Chile

Autor: Marjuli Matheus-Hidalgo | Paola Palacios Macario
Ilustración: Pierre Daboin | Antonio Ramírez
Infografía: Grecia Nexans | Denisse Martínez

Amenazadas en todos los frentes

Las mujeres han seguido sufriendo violencia obstétrica con consecuencias mortales en Chile ante la ausencia de protocolos de seguridad en medio de una emergencia sanitaria mundial. Otras también quedaron indefensas, tras recibir maltratos de sus parejas en el hogar

Violencia machista, una debilidad de la justicia chilena más allá del COVID-19

La batalla de Santiago, así denominó el gobierno chileno a la lucha contra el coronavirus, pero la guerra sin cuartel se libra en los hogares donde las mujeres viven confinadas con sus agresores, con pocas o nulas vías de escape en medio de la pandemia. En 256% aumentaron los llamados al fono de emergencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en mayo de 2020, respecto al mismo mes del año anterior

Santiago – Eliana Urra Colicoy, madre de tres hijos, había denunciado a su expareja y conseguido medidas de alejamiento, pero esto no impidió que el 14 de junio Marcelo Sepúlveda Chávez (46) violara la restricción judicial y asesinara a puñaladas a la mujer de 48 años en su residencia, ubicada en la comuna del Cunco en La Araucanía, región central de Chile.

El caso es uno de los femicidios perpetrados en el mes de junio de 2020 mientras el país se encuentra en cuarentena, debido a la pandemia por coronavirus. La justicia actuó con diversas medidas previas contra el agresor, pero fueron insuficientes para evitar una muerte más a causa de la violencia machista.

Viviana Estrada fue torturada y apuñalada por su expareja. Tenía 38 años de edad y acudió a la residencia que una vez compartió con Julio Vásquez (64) para llevarse sus pertenencias. El hecho ocurrió en la comuna de Colina en la Región Metropolitana de Santiago, el 22 de abril, durante la cuarentena total dictada por las autoridades chilenas en la capital para contener la expansión de contagios por COVID-19.

Viviana es una de las cuatro mujeres asesinadas en el mes de abril, en Chile, mientras cursaban cuarentenas en diversas comunas del país. Ella se había separado del agresor un año antes, ya tenía otra pareja y al momento del femicidio estaba embarazada, según informó su hija de acuerdo con datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. El femicida se dio a la fuga y posteriormente, se suicidó.

Casos como estos se repiten en Chile, pese a los esfuerzos de las autoridades y organizaciones sociales por combatir la violencia hacia las mujeres y evitar la máxima expresión de esta, que es el femicidio.

El gobierno chileno, a través de sus diferentes instancias emprendió campañas dirigidas a brindar apoyo a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia. “Mascarilla 19” fue una de las más notorias. Con ella se instruyó al personal de las farmacias en todo el país a brindar apoyo a las mujeres que con este código pidieran  ayuda en dichos establecimientos.

Además de las vías regulares de ayuda como el fono de emergencia 1455 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o el número 133 y 149 de Carabineros, también se implementaron formas de contacto con las autoridades para facilitar los pedidos de ayuda en un contexto en el que las mujeres pueden estar más vigiladas. Así pusieron en marcha un chat online y el número de WhatsApp +56 9 9700 7000 para que pudieran escribir sus denuncias de forma privada y silenciosa, sin ser escuchadas por sus agresores.

Igualmente, diversas organizaciones sociales se agruparon en la campaña #EntreRedNosCuidamos para ofrecer distintas formas de apoyo y divulgar información contra la violencia hacia las mujeres.

El país carece aún de una ley que proteja específicamente a las mujeres de la violencia machista como en otros países de América Latina, pero diversas iniciativas jurídicas han buscado brindarles ese marco legal de protección.

Desde el año 2005 existe la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) que “tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma”. El texto obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de todas las personas que conviven en un hogar, donde cerca de 80% de las víctimas de violencia en los hogares son mujeres, según cifras de la Fiscalía chilena.

Dentro de la ley VIF se le asigna al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la tarea de proponer al Ejecutivo políticas públicas “orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños y a prestar asistencia a las víctimas”.

Yulisa Belén Cerda Aguilera estaba en su vivienda el lunes 27 de abril en La Serena, ciudad de la costa central chilena, confinada por la cuarentena como el resto de la Región de Coquimbo. Ese día Ignacio Andrés Castillo Montenegro (24), su expololo, decidió acabar con la vida de la joven de 22 años de edad. Luego de dispararle con un arma de fuego huyó. El femicida ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar.

Numerosas modificaciones se han propuesto en la legislación chilena para ampliar causales y dar mayor protección a las mujeres, así como garantizar justicia y que los agresores sean castigados.

Uno de los grandes vacíos que existía era la tipificación del femicidio que hasta marzo de 2020 solo se consideraba como aquel “asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente”. Esto dejaba por fuera a los pololos -como se les dice a los novios en Chile- y expololos.

