Colombia

Autor: Jesenia Freitez Guedez | María José Martínez | Zurya Escamilla Díaz 
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

El maltrato fue un miembro permanente en las familias más vulnerables

El espiral de violencia que aún sufre Colombia atrapó a sus mujeres en la cuarentena y las dejó a merced de su agresor como ocurrió en todos los países del mundo. Esto no solo fue hacia la mujer, la violencia tocó de manera profunda a las familias 

Feminicidios y abusos sexuales, las verdaderas mascarillas que silenciaron a las mujeres en cuarentena

Más de 100 mujeres fueron asesinadas durante el periodo de aislamiento obligatorio, tiempo en el que aumentaron los pedidos de auxilio, a través de los servicios de ayuda para atender a las víctimas

El brutal ataque sexual colectivo cometido el 20 de junio de 2020 contra una niña de la etnia embera-chamí por parte de oficiales militares en el departamento de Risaralda, ubicado en el centro de Colombia, ha dejado una huella en un país que ve con terror el continuo incremento de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes y en especial, hacia los pueblos indígenas que han sido víctimas desde antes de la cuarentena y ahora tras el confinamiento.

Nada de esto es nuevo en Colombia y menos para las poblaciones más vulnerables en el país como las mujeres rurales, con discapacidad y sobrevivientes del conflicto armado, entre otras, quienes resultaron afectadas desde la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio.

Así, las mujeres trabajadoras de la salud, madres cabeza de hogar, migrantes, adultas mayores, población étnica y en situación de privación de la libertad fueron impactadas, en un primer momento, por la falta de acceso a la seguridad alimentaria, servicios básicos y tecnologías de la información. Pero lo peor estaba por venir.

Cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que entre los meses de enero y mayo de 2020 se practicaron 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual. Del número 6.479 fueron realizados a menores de edad. En contraste, datos de la organización Sisma Mujer revela que cada 21 minutos se registró una denuncia por delitos sexuales durante el confinamiento, un tiempo donde la vulnerabilidad fue mayor para las mujeres.

Uno de los más recientes casos fue también el ataque sexual reportado el 1ro de julio contra una pequeña de cuatro años en el municipio Garzón, en el suroriente del departamento del Huila. La víctima murió producto del impacto que le dejaron las heridas propinadas por el atacante, un hombre de 27 años. En lo que va de 2020, al menos siete niñas han sido víctimas de feminicidio en Colombia, según cifras de la organización Fundación Feminicidios.

En la cuarentena aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar, según datos del boletín Comportamiento de las Violencias en el marco de la pandemia en Colombia, elaborado por Sisma Mujer. El hogar y precisamente las personas más cercanas como abuelos, padres, hermanos, tíos y padrastros fueron los principales agresores de niñas y adolescentes, revelan las denuncias procesadas en fiscalía durante este periodo.

“Según reporte del Observatorio Colombiano para las Mujeres que coordina la Consejería Presidencial para la Mujer, el número de llamadas a la línea de atención 155 se incrementó durante esta cuarentena hasta 154%, con un incremento de 170% en casos por violencia intrafamiliar, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior (entre el 25 de marzo y el 14 de mayo), de lo que se puede inferir que muchos casos quedaron sin ser denunciados, situación que preocupa aún más bajo las actuales circunstancias”, informó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en comunicación enviada por email para esta investigación.

La violencia intrafamiliar experimentó un aumento de 36% al pasar de 41.794 llamadas en 2019, a 56.862 en 2020. Mientras que la violencia de pareja pasó de 900 llamadas a 2.869, es decir que se incrementó en 219%, según el número de llamadas registradas por la línea 123 en el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 24 de junio de 2020 y 2019, según muestra el Décimo cuarto boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica a mujeres en el contexto de medidas de aislamiento preventivo por el SARS-CoV-2 en Colombia, que emite la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

En este lapso de 93 días en 2020, bajo medidas de aislamiento preventivo, el número de llamadas a la línea 155 que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció en 5.037 llamadas, lo que representa un incremento de 150 %.

Lo sucedido en este periodo evidencia el dramático antecedente que ya tenía Colombia antes de la pandemia. Solo en 2019 una mujer era asesinada cada tres días por su pareja o expareja. Esto significó que, por lo menos, una mujer fue agredida cada 13 minutos y que cada 24 minutos otra también fue atacada sexualmente. Entre ellas niñas y adolescentes, quienes representaron 86 % del total de mujeres agredidas ese año, en especial de 10 y 14 años, las cuales destacan como la población más afectada. Seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años.

Más niñez en orfandad

El 12 de mayo Kelly Castaño, de 21 años, fue asesinada con un arma de fuego por su pareja. El hecho se registró en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca. Su muerte forma parte de una lista donde la impunidad amenaza casos como los de Daniela Domínguez, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una cancha de futbol, también en Cali.

