excepción, entre el 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, refiere Nadya Donosa, gestora de comunicación del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) en Guayaquil. La mayor parte de ellos ocurrieron justamente en Guayas, cuya capital es la ciudad de Guayaquil. 

Tan solo en 60 días de confinamiento se contabilizaron 11 de esos feminicidios. Mientras que entre marzo y hasta el 5 de mayo de 2019 la cifra fue de 29 feminicidios, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, quien junto a otras organizaciones forma parte de la alianza para el monitoreo y mapeo de los feminicidios en Ecuador. Los datos también indican que 86% de los asesinatos fueron cometidos por alguien relacionado con el entorno de la víctima: familiares, pareja, expareja o pretendiente.

Con el antecedente de 60.6% de las mujeres ecuatorianas que refieren haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, el estado de excepción decretado para evitar la propagación de la COVID-19 colocó en riesgo a mujeres, niñas y niños al dejar por fuera la posibilidad de brindarles atención especial a quienes pudieran padecer agresiones en la etapa de cuarentena, expresó la abogada Jessica Jaramillo, presidenta de la fundación que lleva su nombre.

Con el aislamiento los obstáculos para pedir ayuda y denunciar crecieron a la par de que se reducían las denuncias. De tal manera, que se podía pensar que la violencia contra la mujer disminuía, porque el número de delitos que se registraba era menor a años o meses anteriores. Cifras que a su vez no mostraban a las víctimas de maltrato psicológico, sexual y físico que, junto a sus hijos e hijas, están en un riesgo latente dentro de sus hogares.

En esta contingencia se han hecho evidentes las limitaciones en los sistemas de emergencia para atender “la otra pandemia”, la de la violencia contra las mujeres como la ha llamado la Organización de Naciones Unidas (ONU). Mientras los obstáculos se agravaron para las víctimas, el gobierno de Ecuador ha realizado adecuaciones presupuestarias para hacer frente a la coyuntura política, económica y social producto de la COVID-19, ajustes que a su vez excluyeron medidas especiales para asistir a víctimas.  

Así lo pudieron observar organizaciones como la Fundación de Atención y Protección de los Derechos Humanos “Surkuna” y “Vivas nos queremos” al evaluar la saturación de la línea ECU 911, el Servicio Integrado de Seguridad para reportar emergencias en el país. A esto se añade la “falta de diligencia de la policía” para atender las denuncias, refirió su vocera y representante, Mayra Tirira.

La activista recalca que la ausencia de cifras reales durante el confinamiento no implica una disminución real de la violencia, “lo que significa es que las víctimas no pueden denunciar porque tienen cerca a su agresor y tienen miedo a contagiarse. Es una serie de factores que intervienen en la situación como la falta de movilidad que se dio durante la aplicación de medidas sanitarias implementadas por el gobierno”.

Los refugios colapsados en esta etapa son testigos del problema. Con solo seis casas de acogida llevadas por el gobierno en todo el país, en lugares como Lago Agrio por ejemplo, tuvieron que habilitar nuevos espacios para recibir a mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual, indican las organizaciones defensoras de los derechos a la mujer.

Desconcierto por registros a la baja

La Secretaría de Derechos Humanos reportó una disminución de 88 % en violencia de género y de 80% en los delitos sexuales, pero también se suma a las voces de quienes rechazan que la baja de las cifras en comparación a otros años, implique una disminución real de la violencia.

En tanto que la información de la línea de emergencia integrada ECU 911 contabiliza 8.196 llamadas en marzo, 7.022 llamadas de abril y 10.036 en mayo. Esto significa que en promedio las solicitudes de ayuda fueron de 274 llamadas diarias, a diferencia de las 345 que se atendían a diario antes de la cuarentena.

Por ejemplo durante el confinamiento, del 12 de marzo y hasta el 31 de mayo, ECU 911 sumó 21.731 atenciones de emergencia, mientras que para el mismo periodo del año previo fueron 28.367, es decir, en 2020 hubo un 23% menos, según Juan Zapata, director de esa línea de emergencia.