En 2018 con el asesinato de la adolescente Gabriela Alcaíno (17) a manos de su expololo, se impulsó la “Ley Gabriela” con la que se buscaba incluir como femicidios los asesinatos cometidos durante las relaciones de noviazgo o exnovios de las víctimas.

De no ser por la promulgación de la Ley Gabriela, un mes antes del asesinato de Yulisa, el crimen no habría sido contado por las autoridades como un femicidio.

Violencia machista y pandemia

El 18 de marzo fue decretado por el presidente Sebastián Piñera el “Estado de Catástrofe” por 90 días en el país, debido a la proliferación de casos de COVID-19 en el territorio; para esa fecha en Chile ya se habían perpetrado nueve femicidios. El 15 de junio el gobierno extendió por 90 días más el decreto, ya se contaban 21 femicidios en el país.

Entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2020 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contó 20 femicidios de los cuales 10 que ocurrieron durante la pandemia. En ese mismo período, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género reportó 17 femicidios consumados y 48 femicidios frustrados.

La razón de la discrepancia en las cifras radica en que el ministerio no contabiliza tres casos en los que el victimario no tenía o no se pudo comprobar una relación sentimental con la víctima.

Por su parte, la Fiscalía General de Chile entregó cifras en una solicitud de información pública para esta investigación. En total de enero a mayo de 2020 ascienden a 87 los femicidios consumados o frustrados, de los cuales 58 se perpetraron durante los primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo. Solo en marzo se registraron 257% más femicidios que en el mismo mes del año 2019.

Uno de los casos listados por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que el ministerio excluyó, ocurrió durante la cuarentena en la Región del Bío Bío, en la zona central del país. Fue el asesinato de Carmen Toro Durán de 68 años de edad, quien sufrió traumatismo craneoencefálico luego de ser violada y golpeada por hombres no identificados.

El confinamiento obligatorio en el contexto de la pandemia por coronavirus exacerba problemas preexistentes. La pobreza, la desigualdad y la violencia son algunos de ellos, coinciden los expertos consultados.

Las tensiones en el hogar pueden aumentar por el encierro, el desempleo y la incertidumbre. En el caso de la violencia machista, si a estas tensiones le sumamos que los agresores tienen el control total de sus víctimas, el panorama es preocupante.

Si bien la violencia machista en la pandemia se trata de un fenómeno en desarrollo, organizaciones sociales y activistas piden extremar las medidas de protección a las mujeres, pues luce obvio que están más expuestas a sus agresores durante el confinamiento y con menos puentes de ayuda y oportunidades de denuncia.

Loreto Franco, jefa nacional del Servicio Nacional para la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), llamó a evaluar con cautela las cifras. “La violencia es un fenómeno que no tiene estacionalidad y se puede comportar de distintas formas (…) aventurarnos a decir que si han bajado las denuncias no hay violencia, es muy riesgoso. Tenemos que ir viendo de a poco por qué se produce este fenómeno. Sin embargo, la tranquilidad que queremos tener es que nosotros hicimos todo lo posible para buscar todos los canales de ayuda y de disposición a nuestras mujeres en Chile (…) los estudios vendrán una vez que podamos analizar los datos y estos vayan madurando (…)”, explicó.

Al inicio de la pandemia en marzo, la ONU exhortó a los gobiernos a “no abandonar a las mujeres” en medio de la emergencia por el COVID-19. Desde entonces, organismos internacionales advierten que la crisis sanitaria afecta de forma diferenciada a las mujeres y que las medidas restrictivas para contener los contagios por coronavirus, aumentan el riesgo de ser víctimas de violencia machista.

Alejandra Espinoza, abogada especialista en Violencia de Género y Magíster en Violencia, indicó que su despacho ha recibido un sinfín de consultas de mujeres que están siendo hostigadas por sus exparejas quienes, en el contexto de la cuarentena, las amenazan con quitarles a los hijos que tienen en común. Alerta sobre esta forma de violencia psicológica que muchas mujeres están viviendo en medio de la pandemia.

Espinoza destacó que están operativos y funcionando los sistemas de protección para mujeres víctimas de violencia. Tal es el caso de las casas de acogida que sirven de refugio para la mujeres que necesitan salir de los entornos de violencia.

El SenarmEG informó en su sitio web que estos refugios están “100% operativos” en el contexto de la pandemia y que se han implementado protocolos sanitarios para garantizar su operatividad segura ante el riesgo de contagios.

Aumentan llamados, bajan denuncias

A medida que se fueron prolongando las cuarentenas, debido a la pandemia por COVID-19 la cantidad de llamados al 1455 —fono de emergencia del Ministerio de la Mujer y EG— aumentaron de manera exponencial.

Durante el mes de mayo de 2020 las llamadas registraron un alarmante incremento de 256% con relación al mismo mes del año anterior. En abril el alza fue de 206% y en marzo 73%, según cifras entregadas por el ministerio en una petición de información pública para esta investigación.