Ellas son parte de los 50 feminicidios que se han registrado en Colombia desde el 20 de marzo hasta el 23 de junio de 2020. Los crímenes han dejado al menos 22 menores de edad huérfanos durante la cuarentena como los dos hijos de María Elena López, de 26 años, otra mujer asesinada el 12 de junio. Algunos de ellos incluso fueron asesinados junto a sus madres, tal como sucedió con Heidy Soriana, de 30 años y su pequeña, de cuatro, en Bogotá, la capital del país.

En lo que ha transcurrido de 2020 se contabilizan 116 feminicidios, según cifras de la Fundación Feminicidios Colombia, quien también reporta 26 intentos de feminicidios durante el aislamiento obligatorio, informaron en comunicación enviada para este reportaje. Sin embargo, las cifras cambian a medida que pasan las horas.

“El incremento en el número de llamadas a la línea de atención 155 y con ellas, los casos de mujeres que llegan al Instituto para ser valoradas en reconocimiento médico legal dan cuenta de que la cuarentena las expuso a situaciones de mayor riesgo para su vida e integridad”, comentó vía email el Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses para este reportaje.

Los datos de la Fundación Feminicidios Colombia contrastan con los reportados en 2019, desde el 10 de marzo y hasta el 24 de junio, cuando se registraron un total de 82 feminicidios.

“El observatorio ha hecho un llamado para que se decrete una emergencia nacional debido a la gran cantidad de casos, por ejemplo, solo entre el 16 marzo y el 16 de junio de este año se registraron 104 feminicidios en Colombia, de ellos 15 en una semana”, apuntó Gabriela Eraso Villota, miembro de la Corporación Humanas Colombia, Centro Regional de Derechos Humanos y de Justicia de Género.

Por su parte, el Observatorio de Feminicidios de Colombia, otra organización que contabiliza el número de muertes violentas de mujeres en el país, detalla que 37 de estos delitos se dieron en junio; 31 en mayo, 27 en abril y 18 en marzo, mientras la Fiscalía General de la Nación reconoce 19 mujeres víctimas de feminicidio durante el periodo de cuarentena, según informe de la organización Sisma Mujer.

“Cuando una mujer es asesinada la sociedad pierde en la medida que naturalizamos la violencia, sobre todo cuando se normaliza reportar estas situaciones como una estadística más que deja sorprender. Es un gran daño ético y moral para niños que se están quedando sin sus madres y para una sociedad que pierde a una mujer que pudo aportarle”, afirmó Diana Rodríguez Franco, secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Denuncias que se convirtieron en gritos de ayuda

Las voces de las víctimas se hicieron sentir en las llamadas a la línea 115 de la Policía Nacional, donde se estableció un protocolo para la atención de violencias de género en el país durante la cuarentena.

De acuerdo con Lina Fernanda Buchely Ibarra, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, la tendencia de las cifras hasta la fecha es que siguen mostrando un incremento alarmante en el número de las violencias registradas cada hora, principalmente las de tipo físicas, psicológicas y morales o económicas.

“El dato bruto es que han aumentado las denuncias por la Línea 155 en casi 200 % los casos de violencias basados en género. A diario, esa línea en 2019 recogía 50 quejas en promedio y este año durante cuarentena recoge 173 en promedio”, explicó.

El Décimo cuarto boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica a mujeres añade que entre el 25 de marzo y el 25 de junio el año 2019 se recibieron 4.830 llamadas, que en promedio significó 52 diarias. Mientras que, en el mismo periodo, en 2020 se han dado 11.245 (un promedio de 120 diarias), es decir que el número de llamadas aumentó 133 %, ya que escaló en 6.415 llamadas respecto a 2019, informó el documento oficial.

En relación con el sexo y edad de las víctimas de violencia, 52 % fueron niñas y adolescentes y 46 % niños y adolescentes. Ocho de cada 10 son menores de 13 años y pertenecen a ambos sexos, indican cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Centro de Contacto Línea 141).

Por otra parte, las jornadas de limpieza que exige la pandemia y el cierre de escuelas incrementó también la carga de trabajos no remunerados en los hogares, junto a los cuidados que forman parte de la rutina diaria de la mujer. Además de los que ya se les exigen cumplir en el plano laboral. Esto tuvo un efecto directo sobre sus condiciones físicas, económicas y psicológicas.

De acuerdo con la última encuesta de uso del tiempo disponible, más de 89.5% de las mujeres participaron en actividades de mantenimiento del hogar y cuidado no remunerado en comparación con 62% de los hombres en Colombia.

Sin embargo, organizaciones y activistas recalcan que la violencia que se exacerbó en la cuarentena es la misma violencia estructural que cada día cobra la vida de 137 mujeres alrededor del mundo en promedio, a manos de su pareja o de un miembro de su familia, según datos de las Naciones Unidas.