El funcionario destacó que han atendido 3.781 casos de violencia física, 17.911 de tipo psicológico y 39 más por delitos sexuales. Cada caso atendido por profesionales y evaluado por las instituciones del gobierno, según corresponda.

Las víctimas utilizan mayormente el teléfono celular para comunicarse con la central de emergencias, informó Zapata. Alrededor de 87.69 % de las alertas de violencia en cuarentena se recibieron a través del servicio de comunicación.

Los datos de la Fiscalía General del Estado dan cuenta de una disminución de 89 % en delitos contra mujeres por razones de género, cifra que aterra a la misma Fiscalía. La institución ve con preocupación los impedimentos que tienen las víctimas para denunciar su caso, en especial niñas y adolescentes, bajo la vigilancia de los agresores: de 664 denuncias por violencia de género recibidas a la semana antes del confinamiento, hoy se cuentan 76. Con los delitos sexuales ocurre de igual manera. El promedio de casos semanales ha pasado de 357 a 62.

La abogada Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, explicó que la imprevista reducción en los casos de violencia llevó al organismo a crear un formulario digital para que la mujer pueda denunciar, con el objetivo de facilitarle el procedimiento. El documento puede ser llenado tanto por la víctima como por terceros.

Con este conocimiento también se han promovido los 203 centros de atención primaria de salud para los casos de víctimas de violencia en el país, según Francisco Solórzano, viceministro de gobernanza del Ministerio de la Salud. Por su parte, Solanda Goyes, representante del Consejo de la Judicatura, agrega que hay 250 puntos de atención para los casos de flagrancia a nivel nacional.

Violencia contra menores

La situación de niñas, niños y adolescentes es preocupante para el Consejo de Protección de Derechos de Quito. Datos del organismo indican que cuatro de cada 10 menores sufren maltrato extremo y que cerca de 1.415.000 enfrentan problemas de alimentación que regularmente atienden las escuelas, indica Sybel Martínez, vicepresidenta de este organismo.

Históricamente Ecuador ha tenido que lidiar con la violencia sexual contra menores que afecta a siete niñas por cada 10 casos. Los registros documentan 40 niñas menores de 14 años que dan a luz cada semana resultado de un incesto, lo que implica un foco rojo en los hogares, indican autoridades y ONG.

En este periodo las organizaciones de la sociedad civil registran 21 casos de abuso sexual infantil. Además de siete muertes violentas de niñas, niños y adolescentes a manos de las personas allegadas a ellos y 10 suicidios. Se contabilizan 41 casos de niñas y adolescentes mujeres que han sido brutalmente asesinadas en los primeros cinco meses de 2020, según el registro del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM.

Números que ocultan la verdad

A pesar de que las cifras oficiales del gobierno ecuatoriano dan cuenta de una disminución en la violencia machista en confinamiento,  tanto las autoridades como las organizaciones no gubernamentales reconocen que detrás de los números hay un problema desolador que se vive en los hogares.

Uno de los grupos más vulnerados son las niñas y adolescentes que padecieron golpes, abusos sexuales, hambre e incluso perdieron la vida a manos de quienes debían amarlas y protegerlas.

Pese a este escenario no todo está perdido. Ecuador cuenta con un marco jurídico que garantiza los derechos de las mujeres. Asimismo, promueve la no discriminación por razones de género, así lo reconocen las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No obstante, advierten que esto ha sido insuficiente para responder a un problema que se mantiene en la intimidad del hogar y que difícilmente puede ser atendido si no hay denuncia.

Sobre esto Nepomuceno Nardi, oficial asociado de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), detalla que se han mantenido las líneas abiertas para atender a las víctimas ante el impacto que la COVID-19 puede tener en la dinámica de las relaciones familiares, obligadas a permanecer en aislamiento obligatorio. La prestación del servicio telefónico cuenta con la incorporación de un gran número de profesionales que dan asistencia a las solicitudes de apoyo en casos de violencia. También para quienes requieran suplir necesidades básicas como el alimento. Ambos se siguen incrementando en tiempos de confinamiento mundial.