Mientras los llamados aumentan, las denuncias disminuyen. Esto se explica porque las víctimas están confinadas con sus agresores, los tribunales están trabajando en horarios restringidos y en general las mujeres tienen menos oportunidades de formalizar este tipo denuncias.

De acuerdo con cifras públicas por la Fiscalía chilena el número de denuncias por violencia intrafamiliar en marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena en el país, disminuyó alrededor de 20%. Los datos de los meses posteriores no habían sido divulgados al cierre de esta investigación, salvo un adelanto de cifras que mencionó el fiscal general, Jorge Abbott, en rendición de cuentas el 23 de abril cuando informó que las denuncias por violencia intrafamiliar han mostrado una fuerte baja que se profundizó en la primera quincena de abril con una caída de 40%.

A inicios de mayo la entonces ministra de la Mujer y EG, Macarena Santelices, se reunió con autoridades de Carabineros para analizar las medidas a tomar frente al aumento de las llamadas al fono de denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF). Una de las medidas fue visitar y prestar mayor atención a la Región de O’Higgins, donde se registró la mayor incidencia de VIF durante el primer trimestre del año, según las autoridades.

“No importa si sus comunas están en cuarentena o es horario de toque de queda, si tienen que salir a pedir ayuda, personal de carabineros las apoyará. Obviamente no se levantarán acciones por quebrantar el toque de queda o la cuarentena, siempre y cuando sea una situación en la que están pidiendo auxilio”, dijo la generala de Carabineros, Berta Robles, jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia.

La información la dieron en un punto de prensa el 11 de mayo y señalaron que en muchos casos cuando llega el personal de carabineros al lugar por una llamada al fono de emergencia, las mujeres se retractan. Como se sabe que esto ocurre casi siempre por el temor al agresor, los funcionarios de Carabineros están presentando la denuncia de todas maneras al Ministerio Público para que quede el antecedente.

Espinoza enfatizó que es importante hacer las denuncias. Indicó que los tribunales siguen trabajando con algunas restricciones, pero señaló que los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer y contra los niños siguen teniendo prioridad en medio de la pandemia. “No se van a quedar sin protección porque los tribunales de familia hacen estas audiencias, los tribunales de garantías hacen controles de detención y los fiscales siguen trabajando”, aseguró.

En medio del confinamiento las autoridades chilenas tienen diferentes vías para que las víctimas o testigos de violencia machista puedan hacer las denuncias. La abogada enfatiza la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre estos mecanismos. “Los canales están, pueden llamar al tribunal de familia, a la Fiscalía, a Carabineros. Se han dispuesto formas de hacer denuncias en línea. Incluso el Poder Judicial ha establecido una forma de videollamadas para poder tener contacto directo con un funcionario del tribunal cuando la mujer necesita orientación. Entonces los mecanismos están, por eso recomiendo buscar información”.

Coincide en la recomendación la jefa nacional del SernamEG. “La denuncia permite la protección judicial, otorgarle una representación judicial a la mujer es muy importante, así como otorgarle medidas cautelares que le permitan estar en resguardo y si no es así, le otorgamos también un botón de emergencia a las mujeres con el que se pueden contactar con nosotros para hacer el enlace directamente con carabineros”.

El miedo de la víctima siempre estará presente, pero el mensaje que las expertas consultadas quieren hacerles llegar es que hay medios de protección. “Nosotros hacemos acompañamiento psicosocial que permite a la mujer generar tranquilidad, concientizar y acompañarla respetando sus tiempos para cuando ella quiera denunciar”, comentó Franco, del SernamEG.

Por su parte, la organización Acción Mujer y Madre reportó que en la campaña de prevención que emprendieron en el contexto de la pandemia, solo 20% de las que usaron las vías de contacto, estuvieron dispuestas a hacer las denuncias. “60% de las mujeres que llamaron eran de la Región Metropolitana de Santiago”, afirmó Virginia Palma Erpel, presidenta de la ONG y asesora jurídica de la Municipalidad de Santiago.

Más allá de la capital

Hasta el 31 de mayo de 2020 en la Región de Los Lagos, al sur de Chile, el Juzgado de Garantía registró un ingreso de 78 causas por violencia intrafamiliar, 15 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que implica un incremento de 24%.

En el caso de Los Lagos, región montañosa al sur de Chile, el juez del tribunal, Alejandro Riveros, aseguró que están en coordinación con Carabineros, Ministerio Público y Defensoría Penal para agilizar los procedimientos de denuncias. Además, como medida complementaria, el tribunal decidió poner en conocimiento al SernamEG, cada vez que se inicie una causa en esta materia para que cuente con los antecedentes y pueda tomar contacto con las víctimas.

Por su parte, en la Región de Coquimbo, al norte del país, entre el 18 de marzo y el 29 de mayo el Juzgado de Garantía también registró un incremento considerable en los casos de violencia intrafamiliar en el contexto de la pandemia. Diego Rubí, presidente de esa instancia, informó el 11 de junio que el aumento fue de 21%, respecto al mismo período del año anterior.