Si no te grito, no te hablo

En los reportes sobre violencia psicológica que evaluó el Observatorio para la Equidad de las Mujeres se evidencia un repunte también en las denuncias como medio para desahogarse “de los gritos de sus parejas y castigos emocionales”. Entre ellas se incluyen “dejarles de hablar, no comerse la comida, castigarlas con dejar de tener sexo, crear fronteras en la propia casa, impidiendo que entren a un lugar o ser más exigentes con las dinámicas domésticas”, comentó su directora, Lina Fernanda Buchely Ibarra.

“En las llamadas hay mucha violencia psicológica. Las palabras penetran, que te digan bruta o bestia es mucho maltrato”, indicó la psicóloga Ruth Andrea Rivera Bautista, especialista en gerencia social. Rivera señala que desde que se decretó el confinamiento, aumentaron sus consultas diarias de mujeres que piden ayuda, pero que ni siquiera se atreven a reportarlo ante las líneas de atención.

Mientras que en el plano económico los hombres “exigen que ellas sean las encargadas del trabajo doméstico” y les recuerdan que dependen de ellos, añadió Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.

Algunos de los casos que se trataron en las Comisaría de Familia describen a hombres que en el confinamiento “descargan” sobre la mujer la responsabilidad de mantener económicamente el hogar. Al punto, incluso de presionarlas para que se dedicarán al trabajo sexual “porque sus compañeros no aportan nada, pero ejercen maltrato sobre sus niños”, puntualizó Judith Borrego, a cargo de una de las comisarías de familia en Bogotá.

Situaciones similares se dieron en otras zonas hacia la frontera como la ciudad de Cúcuta, señaló Jairo Garzón, director nacional de la Capellanía Nacional OFICA. “Encontramos mujeres de la tercera edad golpeadas. Los abusos incluyeron obligarlas a salir a la calle para sostener la economía de la casa. Golpeadas físicamente, pero también en lo psicológico por la carga de atender a los niños, la casa y la preocupación de ver a sus hijos también maltratados cuando intentaban revelarse”.

Buscando justicia

El incremento de la fuerza pública para controlar las medidas de aislamiento representó un riesgo para las mujeres en cuarentena. Los reportes de las organizaciones alertan de casos donde las mujeres intentaron denunciar a sus agresores en las policías, pero que no fueron atendidas. De acuerdo con datos de la Comisaría de Familia de Bogotá, en la localidad de los Mártires, en algunas zonas funcionarios dieron prioridad al cumplimiento de la cuarentena antes que atender las denuncias por temas de violencia de género, por lo que muchas mujeres debieron regresar junto al agresor.

“Hemos visto una falta de atención de las policías. En algunos casos, las mujeres salieron de sus casas y cuando pidieron ayuda a la policía, estas les dijeron que no podían estar en la calle y que solucionaran sus problemas en casa. Son casos donde la policía debía hacer el reporte porque es una situación en flagrante y la norma dice que la justicia debía investigar”, informó Judith Borrego, comisaria de familia en Bogotá.

Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó a los órganos de justicia la suspensión de algunas actividades. Así, se instruyó el trabajo desde casa para el personal de sus dependencias y se determinó turnos de seis horas para algunos funcionarios. Por lo que, tribunales y fiscalías siguieron operando y en el área de violencia intrafamiliar se dictaron medida de protección.

Asimismo, el decreto 460150 de 2020 estableció que las Comisarías de Familia deben garantizar la prestación de su servicio ininterrumpido durante la emergencia para salvaguardar la vida de las mujeres, “aunque hubo municipios cerrados porque los funcionarios carecían de las medidas necesarias de bioseguridad”, indicó Beatriz Quintero, representante de la Red Nacional de Mujeres.

Alejandro Ruíz Caicedo, abogado especialista en Derecho de Familia, detectó un colapso en el sistema por la cantidad de casos que siguen llegando a las Comisarías de Familia. En su opinión, esto ha hecho “deficiente” los servicios de atención, lo que a su vez genera más retardo en los procedimientos.

“Antes la atención era inmediata; hacías la denuncia por ejemplo hoy y citaban al agresor pasado mañana, es decir, se hacía casi todo en un día. Con el confinamiento las audiencias tardaron hasta tres o cuatro días, incluso más, debido a la cantidad de casos”, dijo Caicedo.

El abogado afirma que, aunque la atención se mantuvo virtualmente, la capacidad del organismo rebasó por el número de casos diarios. En consecuencia, procedimientos que antes eran expeditos presentaron demoras que, a su juicio, ponen en riesgo la vida de la mujer.

Violencia obstétrica

Una de las formas de violencia que las mujeres también experimentaron en el confinamiento, en Colombia, fue la violencia obstétrica. Así lo revela un estudio de campo hecho por el Observatorio de Género del Norte de Santander en los barrios periféricos de la zona, cuya población dependen de lo que producen cada día.

En estos sectores la organización vio con preocupación la afectación de mujeres embarazadas en estado de gravidez a las que el sector salud, por la misma emergencia del coronavirus, dejó de atender en zonas periféricas de la ciudad de Cúcuta, en el sector Los Alpes, en el centro de la ciudad y en la zona conocida como El Contento.