Crear señales de alarma puede salvar a las víctimas

En Ecuador una de las principales preocupaciones sobre la violencia contra mujeres en este confinamiento ha sido la falta de denuncia. Es importante saber que el proceso puede en ocasiones ser lento, difícil y requiere acompañamiento. No obstante, es fundamental vencer el miedo porque es uno de los primeros pasos para detener situaciones de maltrato que puedan escalar en un escenario peor.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres recomiendan a las víctimas crear y mantener una red de apoyo (a través de la familia, amigos y vecinos), a quienes se les pueda informar sobre cualquier situación de violencia de preferencia mediante señales de alarma, previamente acordadas para no exponerse.

La mujer violentada debe tener a la mano los números y canales de emergencia para poder denunciar y pedir apoyo, además de un bolso de mano donde tenga documentos de identificación y lo necesario para salir de casa.

A los hijos es necesario enseñarles a identificar esas situaciones de violencia y a llamar a los servicios de emergencia en caso de que se registre algún episodio, recomendó Juan Zapata, director de la línea de emergencia integrada ECU 911.

Esta línea, agregó, es un servicio integral de atención a través del que pueden recibir asesoría o ser canalizadas a una institución de seguridad o salud como la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, Judicatura, entre otros.

También se recomienda hacer todo el ruido posible durante la agresión para alertar a los vecinos. llevar un registro de objetos y acontecimientos que puedan ser usados como pruebas sobre lo que ha ocurrido como por ejemplo fotos o cualquier elemento que sirva de evidencia.

Las ONG resaltan la importancia de que la mujer busque ayuda psicológica y legal como parte de los primeros pasos para sobrevivir a un episodio de violencia que puede estar padeciendo. Al fortalecer su autoestima puede aprender a impedir los maltratos. Apoyarse en organizaciones con conocimientos en el tema también es un gran aliado.

Los familiares y amigos tienen el reto de trabajar y ayudar a fortalecer la confianza de la mujer, hacerle saber que no es culpable de la violencia, que no está sola, que tiene opciones para salir de ese círculo y que sí es posible recuperar el control de su vida se lee en el documento “Normas y protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida”, publicado por el Ministerio de Salud Pública en 2009.

Las autoridades recalcan que si acaban de ser víctimas de agresión física o sexual, las mujeres deben ir a uno de los 203 centros de atención primaria de salud para víctimas de violencia o a las unidades de salud, de preferencia acompañadas por alguna persona de su confianza.

La batalla por recuperar a su hijo

El pánico envolvió a Jéssica[*]. Aunque la discusión con su pareja y la familia de él, una vez más le había descompuesto el ánimo, lo que realmente la atemorizó fue la ausencia de su hijo de dos meses de edad, a quien no encontró en la cuna. El pequeño había desaparecido apenas unos minutos después de que ella fuera a lavarse la cara, producto del altercado que había tenido con Arturo, el padre del niño y su pareja.

Corría la última semana del mes de abril. Hacía más de un mes que el gobierno ecuatoriano había anunciado el primer decreto ejecutivo que daba inicio también al primer estado de excepción para prevenir la propagación del COVID-19. Ese viernes en la mañana los conflictos que ya tenía con los familiares de su pareja, a quien llamaremos Arturo, se avivaron por teléfono con la madre de él.

“Ya teníamos muchas discusiones porque ellos no me aceptaban desde que quedé embarazada. Siempre me ofendían por ser venezolana, veneca, me decían, o que las venezolanas somos prostitutas o ladronas y ante cualquier situación o problema que había en la familia querían involucrarme (..) ya estaba cansada de tantas humillaciones (...) ese día exploté y también la insulté cuando ella me ofendió (…) tampoco soy una boba”, relató.

La respuesta de Jéssica ante los insultos de la madre de Arturo, entre los que se incluyeron ataques xenófobos, lo molestaron tanto a él que en el reclamo le lanzó platos y otros utensilios al piso, además de empujarla y halar sus cabellos. Solo se detuvo cuando ella empezó a defenderse y a regresarle los platos.