Contexto de una pandemia de larga data

Entre el 6 y 8 de marzo del 2019 la encuestadora Cadem realizó el estudio Nº 269 denominado “Encuesta Plaza Pública” en el que incorporaba a su cuestionario preguntas referentes al movimiento feminista en Chile y las movilizaciones en contra de la desigualdad de género en el país. Con una tasa de logro de 707 casos, los resultados arrojaron que 73% de la población consideraba a Chile como un país machista y tan solo 23% creía que en la nación existía igualdad de género.

Este muestreo en el que 90% de los encuestados formaba parte de la población urbana y 10% de la población rural, también vislumbró que solo 13% creía que su país había realizado cambios para avanzar en la igualdad de género. 85% declaró que Chile necesitaba continuar con los cambios necesarios para así alcanzar dicha igualdad.

Durante ese mismo mes, más de 75% de las mujeres consultadas en la encuesta de la Corporación para la Regionalización del Bío Bío (Corbiobío) sobre “Percepciones Políticas y Contingencia” calificaba  a Chile como un  país machista.

Este muestreo con fecha del 29 de marzo, y realizado trimestralmente en las Regiones de Bío Bío y Ñuble, arrojó que 38% de las mujeres consultadas se habían sentido alguna vez discriminadas o violentadas solo por el hecho de ser mujer.

A este panorama se le suman las cifras arrojadas por la Dirección del Trabajo del Gobierno de  Chile, en donde tan solo 36.2% de la población femenina integra el mercado laboral de la nación. El estudio describe su inserción como “relativamente tardía y una de las más bajas de América Latina” y especifica que las mujeres realizan actividades laborales sin abandonar los “roles tradicionalmente asignados” como el cuidado de sus hijos y el mantenimiento del hogar, lo que las inclina a aceptar empleos de media jornada que por lo general, no están sujetos a ningún tipo de regulación y en los que generan menor cantidad de ingresos.

“La división sexual del trabajo aún se expresa en el tipo de ocupaciones que desarrollan las mujeres; servicios, comercio y en menor medida industria reciben una remuneración inferior que los hombres por la misma labor (70%) se desempeñan en condiciones precarias y últimamente protagonizan los cambios que ha introducido la globalización en materia de precarización; trabajo contratado, a domicilio y no regulado”, especifica en su portal web el ente gubernamental.

Esta brecha de género no solo se evidencia con la cifra de 46% de mujeres que se desempeñan en servicios comunales, sociales y personales, en el que está incluido casi 100% del servicio doméstico, ya que a nivel gubernamental del total de parlamentarios en la historia republicana del país, 4.049 específicamente solo 2.6% han sido mujeres (109) en 209 años de historia del Congreso Nacional.

De estas escasas 109 representantes solo cuatro han ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados y una, la presidencia del Senado.

En el actual gobierno de Sebastián Piñera la representación de las mujeres en el Congreso, sumando Cámara de Diputados y Senado, es menos a 25%; de un total de 198 diputados y senadores electos solo 45 son mujeres y 153 hombres. En 200 años de historia chilena, solamente una mujer ha ocupado el sillón presidencial, Michelle Bachelet. 

Perfiles detrás de los femicidios

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha registrado los datos de femicidios consumados desde hace una década, perfilando la relación que existían entre las víctimas y los victimarios, así como sus edades y antecedentes.

De los femicidios registrados por la organización entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2020, se desprende que 42% de los femicidios perpetrados ocurrió en una relación de convivientes entre la víctima y el agresor, 16% en una relación de cónyuges y la misma cifra se manifiesta en relación a los expololos (exnovios).

Mientras que 26% de la víctimas cumple con un rango de edad entre los 16 y los 25 años, otro 26% está entre los 46 y los 55 años y 21% tenía edades de 26 a 45 años.

Los femicidas ocupan 26% en un rango de edad de 36 a 45 años y 21% entre los 16 y los 25 años. 32% de ellos tiene o ha tenido antecedentes de violencia contra la mujer y 42% ha intentado suicidarse o lo ha concretado. 53% de los agresores ha sido detenido o formalizado.

“En Chile hoy día las cifras hablan de más de 70% de mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Sin lugar a dudas, han disminuido las denuncias en Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones (PDI), porque muchas están viviendo con el agresor y en esta pandemia el proceso judicial es mucho más lento, por eso la mujer puede correr mucho más peligro al denunciar que al no hacerlo”, explicó Gonzalo Salgado Bello, psicólogo y encargado del Programa Regional Mujer y participación política del SernamEG para la Región del Bío Bío.