“Les dijeron que no podían acercarse a los centros de salud por el Covid. Aunque les prometieron hacerles un control, no hubo seguimiento para tratarlas”, dijo Chacón, codirectora del Observatorio.

El estudio detectó que la prioridad de atención en el sector salud fue el COVID-19 por encima de otras enfermedades. “Encontramos incluso mujeres embarazadas que tenían niños muy enfermos con intoxicaciones, pero la atención solo era por Covid sin tomar en cuenta otras afecciones; lo que nos parecen unas malas prácticas que podrían catalogarse como violencia obstétrica al no haber cuidados especiales hacia la mujer”, resaltó Chacón.

Pocos refugios

En cuanto a los refugios, el Ministerio de Justicia pidió́ a los alcaldes crear espacios para mujeres víctimas de violencia durante la cuarentena, debido al incremento de las denuncias. Además, la legislación colombiana que protege a las mujeres y que fue reformada por la ley 1542 de 2017, establece estos servicios para mujeres y sus hijos cuando sufren violencia.

Las Casas Refugio para víctimas siguen operando de manera normal en la Ciudad de Bogotá́. Sin embargo, informes levantados desde la Consejería Presidencial sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres colombianas reconocen que en este tiempo crecieron las barreras para que las mujeres accedan a servicios de salud, justicia y sociales como refugios y atención psicológica.

En tiempos de pandemia estos servicios fueron insuficientes, aseguró el abogado y especialista en Derecho de Familia, Alejandro Ruíz Caicedo, “pues no alcanzan a dar toda la cobertura que se necesita. Entre abril y mayo se comprobó que colapsaron y que no pueden prestar servicios por el volumen de personas. Por ejemplo, en Bogotá hay 180 cupos para 250 casos que se contabilizan a diario”, destacó.

Suicidios preocupan a organizaciones

La cantidad de suicidios registrados durante el confinamiento es otro de los hechos que más están alarmando a las organizaciones. La Fundación Juanfe, que trabaja con madres adolescentes en situación de pobreza extrema, afirma que se declaró “en alerta naranja” ante los diversos casos que atienden y que se agravaron conforme pasan los días.

La ONG registra hasta la fecha “un porcentaje alto” de jóvenes con “intentos suicidas” dentro de los casos que atienden a diario. De ellos calculan 42 % los casos de menores de 19 años que, en confinamiento, consideran se encuentran “en alto riesgo”. Esto quiere decir que son jóvenes que han padecido diversos tipos de violencia, sobre todo física y económica y que va en aumento desde el mes de marzo cuando quedaron confinadas con sus agresores las 24 horas al día. Algunas incluso expuestas a ambientes de prostitución y drogas

“Recibimos niñas donde el menor problema es que estén embarazadas (…) Actualmente, tenemos 78 niñas con pensamiento suicida por vulnerabilidad relacionada a la violencia. Una parte son niñas con afectaciones químicas depresivas. Otras víctimas de abuso sexual, tratadas con abandono y desprecio que lamentablemente ceden. Así nos pasó recientemente con una de nuestras niñas que se quitó la vida en Medellín”, indicó Catalina Escobar, presidenta de la organización.

Más dificultades para sectores vulnerables

En materia económica el confinamiento afectó igualmente a víctimas y desplazadas del conflicto armado que viven en zonas rurales a quienes se les imposibilitó el cobro de las ayudas humanitarias que otorga el Estado colombiano, debido a las medidas de control en cuarentena que prohibieron cualquier tipo de movilidad pública, según datos recabados por el Observatorio de Género del Norte de Santander.

La afectación de los sectores económicos por el distanciamiento social como el turismo, comercio, confección y economías informales o populares, entre otras, perjudicó de igual manera la economía de las mujeres, población que en su mayoría labora en estos lugares.

En Colombia se calcula que de los 9.2 millones de mujeres ocupadas, 5,4 millones son informales, lo que equivale a una tasa de informalidad del empleo femenino de 59 %, detalla un informe realizado por la Consejería Presidencial para la Mujer sobre el impacto del COVID-19.

El mismo documento refiere que dentro de la población de mujeres que trabajan en la economía informal, alrededor de 1.9 millones son madres cabeza de hogar (36 %) y son las que se ven más afectadas por la coyuntura de la emergencia sanitaria mundial.

De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las condiciones de pobreza y desigualdad para este grupo poblacional se agudizarían, dejando como saldo a más de 107 millones de mujeres en condiciones de pobreza y 82 millones en condiciones de pobreza extrema a lo largo del continente

En opinión de las ONG es importante que las autoridades acuerden con la sociedad civil medidas que no se enfoquen solo en el Covid 19, sino que pueden atender otros tópicos de urgencia como la violencia hacia las mujeres.

Tanto autoridades como activistas coinciden en afirmar que “la verdadera gran pandemia” con la que se está luchando no es el coronavirus, sino la violencia contra las mujeres.