“Estaba obstinada. Hasta la persona más cuerda llega a su límite. Él me gritaba que era una loca, pero yo estaba cansada de las humillaciones”, relató.

La discusión con él le causó sangrado por la nariz y un hormigueo en el cuerpo, tal como le había ocurrido en el pasado cuando se le subía la tensión en pleno embarazo, recordó.

Jéssica de 27 años de edad quedó sufriendo de hipertensión, tras vivir un embarazo de alto riesgo. Los últimos meses de gestación los pasó en un refugio, debido a que fue desalojada por no pagar la renta que Arturo había prometido cancelar en aquella oportunidad antes de que los continuos conflictos familiares, los llevaron a separarse hasta darse una oportunidad de nuevo.

Pero ese viernes en la mañana del mes de abril Jéssica se arrepintió de haber regresado con él. La mujer fue a la ducha para tratar de calmarse por el pleito, pero al salir del baño se consiguió con la sorpresa de que su bebé, a quien había dejado en la cuna, ya no estaba. Tampoco su pareja ni sus documentos de identidad. Arturo se los había llevado junto a la pañalera.

Desesperada caminó las 12 cuadras que la llevaron hasta la casa de la mamá de él para buscarlo y pedirle que le devolvieran a su hijo y sus documentos, pero al llegar recibió ofensas y la negativa de la familia de entregarle el niño.

“Lloré desesperada en la puerta de la casa, imploraba que me lo devolvieran, es mi hijo cómo me lo iban a quitar”, les decía. Pero solo se quedó con un portazo en la cara, sin nadie que la apoyara.

“Me gritaban que estaba loca, drogada para que los vecinos escucharan y como no tengo papeles amenazaban con llamar a migración”, contó entre lágrimas.

Cuando Jéssica emigró a Ecuador en 2018 tenía 25 años y una de las primeras personas que conoció fue al actual padre de su hijo, de 36. Ambos trabajaban en el sector automotriz. Al poco tiempo se enamoraron y ella quedó embarazada. Aunque en un principio la aceptaron cuando la familia supo que esperaba un bebé, la relación se hizo tormentosa entre ellos, aseguró la mujer. A tal punto que a los cuatro meses de embarazo Arturo decidió dejarla, pese a la promesa de que a ella y al bebé no les faltaría nada.

Sin trabajo y sin dinero terminó en un refugio que aloja a inmigrantes en condiciones de pobreza extrema y con ocho meses de embarazo, luego de que el dueño del arriendo donde vivía botó sus pertenencias a la calle por retrasos en el pago. Las tensiones que vivió desde el embarazo y los continuos conflictos le pasaron factura a la salud de ella y del bebé, quien nació en condiciones críticas.

El día que dio a luz Arturo y su madre, quien en el pasado le había dicho que "ese hijo no era de él" y que se embarazó para "obtener los papeles", le ofrecieron disculpas y le pidieron que se fuera a vivir con ellos. Cuando lo hizo descubrió que la familia tenía fuertes antecedentes de violencia doméstica, en especial por parte del hijo mayor y hermano de Arturo, quien de manera frecuente agrede físicamente a la madre. El hombre también tiene antecedentes de agredir a su expareja, a quien le había arrebatado a sus hijos en una situación similar como la que ahora ella vivía.

“Esa fue la peor decisión que pude haber tomado, nunca debí regresar con ellos”, se dijo a sí misma ahora que recordaba el pasado frente a la casa, mientras gritaba y pateaba sin cesar el portón y exigía que le regresaran a su hijo.

“No me importó siquiera que su hermano me pegara para quitarme del portón, yo no me iba ir de allí hasta que me dieran a mi hijo”, agregó.

Jéssica reconoce que entró en desesperación a medida que pasaban las horas. Vecinos del lugar intentaban calmarla y en apoyo le dijeron que llamarían a la policía para ayudar.