Salgado Bello también asegura que la violencia es transversal y “la pueden sufrir tanto personas analfabetas como personas con doctorados o magister (…) lo viven mujeres con una situación precaria y también mujeres con un estatus socioeconómico alto, quizás la violencia es distinta pero es violencia igual (…) Está comprobado que 80% de las mujeres en un momento de su historia vital vivieron una situación de abuso, bien sea psicológico, sexual, físico o de otro tipo”.

Para el psicólogo la construcción social en torno al género masculino y femenino es el detonante para la violencia. “Al menos en Chile y en algunos estratos a la mujer se le trata como una  pertenencia. Como es tuya, tú haces y deshaces con ella”.

También explica que algunos de los mitos que giran en torno a la violencia hacia las mujeres están estigmatizados a la creencia de que estas la sufren porque “son ‘tontas’, o les gusta la situación o están acostumbradas” cuando la verdad detrás de esto es que la persona que sufre violencia es anulada e invisibilizada por su agresor.

Que el miedo no te paralice

Una mujer puede demorar hasta 10 años en reconocer que ha sido víctima de agresiones, la normalización de la violencia y los vacíos legales podrían convertir la denuncia hacia los agresores en una quimera, sin embargo, insistir en ella es la mayor forma de ratificar los derechos de las víctimas para cesar con la intimidación.

Abandonar el círculo de violencia  

A raíz de la pandemia el gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) reforzó los mecanismos de denuncia mediante el Plan de Contingencia de Atención, Protección y Reparación ante los efectos del COVID-19.

Las mujeres que se encuentren con su agresor y los testigos, familiares y redes de apoyo pueden denunciar el hecho y conseguir orientación llamando al teléfono 133 de Carabineros, Orientación en Violencia (1455), fono Familia de Carabineros (149), Policía de Investigaciones (PDI) al 134 y Fiscalía a través del 600 333 00 00.

Desde el mes de abril el SERNAMEG también ha establecido como herramienta de ayuda el Chat 1455 al que se puede acceder a través de www.sernameg.gob.cl. La plataforma funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y en caso de que una mujer esté en peligro se da aviso inmediato a Carabineros; las denuncias son atendidas por profesionales expertos y se canaliza el apoyo a víctimas por medio de los Centros de las Mujeres y otras instituciones del Estado, según se especifica en la página web del ente gubernamental.

“Hemos abierto todos los canales y coordinaciones; tenemos mesas interseccionales que permiten ir visualizando el comportamiento de la violencia hacia las mujeres en nuestro país y eso nos permite estar muy vigilantes y también muy ocupados en poder dar señales para que las mujeres puedan acceder a cada uno de los canales,  con el fin de que no se sientan solas para que entiendan que nuestro servicio está a disposición de ellas”, aseguró la jefa nacional del área de “Violencia contra las Mujeres” del SERNAMEG, Loreto Franco.

La funcionaria recuerda que también existen otras líneas como el WhatsApp Mujer al que se puede acceder a través del número +56 9 9700 7000. Esta línea ofrece atención permanente a las mujeres que se encuentran en situación de riesgo de manera directa, silenciosa, simple, confiable y privada para dar asistencia al momento. Lo mismo aplica para el Chat 1455 que funciona 24/7 en todo el país. Este es un servicio anónimo que no utiliza nombre ni perfil institucional para evitar represalias. También puede ser utilizado por vecinos y familiares de las víctimas que estén conscientes de las situaciones de violencia.

Otra de sus características es que en él las mujeres pueden encontrar orientación a las preguntas: ¿Cómo denunciar? ¿Cómo sé si estoy viviendo violencia? ¿Qué puedo hacer si estoy en confinamiento junto con el agresor? ¿Qué programas existen para ayudar a quienes viven violencia? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está viviendo violencia? Asimismo, se les ofrece contención emocional y se redirige a la víctima a grupos psicológicos, en caso de descartarse una alta situación de riesgo.

“Mascarilla 19” se suma también a las iniciativas con las que las mujeres pueden alertar que son víctimas de violencia. Estas palabras claves le facilitan ayuda a quienes no puedan acceder por otros métodos. Basta dirigirse a una farmacia y pronunciar el código ante los dependientes. “Hola tienes una Mascarilla 19 por favor” es la frase utilizada por el SERNAMEG en la campaña de esta técnica con la que el personal de las diferentes redes farmacéuticas del país pedirá los datos de la afectada y la pondrá en contacto con el fono 1455 o con Carabineros. Las víctimas pueden salir y buscar auxilio aun si están bajo cuarentena o toque de queda y no serán sancionadas.

“En el caso de que llegue una mujer a una farmacia con rasgos evidentes de que ha sido dañada físicamente o se encuentre en una situación desesperada emocionalmente, lo primero que debe hacer el farmacéutico es comunicarse al 149, fono de Carabineros de Chile para que se pueda resguardar a esta mujer”, precisó  Franco.