“Lo peor que nos puede pasar en esta pandemia es volver a lo que éramos antes, porque es volver a una normalidad cruda, llena de feminicidios, maltrato, torturas y desigualdad”, opinó Diana Rodríguez, directora de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Denunciar te salva de la violencia

La violencia “nunca es una sola vez”, nunca disminuye y nunca es aislada, tampoco es independiente. Por el contrario, es gradual y determinante, lo que hace que siempre se conecte con otras violencias y una vez que se ingresa al círculo, el camino puede llevar a la muerte. De allí que la urgencia de denunciar es la principal recomendación que dan las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.

Diana Rodríguez Franco, secretaria distrital de la mujer en Bogotá, sostiene que es necesario desnaturalizar la violencia y prestar apoyo a quienes la sufren. “Es preferible llamar y estar equivocados, pero prevenir y evitar dejar pasar un caso que pueda poner en peligro a una mujer. Si oyes gritos, llama a la línea púrpura o a cualquiera de las líneas de emergencia que han dispuesto las autoridades”, comentó.

Las mujeres que viven violencia se pueden comunicar a esta línea púrpura a través del 01 8000 112 137 y vía WhatsApp por el 300 755 18 46; a la Fiscalía General de la Nación en la línea 122, a la línea 155 diseñada especialmente para mujeres víctimas de violencia, al 123 si alguien en casa corre peligro o al 141 si la víctima es un menor de edad.

Hasta el mes de abril de 2020, la Secretaría de la Mujer en la capital colombiana había sumado 630 establecimientos (como supermercados, farmacias y estaciones de servicio) a donde las víctimas pueden preguntar por el supervisor de la tienda para denunciar violencia. Este, a su vez, debe llamar a la policía y hacer el reporte.

Además, refiere Diana Rodríguez dentro del programa se incluye la colaboración con tres empresas de taxis que prestan sus servicios para trasladar a quienes puedan estar padeciendo un episodio y tengan que salir de inmediato a denunciar. “Nosotros los contactamos y ellos las llevan si las víctimas acceden”.

La funcionaria y abogada destaca que, de manera muy didáctica, han preparado a las personas que puedan auxiliar a las víctimas siguiendo los parámetros que establecen las recomendaciones de ONU Mujeres, para que cualquier persona pueda ayudarlas si detecta un episodio de violencia.

Lo primero es que “se les garantiza total confidencialidad y seguridad”, pues se les habla desde un espacio seguro para que se sientan en confianza. Por ello, tal como se ejecuta en este programa de la Secretaría Distrital de la mujer en Bogotá, Rodríguez sugiere a quien pueda ponerse en contacto con una víctima “evitar preguntarle por los hechos”. Tampoco tratar de disuadirla o cuestionarla “porque eso la revictimiza”. Solo brindar apoyo y buscar atención en los centros de ayudas de las autoridades y ONG.

Por su parte, Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Género del Norte de Santander, sostiene que la familia, los vecinos y los amigos son fundamentales para que la mujer pueda dejar de ser víctima y convertirse en sobreviviente. Sin embargo, también invita a quienes puedan estar padeciendo violencia, a acercarse a las redes de apoyo feministas o de organizaciones que atiendan el tema para que les brinden un acompañamiento adecuado y “les recuerden que no están solas”.

“Sabemos que es muy difícil hablar y denunciar por la presión social, a veces el tema de la familia, los estereotipos y la responsabilidad que impone la sociedad inciden sobre el miedo que las víctimas tienen. Deben llenarse de coraje porque es la única manera de darles una respuesta y erradicar esas violencias”, indicó.

Para el abogado Alejandro Ruíz Caicedo, especialista en Derecho de Familia, es necesario animar a las mujeres a denunciar, siempre con un acompañamiento que las empodere. Coincide en que la comunidad juega un rol importante para sancionar a aquel vecino que maltrata a su pareja.

“Hay que recordar que en Colombia existe también el delito de omisión de la denuncia. Si yo conozco un delito, incluida la violencia intrafamiliar y evito denunciar, puedo ser judicializado por callar”, apuntó.

Lina Fernanda Buchely Ibarra, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, expresa que “es insuficiente con empezar un proceso de sanación y reconocer el estatus de víctima.  Lo importante es hacer público esos fenómenos. Denunciar es levantar la voz, es evitar que ese hombre siga haciendo lo mismo”.

Así lo avalan las psicólogas Ruth del Pastor y Andrea Rivera Bautista, quienes consideran que es fundamental construir el amor propio y enseñar a las mujeres sus derechos para que puedan parar el maltrato.

Entender en qué consiste el círculo de violencia, es decir, una agresión seguida de una disculpa y un proceso de reconciliación que solo llevan a más conductas violentas. El trabajo, en este caso, se tiene que dar tanto en lo individual como en lo social para desaprender aquellas violencias que culturalmente se normalizaron.

“Y para ello es importante que aprendan a amarse y a respetarse, porque al hacerlo impedirán que las sigan violentando”, expresó del Pastor.

