Brasil

Autoras: Manuela Allegro Etchepare | Jesenia Freitez Guedez
Ilustración: Grecia Nexans | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

Atrapadas y desatendidas por el Estado

En confinamiento las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reportaron diversos casos de víctimas que no fueron recibidas en las Casa de Refugio. Entretanto, el número de denuncias por violencia doméstica en la línea 190 de la Policía Militar que atiende las emergencias en el país, presentó un incremento de 44% en los pedidos de auxilio

Brasil, un país que se niega a contar la violencia hacia sus mujeres

La violencia física fue la más frecuente durante la cuarentena. Expertas y organizaciones consultadas para esta investigación observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas”

São Paulo – La violencia de género en Brasil presenta un escenario alarmante para las mujeres que se intensifica en tiempos de distanciamiento social, según las estadísticas de las organizaciones civiles. Durante la cuarentena, ellas han enfrentado dificultades para recurrir a las estaciones de policía y el feminicidio aumentó dramáticamente 22.2% en comparación con 2019, de acuerdo con la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública que además registra en sus informes un aumento de 36% en las denuncias de violencia que llegaron a través de la línea 180, conocida por ser el Centro de Servicios para la Mujer.
 

La pandemia del COVID-19 sorprendió a un país que en 2019 reportaba el asesinato de una mujer cada siete horas, de acuerdo con el Monitor de Violencia del Portal G1 que ha seguido de cerca el tema. Brasil aplicó desde el mes de marzo algunas medidas de distanciamiento social por escala y de forma irregular, pues pocos estados paralizaron actividades. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro se negó a declarar la cuarentena obligatoria.

En este contexto nada impidió que las mujeres fueran asesinadas por sus parejas o exparejas y menos que fueran víctimas de agresiones. El aumento de casos de feminicidio en algunos estados es un ejemplo de ello: las cifras revelan un incremento de 700% en el estado de Maranhão; 400% en el estado de Mato Grosso y 300% en Río Grande do Norte (solo en el mes de marzo).

Vale la pena señalar que se trata de estados con un pequeño número de habitantes en relación con las demás entidades del país como lo muestra el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En el caso de la población de Maranhão: 7.075.181; Mato Grosso: 3.484.466 y Río Grande do Norte: 3.506.853 habitantes.

En contraste, el aumento en el número de muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta en la ciudad de São Paulo fue menor, ya que tuvo un incremento de 53.8% de los feminicidios, pese a concentrar una población de 45.919.049 personas.

Los rostros de esta violencia incluyen a Aline Albuquerque do Santos, asesinada en su hogar el pasado 8 de junio en el barrio de Jaguaré, en el oeste de São Paulo. La mujer que fue encontrada envuelta dentro de una manta, le había informado a su familia que venía sufriendo violencia a manos de su pareja Antonio Gonçalves Ferreira, con quien tenían más de un año de relación, indicaron informes de prensa.

“Si están calladas, son golpeadas, pero si dicen que se van, mueren. En general, los casos de feminicidio ocurren cuando la mujer dice ‘me voy’”, expresó Dora Lorch, maestra en Psicología Clínica en la Universidad Católica Pontificia de São Paulo (PUC-SP) y coordinadora de Florescer da Fábrica, un proyecto preventivo de la violencia doméstica en Brasil.

En plena pandemia la violencia hacia las mujeres cobró la vida también de una médica de 59 años. La doctora Lúcia Regina Gomes Mattos Schultz fue asesinada el 20 de marzo en el centro de Itapema, municipio del estado de Santa Catarina, por su esposo Nelson Pretzel de 65 años, quien confesó su autoría.

“Perdimos a un médico dedicado a la salud de las personas en Santa Catarina. Perdimos a otro buen compañero de trabajo. Dejamos nuestro abrazo fraternal a familiares y amigos”, indicó en un comunicado Cyro Soncini, presidente del Sindicato de Médicos del Estado de Santa Catarina, SIMESC.

La huella de la violencia tocaría también a Rosemilda Maria de Souza de 45 años, asesinada por arma de fuego en Cabo de Santo Agostinho, en la región metropolitana de Recife. Quince disparos dentro de su casa cegaron su vida el jueves 21 de mayo del 2020, según reportes de prensa.

La jueza Adriana Ramos de Mello, titular del 1º Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer en Río de Janeiro, asegura que la mayoría de las mujeres que son víctimas de feminicidio se negaron a buscar justicia por temor, por vergüenza, porque desconocen cómo hacerlo y porque carecen de información, pues “tienen miedo de la familia y del juicio social”.