Entre las acciones de protección establecidas por el Ministerio de la Mujer en el Plan de Acción COVID-19 se detalla que se mantiene la continuidad de atención presencial y remota en Centros de la Mujer, 109 a nivel nacional y Centros de Violencia Sexual. Por su parte, las Casas de Acogida, 43 alrededor de todo Chile, se encuentran operativas a 100% con protocolos de protección y cuidado ante la pandemia.

Para los casos de violencia extrema se mantiene la operatividad de los abogados a lo largo de todo el país y el sistema de turnos remotos en línea durante la semana y fines de semana.

“En Chile la denuncia la puede hacer un tercero directamente, no hay ningún problema, al minuto en que se llame a la víctima para dar testimonio de los hechos debe ser ratificada (…) cualquier persona que sea testigo presencial o esté sospechando o evidenciando una situación de violencia o riesgo hacia la mujer, puede denunciar perfectamente”, aclaró la jefa nacional del área de “Violencia contra las Mujeres” del SenarmEG.

ONGS también ofrecen apoyo

Acción Mujer y Madre es una organización no gubernamental que brinda apoyo legal y psicosocial a mujeres en temas referentes a derecho de familia y violencia de género. Desde el 5 de abril iniciaron una campaña enmarcada en la pandemia e inicio del confinamiento, donde pusieron a disposición el contacto por WhatsApp a través de los números +56 9 50837422 (Chile) y el +54 9 264 5325010 (Argentina y Chile) como medio de ayuda y protección contra el maltrato hacia las mujeres.

Actualmente, la Corporación La Morada también es una de las instituciones de ayuda que se encuentra atendiendo casos de violencia contra la mujer a través de su correo lamorada@corporacionlamorada.cl y del teléfono +569 37070029.

Para Alejandra Espinoza, abogada especialista en Violencia de Género y Magíster en Violencia, la recomendación primordial hacia las mujeres es comprender que la violencia nunca es tolerable y siempre se deben buscar los mecanismos para salir de ella.

Existen instituciones que están destinadas por Ley para protegerlas y hay lugares para recibirlas. Hay casas de acogida, instituciones, ONG que acogen a las mujeres, el Servicio Nacional de las Mujeres los tiene; las fiscalías disponen de los medios para proteger a las víctimas con una unidad especial de protección. El Estado tiene a disposición de las mujeres servicios a los que pueden acceder cuando la vida está en riesgo”, señaló.

La abogada reitera que se debe insistir en las denuncias. “Un gran número de mujeres me dice: ‘¿Para qué voy a ir si el carabinero no me quiere tomar la denuncia?’ Yo les digo a esas mujeres que denuncien de todas maneras, porque el carabinero no es el juez, él no está ahí para juzgar si la denuncia tiene o no futuro. Insista porque es su derecho denunciar y poner término a la violencia”.

Igualmente, agrega que si bien los tribunales no están trabajando a su máxima capacidad, debido a la situación actual “los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia contra la mujer y contra los niños siguen siendo delitos urgentes” por lo que la víctima contará con protección, pues lo juzgados continúan con los controles de detención y los fiscales siguen trabajando.

La educación y la información marcan una base fundamental y un panorama completamente diferente ante los diversos tipos de violencia; comprender que la amenaza, la agresión física y el femicidio son las últimas y más graves consecuencias de un largo y paulatino abuso, así como identificar el perfil de un agresor permiten entender que una mujer no debe moldearse y dejarse de lado por una relación amorosa.

Para todas las mujeres que han logrado salir de una relación de maltrato es importante recordar que naturalizar la violencia es el error principal que podría alejarlas nuevamente de su derecho a ser felices

Parir sin protocolos de salud

El 15 de mayo de 2020 en un hospital público de Rancagua, Región de O’Higgins, ubicada en la gran zona central del país, falleció una mujer chilena de 35 años de edad. El resultado de su prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida por sus siglas en inglés como PCR, arrojó positivo al COVID-19.

Treinta y tres días antes había dado a luz a una niña y el 10 de mayo fue ingresada de emergencia al hospital de la ciudad, debido a su grave estado de salud. Su realidad se sumó a la lista de noticias del día. Daniela Zavando, secretaria regional del Ministerio de Salud (SEREMI) de la zona, definió el fallecimiento ante los medios como “una triste noticia” y señaló que la causa principal de la muerte había sido una endometriosis que se complicó en el parto.

Sin embargo, la denuncia hecha por la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, y por el personal hospitalario a cargo de este caso advirtió sobre la ausencia en las instituciones públicas de salud de un protocolo de protección y atención específico para mujeres embarazadas y en postparto, a pesar de que para la fecha en Chile transcurrían dos meses de la declaración del estado de emergencia por COVID-19. “El Ministerio de Salud tiene a las mujeres abandonadas a su suerte”, aseguró Román a la prensa ese 15 de mayo.

Tras perder a su madre, la recién nacida quedó en custodia de sus familiares.

Una de las formas menos reconocidas de violencia contra las mujeres es la obstétrica, que se refiere a toda situación donde la mujer sufre cualquier tipo de violencia durante el embarazo, proceso de parto y postparto.