Una dura Decisión

Los llantos desesperados de los mellizos de dos años que vivían en la casa contigua, alertaron a los vecinos.

Preocupados, se acercaron a la vivienda ubicada en una comunidad rural, a las afueras de Bogotá. Llamaron insistentes, pero nadie respondía. Por eso se atrevieron a tumbar la puerta de la casa para auxiliar a los pequeños.

Lo que vieron a continuación los aterrorizó: la madre no solo se había quitado la vida, estaba atada a la pata de una cama con la misma cadena que usó en el cuello. El enlace medía aproximadamente tres metros, lo suficientemente largo para llegar al cuarto de los niños y a la cocina, pero no tanto para asomarse a la ventana de la casa y mucho menos acercarse a la puerta.

La mujer presentaba signos de abuso sexual y tortura; las cadenas habían lastimado tanto su pie que tenía cicatrices profundas y laceraciones. Ningún espacio de su cuerpo había quedado libre de maltrato. El informe forense determinó que se había ahorcado con la cadena que su esposo usó para tenerla cautiva.

El hombre, cónyuge de la víctima, era conocido en la comunidad como un tipo amable, buen vecino y colaborador, a quien nunca antes se le conoció algún escándalo. Solo se sabía que iba del trabajo a la casa. Los vecinos estaban al tanto de que estaba casado y que tenía unos mellizos, aunque nunca vieron a su esposa.

Este terrible episodio de violencia ocurrió a mediados del mes de mayo de 2020. El caso llegó a manos de una organización dedicada a la atención de comunidades vulnerables, que trabaja de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que mantiene en reserva su nombre en respeto a la confidencialidad de las víctimas.

La ONG acompañó el proceso de reubicación de los mellizos, quienes quedaron en protección del Estado, mientras se desconoce el paradero del padre, hoy buscado por las autoridades.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero y abril de 2020 se registraron 132 suicidios, de los cuales 37 eran menores de edad y 95 mayor de 18 años.

Esta cifras preocupan a los expertos en salud mental, quienes advierten sobre los efectos psicológicos del confinamiento en las mujeres y su incidencia en la tasa de suicidios.

“Muchas mujeres están sufriendo trastornos psicológicos debido a los constantes maltratos. Todo esto aumenta la ansiedad y la depresión”, dijo la psicóloga Ruth Rivera en la Fundación Dando Vida a tus sueños y asesora en temas de familia.

La experta opina que existen dos tipos de suicidio. El suicidio emocional, “que se basa en la idea: estoy con mi pareja porque me toca, porque no tengo otra opción” y el suicidio biológico, en el que la mujer decide acabar con su vida “y ya no puedes hacer nada”. Ese que, en la mayoría de los casos, empieza con una violencia psicológica perpetuada por años, destacó.

En el desamparo por omisión

Con 19 años de edad y madre de dos hijos, el futuro es incierto para una joven venezolana que hace dos años llegó a Bogotá. Lo hizo junto a su pareja con quien emigró, tras huir de la crisis económica y política que atraviesa su país, tal y como lo han hecho casi cinco millones de venezolanos, según la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).

A pocas semanas de que el gobierno decretara la cuarentena obligatoria en Colombia, en marzo de 2020, su pareja y padre de sus hijas se fue del lugar donde vivían. El hombre se llevó sus documentos de identidad. La dejó junto a sus hijas. Una de cinco años con Síndrome de Down y otra en camino, de siete meses, que lleva en su vientre. Sin dinero y sin empleo la deuda del arriendo aumentó y pronto le pidieron que desalojara ante la falta de pago. 

Sin saberlo o no su pareja cometió el delito de violencia por omisión establecido en la Ley 1257 del 2008, que protege a las mujeres de una vida libre de violencia.

En Colombia, la violencia contra las mujeres fue peor para las niñas, adolescentes y mujeres de raza de color y para quienes viven en zonas rurales o comunidades indígenas. Lo mismo que para las mujeres migrantes en confinamiento que fueron desalojadas de los alquileres en los que habitaban, pese a que por decreto el gobierno prohibió hacerlo, tal como lo pudo detectar en denuncias el Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

En medio de la incertidumbre que la rodea, la joven madre logró conseguir apoyo de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de la mujer, quienes la ayudaron a pagar por un tiempo más el arriendo. Asimismo, fue beneficiada por el programa de alimento “Colombia Cuida Colombia”, una iniciativa privada de la sociedad civil que trabaja de la mano con aliados para entregar donaciones a las poblaciones vulnerables, con el fin de mitigar el impacto negativo del COVID-19 en seguridad alimentaria y salud.

Al cierre de esta investigación, la madre como las pequeñas se encontraban a la espera de ser trasladadas a un centro especial de atención para mujeres que están solas con niños en condiciones precarias.