Su sorpresa sería que la familia de su pareja también llamaría a oficiales de la zona. Policía que tiene estrechas relaciones con ellos, asevera, porque Arturo “es compadre del jefe de la policía y su hermana sale con un sargento”, denunció.

“Llegaron dos patrullas con cuatro policías y entraron a la casa. Luego al salir me dijeron: 'Señora si usted no se calma vamos a llamar a migración y detenerla por hacer un escándalo en la vía pública, en pleno toque de queda' (…) yo les dije que llamaran a migración (…) lo único que quería era que me devolvieran a mi hijo, ellos lo tienen y además me golpearon”, les dijo a los funcionarios en referencia a los puñetazos que recibió del hermano de su pareja en la cara y en la mano cuando pateaba el portón en reclamo por su hijo.

Jéssica recuerda que uno de los agentes la “vio llorando desesperada” y con disimulo le dijo que le facilitaría el número de una ONG “que ayuda a los venezolanos” y de la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes).

“Poco después llegó una funcionaria y los policías se fueron. Yo estaba tan alterada que de la rabia me desmayé (…) los vecinos llamaron a los bomberos, quienes me atendieron. Lo único que pudo tranquilizarme fue cuando caí en cuenta de que la funcionaria de la DINAPEN de verdad me iba a ayudar”.

Señora, aquí nadie le va a quitar su hijo, así usted no tenga papeles ese es su hijo y nadie se lo va a quitar (…) y acá no se acepta la xenofobia”, respondió la representante de DINAPEN mientras la madre de Arturo gritaba improperios desde la casa.

Y así fue, gracias a la mediación de la funcionaria la madre de Arturo tuvo que reconocer después de mucho negarlo que el pequeño sí estaba en su casa y que incluso en este tiempo su madre no lo pudo amamantar. Habían pasado ocho horas, desde las 9:00 de la mañana cuando se lo llevó Arturo hasta las 3:00 de la tarde, que finalmente lo recuperó.

En consecuencia, su pareja fue detenida por poco tiempo bajo el delito de violencia intrafamiliar por los hechos ocurridos en una vivienda del barrio San Miguel, en el sector Calderón (Panamericana Norte), ubicado en la ciudad de Quito.

Después de resistirse el hombre accedió a entregarle también sus documentos. De acuerdo con la boleta de auxilio y restricción emitida por el poder judicial, en el mes de mayo, Jéssica recibió una medida administrativa de protección inmediata que ordenó la restricción de Arturo tanto sobre ella como del niño y se le otorgó un dispositivo de alerta electrónico, más conocido como botón de pánico. La medida se dio tras la denuncia ventilada ante la Comisaría Nacional de la Policía, en la parroquia San Antonio de Pichincha, cantón Quito.

Lidiar con la xenofobia

Tras el episodio una ONG que atiende a venezolanos en Ecuador intentó conseguirle un albergue. Estaba previsto que se resguardara en la Casa de la Mujer, en Quito. No obstante, le exigieron verificar su condición de salud para asegurarse de que no tuviese coronavirus ante la emergencia sanitaria que afectaba el país, pero “no tenía los 180 dólares para hacerme una prueba de COVID-19, ni quién me los prestara”, como le exigían para recibirla. De no tener la prueba debía buscar un certificado de salud en los hospitales públicos, pero esa tampoco era la mejor opción ante el colapso provocado por la propagación del COVID-19 en Ecuador.

Así que acudió a un centro de salud junto al representante de la ONG que le dio acompañamiento. Sin embargo, la médico de turno la increpó y le dijo que ella "no recibía a venezolanos", rememora Jéssica. Cuando finalmente la especialista se vio obligada a atenderla, tras la advertencia de la ONG que le recordó que eso constituía un delito de xenofobia, la médica alegó que no podía otorgar el certificado porque no tenía autorización, así que no pudo entrar a la sede de la Casa de la Mujer, en Quito, como se había intentado prever, pues carecía del documento de salud.