En Chile existe un proyecto de ley que busca garantizar y proteger los derechos de las mujeres en su proceso de gestación y en el trabajo de parto y postparto, además de establecer sanciones para las personas u organismos que incurran en violencia ginecobstétrica.

La propuesta legislativa reposa en el Congreso chileno desde el año 2015 cuando fue presentada por las diputadas Marcela Hernando y Loreto Carvajal.

Entre las organizaciones sociales que promueven la lucha contra este tipo de violencia está el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) que “nace con la necesidad de visibilizar, denunciar y acompañar a las mujeres y sus recién nacidos; parejas, familias y profesionales de la salud que han sido víctimas de violencia obstétrica en las instituciones de salud pública y privadas de nuestro país”, tal y como lo establece en su sitio web.

Ante la situación crítica derivada de la pandemia por coronavirus, OVO Chile emitió un comunicado dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud para llamar la atención sobre el escenario que viven las mujeres que deben atravesar su embarazo, parto y postparto en medio de la crisis sanitaria del país.

“Solicitamos respuestas efectivas para garantizar derechos básicos de las mujeres y recién nacidos durante la gestación, parto y puerperio a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19”, expresó la carta abierta publicada el 1 de junio.

El principal motivo de esta comunicación recoge una preocupación que se ha convertido en un problema de atención sanitaria. Hasta la fecha de este reportaje, Chile carece de un protocolo para la atención de embarazadas y partos en contexto de la pandemia. Sea que las mujeres en estado tengan COVID-19 o que acudan a un centro asistencial donde hayan otros pacientes contagiados con el coronavirus.

En este contexto las organizaciones exigen a la autoridad sanitaria establecer en el corto plazo: “Guías Clínicas y protocolos de atención de gestación, parto y puerperio en situación de emergencia sanitaria COVID-19”, al tiempo que demandan la “satisfacción de necesidades básicas y respeto de los derechos humanos de las mujeres y sus bebés durante el trabajo de parto y puerperio (incluida cesárea)”.

El OVO Chile asegura que durante la pandemia aumentó de manera preocupante los casos de violencia obstétrica en el país. Para hacer seguimiento a este problema, en abril comenzaron a levantar un informe (catastro) en 101 establecimientos de salud chilenos.

El resultado lo califican como nada alentador, ya que evidenciaron retrocesos en la materia. La incidencia de violencia obstétrica se incrementó significativamente en los centros de salud públicos. Una de las situaciones más comunes fue impedir a las mujeres el acompañamiento de alguien que las apoyara durante el proceso parto y postparto, por lo que debieron dar a luz solas. Según los reportes de la ONG esta situación se registró en 46% de los hospitales públicos del país.

Estas medidas aplicadas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo COVID-19 son injustificadas para el OVO que destaca la actuación de los centros de salud, donde sí se implementaron protocolos para garantizar el acompañamiento en el parto y postparto y en los que no se reportaron un incremento en los casos de contagio, al permitir que las mujeres estuvieran asistidas por alguien.

Impedir el contacto inmediato al momento de nacer, separar a las madres y sus hijos tras el alumbramiento es otras situación que vulnera los derechos de las mujeres y sus recién nacidosEsta es una realidad que también se ha presentado durante la cuarentena “incluso en casos que ni siquiera son sospechosos de COVID-19, sin ninguna justificación clara y contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (…) y de los compromisos del Subsistema Chile Crece Contigo”, alertó la organización.

Todas estas situaciones en confinamiento llevaron al Observatorio a exigir a las autoridades sanitarias que garanticen la seguridad del personal de salud que atiende a embarazadas y partos como las matronas, ya que han registrado reportes de hospitales y Centros de Salud Familiar (Cesfam) en los que el personal carece de implementos básicos para la protección ante el COVID-19.

Asimismo, solicitaron que se garantice la adecuada atención a mujeres embarazadas y recién nacidos en las residencias sanitarias, lugares donde deben pasar la cuarentena personas de escasos recursos.

“Hacemos un llamado enfático a que el Ministerio de Salud y las autoridades competentes respondan a estas cuestiones para garantizar la atención de gestación, parto y puerperio basada en derechos que tanto dicho Ministerio como el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo promueven hace más de una década”, expresó el OVO Chile en el comunicado.
 
A esta realidad de violencia gineco-obstétrica en el país se le suman otras violencias sufridas por las mujeres en Chile que se manifestaron, de manera física, psicológica y económica, gravemente en el marco de la pandemia. Estas son sus historias…

Angustia en la distancia

El último mensaje que Claudia [*] pudo enviarle a su hermana fue una foto de su labio hinchado luego de que su novio la golpeara. A pesar de vivir en Santiago de Chile, la capital del país, Claudia recurrió a su familia en Venezuela para pedir ayuda. Esto ocurrió durante el mes de abril de 2020.