Heredar la violencia

Para Nana, nombre que usaremos para proteger su identidad, es frecuente ver los gritos y maltratos que su madre recibe a manos de su papá. Aunque tiene cuatro años de edad, se da cuenta de que son muy similares a los que recibe su abuela de 68 años, de parte de su abuelo de 73, quien siempre la golpea y hasta la obliga a trabajar; mientras su tío se mantiene distante de ambos conflictos.

Sin embargo, es su mamá, de 30 años, quien sostiene el hogar, ubicado en el sector Nuevo Escobal de Cúcuta, en Colombia. Antes de la pandemia, la mamá de Nana trabajaba con la venta de comida en la calle, pero con las medidas de aislamiento obligatorio la situación es cada vez peor para la familia que se quedó sin ingresos. Ahora su madre trata de resolver el sustento diario mediante labores como personal doméstico en casas de familias.

De acuerdo con el informe de la Consejería Presidencial para la Mujer sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres colombianas, 650 mil mujeres trabajan como empleadas domésticas, de las cuales 77 % se dedican a la economía informal, por lo que sus ingresos no están garantizados durante la cuarentena, según datos procesados a partir del microdato de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para la actividad de empleados domésticos en hogares privados, de 2019.

En este hogar, la violencia ha sido una terrible herencia en la familia. Desde marzo cuando declararon oficialmente el confinamiento, la situación ha escalado; el padre de la pequeña se puso más agresivo. Él se excusa en la desesperación que le causa la falta de empleo y no poder salir, aún así no cesan los maltratos. Ni los de él ni los que su abuelo ejerce contra su abuela.

Para el mes de mayo de 2020, la tasa de desempleo alcanzó la cifra histórica de 21.4% en Colombia como consecuencia de los efectos que ha provocado la pandemia. Los resultados también indican que 15.2% de los hombres están desempleados, mientras que las mujeres ocuparon 21.4% en el período que va de marzo a mayo de 2020.

Como muchas familias que dependen del arriendo y se han visto afectadas por la pandemia, sobre ellos pesa una orden de desalojo debido al retraso en el pago, aún cuando el gobierno prohibió hacerlo como medida de protección para los sectores más vulnerables.

Especialistas añaden que los Estados olvidaron tomar en cuenta que el encierro puede ser más letal, incluso que el propio COVID-19, en especial para las mujeres que habitan hacinadas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema. En el caso de Colombia “las medidas desfavorecen a las personas de los extractos más bajos. Incluso los llamados ‘sin techo’ que viven en la calle o quienes dependen de un alquiler”, expresó Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Género del Norte de Santander.

“Lo que ha sucedido en confinamiento es el incremento de una violencia que ya estaba, solo que ahora se sumaron dos elementos perversos: el encierro y la falta de ingresos económicos sin empleo. La cuarentena trajo a su vez hambre y eso fue un iniciador de violencia” que, junto al estrés, incrementó los peligros a los que ya estaban expuestas, afirmó Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (JuanFe).

Por el momento, la madre de la pequeña de cuatro años decidió no denunciar a su pareja. A diferencia de su abuela, ella se enfrenta al agresor, por lo que tiene confianza de que podrá sobrellevar cualquier situación en el futuro.

La abuela, por su parte, tampoco quiere denunciar. Ambas se consuelan mientras conviven con sus agresores. Por ahora reciben apoyo de una ONG que trabaja con personas en condiciones de vulnerabilidad en la frontera colombo venezolana.

Y Nana sólo observa.

Con el enemigo en casa

La violencia psicológica es una constante en las historias documentadas en esta investigación, pero tras ella está la violencia económica que vulnera a las mujeres porque les quita la libertad de desarrollarse o las hace dependientes de su agresor. Así es el caso de una madre, 38 años, con dos hijos (uno mayor de edad y otro de 13 años).

A mediados de abril de 2020, justo cuando se había oficializado la cuarentena estricta, su esposo (40) la sacó de la casa junto a su ropa, con el argumento de una supuesta infidelidad.

Ella pasó horas en las calles intentando que él abriera la puerta, pero ante la negativa tuvo que pedirle a su hermano que la recibiera por el momento. Al siguiente día, interpuso una denuncia en contra de su pareja ante la Comisaría de Familia de Bogotá.

Antes de sacarla a la calle, el esposo le había quitado los documentos que certificaban que ambos tenían una sociedad conyugal. Sin embargo, durante la audiencia se determinó que era ilegal la acción que él tomó, por lo que a ella se le otorgaron medidas de protección para volver a su domicilio, con la aclaración de que por ningún motivo podía ser agredida por su esposo.

Desde entonces, ambos conviven de nuevo a la espera de interponer una solicitud de divorcio ante los tribunales, una vez cese la emergencia sanitaria en el país por la pandemia.

La violencia recorre las calles de Kennedy

Corría la última semana del mes de mayo de 2020. Ese sábado los habitantes de la localidad de Kennedy, ubicada en Bogotá, se encontraban en plena aplicación del aislamiento obligatorio impuesto por el gobierno cuando una trifulca en la calle llamó su atención.