Homicidios que quedan por fuera

Las dificultades en el tratamiento de homicidios de mujeres impiden que la Policía y el Poder Judicial los clasifiquen como feminicidio, lo que resulta en menos datos sobre estas muertes violentas en el país. Por ejemplo de los 3.739 homicidios de mujeres que hubo en 2019, solo 1.314 (35%) fueron categorizados como feminicidios en Brasil.

“Es un problema de aplicación de la ley por la resistencia de algunos a comprender qué es el feminicidio. Primero, los informan como homicidio y luego se corrige, por eso es muy importante registrar adecuadamente estos delitos”, dijo De Mello.

Para la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública el caso que más llama la atención es el del estado de Ceará, donde se registraron 36 asesinatos de mujeres entre marzo y abril del año pasado y en el mismo período de este año contabiliza 61 víctimas.

“Estos datos son aún más preocupantes cuando encontramos que solo 6.6% de todos los asesinatos de las mujeres fueron clasificados como feminicidios en Ceará, lo cual es muy poco probable y puede revelar un subregistro de este delito en el estado”, destacaron en su Informe sobre la Violencia Doméstica durante la Pandemia de COVID-19.

El impacto de perder una madre

El feminicidio de una madre, además de golpear a la familia, deja a los niños emocionalmente sacudidos y sin apoyo psicológico, lo que perjudica severamente su desempeño escolar y afecta su futuro académico y profesional, advirtió la psicóloga Kátia Rosa, consejera dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres del Instituto Justiça de Saia.

“El niño ve el evento de una manera destructiva y sufre un impacto negativo por el resto de su vida. Quedan huérfanos y generalmente a cargo de las abuelas mayores, sin recursos ni beneficios sociales. A ellos se les deja sin apoyo para lidiar con las consecuencias psicológicas y emocionales y así están destinados a reproducir esta violencia”, alertó la jueza Adriana de Mello.

“Si un país se niega a mirar a sus mujeres, quienes son más de la mitad de la población, entonces a quién mira”, cuestionó Rosa.

Las más vulnerables

En Brasil nacer mujer, “negra”, pobre y ser joven hace a las mujeres más vulnerables a sufrir violencia, explicó la jueza Adriana de Mello, quien sigue identificando este perfil en los casos diarios que atiende desde antes y durante la cuarentena mundial. Otro ejemplo de esto se puede observar en el número de llamadas que fueron recibidas por las líneas de ayuda de la organización Justiceiras, de ellas 52% de las víctimas se declararon afrodescendientes.

“En segundo lugar tenemos a las mujeres ancianas y de color. Les siguen las mujeres blancas, pobres, jóvenes y de la tercera edad”, coincidió la psicóloga Kátia Rosa

En los sectores más vulnerables la violencia física aumentó en la cuarentena, situación que coincidió con la caída de los ingresos económicos dentro de los hogares, de acuerdo con los reportes obtenidos por las organizaciones. Los esposos descargaron en la familia sus frustraciones, aseguró Nayana Cambraia, asesora parlamentaria de la Cámara Legislativa del Distrito Federal y líder nacional del Proyecto Justiceiras creado para acoger a víctimas de violencia doméstica en cuarentena por la promotora de justicia (fiscal) de São Paulo, Gabriela Manssur.

Las llamadas por violencia doméstica a la línea 190 de la Policía Nacional presentaron un incremento de 44%, lo que se tradujo en 9.817 llamadas que recibió en el mes marzo de 2020, en comparación con las 6.775 que hubo en todo el 2019 solo en el caso de la ciudad de São Paulo, afirman datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Tipos de violencia

La jueza De Mello aseguró que la violencia física fue la más frecuente. Se trata de una situación que ya caracterizaba a Brasil desde antes de la pandemia, tal como lo indican las cifras del Instituto Maria da Penha.

Cada 7.2 segundos una mujer es víctima de violencia física” en Brasil, según la organización que supervisa la implementación y el desarrollo de prácticas y políticas públicas para cumplir con las leyes que garantizan los derechos de las mujeres víctimas de violencia en el país.

Entre las llamadas recibidas en el centro de ayuda que habilitó la organización Justiceiras, 41% fueron por amenazas; 39% violencia física; 28% violencia patrimonial y 10% de violencia sexual.

Las expertas y organizaciones consultadas para esta investigación observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación, de una manera más cruel por parte del agresor, fueron frecuentes, coinciden. En especial, en los casos que fueron recibidos por el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también por las instituciones defensoras de la mujer.

Datos de la ONG Justiceiras publicados el 20 de junio detallan que 49 % de los agresores que registraron en las denuncias eran parejas o novios; 37 % exparejas o exnovios y 8 % miembros de la familia (padres y padrastros). En 25 % de los casos los agresores tuvieron acceso a los teléfonos celulares de las víctimas, lo que les dificultó pedir ayuda.