Desde entonces han sido meses duros para Jéssica y su bebé. Ambos han pasado por tres albergues temporales antes de conseguir uno que tuviera las condiciones mínimas para poder estar tranquilos. Uno de ellos fue la Fundación Nuestro Jóvenes, una institución privada sin fines de lucro que trabaja con grupos de atención prioritaria. Finalmente, llegó a un refugio donde permanece aún mientras pasa la pandemia y puede reorganizar su vida alejada de Arturo, quien días después de lo ocurrido, la seguía acosando por mensaje.

Cuando las palabras hieren

En el caso de Andrea[*], otra víctima de violencia durante la cuarentena, la puesta en marcha del decreto de estado de excepción del 16 de marzo vino a ser un ingrediente más a un problema de violencia verbal y psicológica que ya venía arrastrando en silencio. Ella llegó proveniente de Venezuela a Ecuador en 2016, junto a su esposo Jesús y sus dos hijos, hoy de 14 y siete años de edad. La familia se estableció en la ciudad San Miguel de Ibarra, capital de la Provincia de Imbabura, a 114 kilómetros de Quito.

Cuenta que eran frecuentes los insultos y las humillaciones que él descargaba sobre ella. La situación se hizo tan insostenible en diciembre de 2019, que le advirtió que acudiría a la Policía Nacional con la intención de que el hombre abandonara la vivienda ante el maltrato que estaban percibiendo, pero él la amenazó. Le dijo que no se iría porque él pagaba el arriendo y los servicios.

Las tensiones en el hogar aumentaron. Esta vez las agresiones verbales apuntaban al hijo varón y mayor de Andrea, producto de su primera relación. Tanto así que los continuos atropellos la llevaron a denunciarlo, finalmente, ante las autoridades.

Poco después, el hombre perdió su trabajo casi inmediatamente que se publicaba el decreto de aislamiento obligatorio. Sin embargo, desde enero había dejado de pagar la renta de la casa sin avisarle a Andrea, quien lo supo a los tres meses, lo que puso en riesgo la estancia de todos en el hogar.

También dejó de aportar dinero para la comida y los servicios. Lo único que hacía era amedrentar, gritar, acosar y lastimarla a ella y a su hijo mayor, recuerda. El nivel de agresión psicológica y verbal se hizo tan hostil y peligroso en la convivencia que ella se vio obligada a volver a solicitar el apoyo de la policía, llamando al Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) para obligarlo a que en esta ocasión sí abandonara la vivienda.

Andrea recuerda el episodio con tristeza y vergüenza. porque su pareja mantuvo las ofensas y la actitud violenta incluso frente a la policía, quienes le advirtieron al hombre que si no se calmaba sería detenido. No obstante, el sentimiento que todavía la une a él fue más fuerte en ese momento y decidió no denunciarlo formalmente.

“Señora tiene todos los argumentos para denunciar a su esposo. Incluso con nosotros acá se atrevió a violentarla verbal y psicológicamente”, le advirtió el oficial de la policía.

Por su cabeza pasaba la idea de que en la cárcel Jesús sería maltratado. “No quiero tener cargo de conciencia con mi hija por haber metido a la cárcel a su padre”, comentó apenada.

Jesús no volvió a la casa. La pareja se encuentra separada actualmente. Los une además de su hija en común, la obligación de cumplir el contrato de arrendamiento. Ahora es ella quien sostiene el hogar. Tuvo que asumir el compromiso de los pagos pendientes que dejó su pareja para mantenerse en la vivienda. Y pese a la pandemia ha tenido que salir a trabajar, aseando viviendas o dedicarse a la venta en el comercio informal.

No obstante, el acoso y los insultos no han cesado. Jesús la llama constantemente con la excusa de hablar con la hija de ambos, pero antes de que Andrea los comunica, él aprovecha cada ocasión para insultarla.  

“Tú eres una mala madre, floja y en cualquier momento te voy a quitar la custodia”. Es el mensaje que le sigue diciendo, mientras los intercala con insultos. 

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de las víctimas.
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