Era una nueva golpiza en la que el vecino violentaba a su pareja. La situación hizo que algunos residentes del lugar salieran de sus casas e incumplieran la orden de cuarentena para separarlos y salvarla.

Para el 30 de mayo, la localidad de Kennedy representa casi 30% del contagio de coronavirus en la capital y las autoridades se enfocaban en hacer un cerco epidemiológico para evitar la velocidad del contagio en la zona. En un contexto tan complicado, la pandemia vino a sumarle más problemas a esa comunidad, porque la mayoría de las personas están en casa, sin trabajo y con mucho tiempo libre.

Todo empezó cuando la familia, conocida por sus habituales conflictos, decidió hacer una reunión con invitados, pese a que la cuarentena obligatoria lo prohibía.

Cerca de las 6:00 pm se alteraron los ánimos en la casa durante la celebración. El exceso de alcohol alteró a dos de los hombres que se encontraban en la fiesta y lo que comenzó como una diferencia de opiniones, terminó con golpes y cuchillos en las manos de ambos, quienes se amenazaban mutuamente, recordaron testigos del incidente.

Antes de ser agredida, la mujer de 36 años, salió a contener a su esposo, de 40 años, dueño de la casa donde se realizó la fiesta. Le exigió que terminara la pelea, pero esto lo disgustó más y se abalanzó contra ella.

La mujer desesperada corrió a la calle. Vecinos que habían escuchado la discusión corrieron a separarlos, mientras otros llamaron a la policía. La escena ocurría también frente a la hija de ambos, una pequeña de seis años.

La policía detuvo a los dos hombres, quienes fueron llevados a la comisaría, pero en menos de 24 horas ya estaban libres porque el esposo de la víctima es abogado y según explica su esposa, usó sus contactos para que no se le abriera ningún procedimiento.

Ella, por su lado, lo recibió nuevamente en casa, con miedo. Asegura que cuando pase la pandemia “tomará una decisión” sobre si seguir con él o no. En la mayoría de estos casos, el victimario se excusa en que la violencia fue producto del alcohol.

¿Qué fue de ella?

Era la medianoche del 30 de mayo cuando un mensaje por WhatsApp llegó a una de las líneas de ayuda que atendía la psicóloga de turno.

“Perdone que le escriba tan tarde, es que mi esposo llegó borracho, me dijo que me quería pegar, dijo que me quería matar y yo estoy desesperada”.

Desde que comenzó la cuarentena, las agresiones y los maltratos por parte de su esposo se intensificaron en el hogar. También las amenazas de quitarle a sus hijos. La víctima relata que el hombre consume más alcohol que de costumbre.

Ella argumenta que soporta la violencia porque, aunque ha tratado de irse de casa, su esposo siempre se lo impide y la amenaza: “Si quieres te vas tú, pero a ellos no te los vas a llevar”, contó.

En la breve conversación que tuvo con la psicóloga de turno, le confesó que se siente deprimida y desesperada.

“El miedo las paraliza y el victimario siempre consigue la manera de atemorizarlas, ya sea con violencia física o psicológica”, señaló la especialista, quien contó el caso en anonimato.

En el último mensaje la psicóloga le rogó que se resguardara. Sin embargo, desde ese día no ha vuelto a contestarle. Teme por su seguridad.

“Las estadísticas ya advertían que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y que los domingos es el día más peligroso. De manera que el aislamiento se convirtió en 70 domingos seguidos (…) Lo que hicimos fue meterlas en la jaula con el león”, expresó Beatriz Quintero, activista y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.

La vulnerabilidad aumentó cuando las mujeres quedaron encerradas con pocos canales de comunicación y formas de denuncia que exacerbó los controles de los victimarios sobre ellas, agregó.

Violencia en todo el país

El aumento de las llamadas para denunciar violencias en el hogar se repitió en las secretarías de Atención de Género de otras entidades del país, según reportes de los observatorios que documentan los casos. También en cada una de las organizaciones que abordan la defensa de las mujeres en Colombia, como la Fundación TAAP que trabaja con víctimas en condiciones de vulnerabilidad, conflicto armado y migrantes venezolanos.

“Tenemos reportes que prueban el estudio hecho por la organización Profamilia. Ellos encontraron un aumento de 78% de las afecciones por salud mental en personas durante la cuarentena, por temas de ansiedad y depresión relacionados a ambientes muy hostiles. Y eso es lo que vimos desde el primer fin de semana que se decretó la cuarentena cuando tuvimos un incremento de 30% de las denuncias que recibimos a diario”, señaló Gaby Arenas de Meneses, directora de la fundación.

Entre enero y abril de 2020, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 261 homicidios; 8.004 lesiones de violencia interpersonal y 5.398 presunto delito sexual. De ellos, 4560 eran menores de 18 años de edad y 838 mayores de 18. Asimismo, 13.843 reportes sobre violencia intrafamiliar; 955 violencia contra niños, niñas y adolescentes y 10.218 casos de violencia de pareja.

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