En un cité ubicado en Santiago Centro, como se le conoce en el país a las viviendas colectivas, Claudia convive con su pareja. Un hombre también venezolano, de 24 años de edad. Ella tiene 21 y la realidad de una relación conflictiva, marcada por el abuso, solo se agravó más en cuarentena.

Las fuertes discusiones desencadenaron una actitud cada vez más agresiva por parte de su pareja hacia ella. “Me quita el teléfono por horas, si no se pueden comunicar más conmigo es porque estoy viviendo esto”, fueron las palabras que acompañaron la imagen de la agresión y las que hicieron que la hermana de Claudia buscara ayuda en la organización Acción Mujer y Madre, al día siguiente cuando ya no supo más de ella.

Con las pruebas, los representantes de la ONG gestionaron una red de alerta y contactaron a Carabineros de Chile, quienes se dirigieron a la vivienda en donde, a pesar de insistir, no les abrieron la puerta. Tampoco recibieron ayuda de los vecinos. Sin una orden judicial los policías no pueden ingresar a una casa, aunque se denuncie violencia hacia una mujer. Una realidad que por ley se convierte en la norma para Chile, incluso en cuarentena donde la mujer fue más vulnerable al quedar en manos de su agresor.

Actualmente, Claudia sigue en compañía de su pareja. No quiso continuar acciones legales, ni concretar una denuncia contra él. Mientras su familia lidia con la incertidumbre de saber si ella está o no bien.

El caso de Claudia es muy similar al de Rosa, una mujer peruana de 27 años de edad, quien durante la misma fecha, justo un año antes, también acudió a su hermana en búsqueda de ayuda. Desde la población de Parinacota, ubicada en el sector de Quilicura en la Región Metropolitana de Santiago llamó a Perú, tras lograr escapar por unas horas de su agresor, un hombre chileno de 31 años con el que tuvo un hijo de 4 años. En la breve llamada que hizo a su hermana solo alcanzó a comentarle que tanto ella como su pequeño estaban viviendo fuertes maltratos por parte de su pareja.

Rosa llevaba más de cinco años de relación siendo víctima de violencia por parte de este hombre, dedicado al trabajo de obras públicas y a quien se le conoció por ser de buen trato y tranquilo.

Con ayuda de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como Acción Mujer y Madre, Rosa tomó acciones legales ante tribunales. Logró empacar sus cosas y quedarse con la custodia de su hijo. Durante algunos meses vivió en una casa de acogida en la comuna de San Bernardo. Tras un acuerdo con el padre del niño, en el que debió retirar ciertas denuncias hechas en su contra, se le autorizó finalmente la salida del país. Ahora Rosa reside en su natal Perú junto a su hijo.

Heridas que no se ven

Para las víctimas de violencia, los días en confinamiento intensificaron las ofensas, el acoso, el hostigamiento y las amenazas. Incluso sin contacto físico. Paradójicamente, también la humillación de ser ignoradas al punto de sentirse anuladas por completo.

La situación es la misma en todos los estratos sociales y nacionalidades. Mucho peor si la mujer depende económicamente de su agresor. Michelle lo sabe muy bien.

Desde antes de la cuarenta ya vivía en aislamiento social. Ella es chilena y actualmente sigue conviviendo con su agresor, quien se ha encargado de limitar su contacto con el mundo exterior desde antes que las palabras “pandemia” y “coronavirus” fueran parte de vocabulario colectivo.

Su situación es de total dependencia tanto económica como emocional y con su familia, ubicada en otra región del país, Michelle solo pudo contactar por teléfono a un centro de ayuda, pues comprar un pasaje para volver a su ciudad y escapar de la violencia aún no está entre sus opciones. Su caso actualmente lo lleva la Corporación La Morada.

La manipulación y violencia psicológica durante el confinamiento también ha sido experimentada por mujeres que actualmente no comparten vida de pareja, ni un hogar con los agresores, es decir, exparejas.

Según Alejandra Espinoza, abogada especialista en Violencia de Género, la mayoría de los casos que asesoró durante la pandemia son los de mujeres que han sido víctimas de violencia y tienen un vínculo en común que no pueden romper con el agresor: sus hijos.

Tratan de intimidarlas muchas veces por la fuerza con el ‘te voy a quitar a los niños’. Entonces, tengo a mujeres muy asustadas con el tema de la pandemia y que los niños vayan a estar fuera de su resguardo. De esto tengo muchas consultas diarias. Es una forma de seguirlas agrediendo, aunque no comparten la casa reciben violencia psicológica. Las mujeres que me consultan por estas amenazas están aterradas y eso implica que los agresores siguen teniendo el control sobre ellas. Vale decir que son agresores que salieron de esos hogares por hechos de violencia precisamente”, afirmó Espinoza.

La especialista reitera la importancia de que las víctimas insistan en las denuncias. “Es su derecho hacerlo para poner fin a la violencia que viven porque sí se puede. Sí es posible también conseguir justicia y romper el ciclo”.

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de las víctimas.
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