Al menos 1.000 mujeres fueron víctimas en confinamiento en 23 de los 26 estados de Brasil. De ellas, ocho de cada 10 mujeres informaron haber sufrido violencia en el hogar. De cada 10 mujeres, seis tienen entre 21 y 40 años de edad, según datos de la ONG. De igual manera, 49% dijo que nunca había denunciado al agresor, mientras que 25% informó haber sufrido violencia también a través de los medios digitales.

Palabras que matan

La violencia psicológica fue la segunda con mayor frecuencia que se registró en tiempos de cuarentena. Esta se expresó en el aumento de las llamadas que revelaron mujeres atemorizadas por amenazas, humillaciones y desprecios, señalan datos de las organizaciones que atendieron a las víctimas. En el caso de la ONG Justiceiras, 86 % de las violencias denunciadas fueron de tipo psicológica. Las estadísticas de la organización señalan, a su vez, que 30 % de las mujeres buscaron desahogarse con familiares y amigos, pero evitaron denunciar.

“Es la forma de violencia que es más difícil de probar, especialmente porque las mujeres que la sufren a menudo son inconscientes de que se trata de una forma de violencia y así terminan siendo víctimas de esta condición durante años”, explicó la jueza Adriana de Mello al referirse a los desafíos que deben enfrentar las mujeres antes y después de la cuarentena para probar en los juzgados que son víctimas de esta violencia.

El encierro de parejas en los extractos con mayores recursos y de clase media resultó también en un aumento de la violencia psicológica y patrimonial. Esta es entendida como la retención o destrucción de sus objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, valores y derechos o recursos económicos, incluidos sus necesidades, indica el Instituto Maria da Penha.

La violencia moral siguió ocupando el tercer lugar entre los tipos de violencia más frecuentes en Brasil. Ocurre cuando se lastima el honor subjetivo de la mujer al tratar de disminuirla. Las verbalizaciones que lastiman su autoestima y resultan en el desarrollo de problemas psicológicos como la depresión o el síndrome de pánico, relató la jueza Adriana.

La situación se agravó también durante el aislamiento por la reducción de los servicios para proteger a las mujeres que prestan organismos del Estado y ONG. Los reportes de las organizaciones señalan que muchas mujeres se quedaron con pocas opciones para pedir apoyo y atención.

“Esto compromete tanto el cuidado de las mujeres sobrevivientes de violencia que ya disfrutaban de los servicios, como a las mujeres que enfrentan violencia por primera vez en este tiempo”, señaló Kátia Rosa, psicóloga y líder nacional del Proyecto Justiceiras.

De acuerdo con datos de la organización hasta el 3 junio se contabilizaron 1.210 llamadas de mujeres pidiendo apoyo. Además de 175 registros de denuncias policiales y 43 medidas de protección. 25 % fue de asesoramiento psicológico, 23 % de pautas legales; 15 % pautas de asistencia social y 21 % de soporte y red de recepción.

Informes policiales hacen invisibles las denuncias

El informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública detalla una reducción considerable tanto en el número de registros policiales reportados en ese período, como en las solicitudes de medidas de protección urgentes, un recurso judicial que las mujeres pueden solicitar para garantizar su protección.

Los registros de informes policiales en todos los estados presentaron una reducción en promedio de 25.5% para marzo y abril de 2020 en relación con el mismo periodo en 2019. Sin embargo, datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestran un aumento de 51.4% en los arrestos en flagrante por incumplimiento de las medidas de protección, que es clasificado como delito.

El aumento de las llamadas a la Policía Militar por el número 190 y la reducción del número de registros en la Policía Civil pone de relieve la dificultad de utilizar las estaciones policiales para hacer un informe ante las autoridades.

Residentes fuera de los centros urbanos tienen muy pocos medios de acceso a plataformas digitales, a menudo limitados a un solo teléfono celular para uso comunitario de la familia. En estos casos las familias muy numerosas están confinadas en un espacio muy pequeño, lo que dificulta a las mujeres poner una denuncia en situaciones de violencia.

Para que una queja sea oficial, la mujer debe ir a una Estación de Policía Civil o Estación de Defensa de Mujeres y registrar un informe policial. En el contexto de la emergencia sanitaria mundial las estaciones mantuvieron su funcionamiento normal y también comenzaron a ofrecer la opción de realizar informes vía electrónica.

Pero la falta de acceso a Internet y la compañía constante de sus agresores hicieron imposible para las víctimas reportar sus denuncias por medios electrónicos. Por lo tanto, las mujeres en tentativa de escapar del ciclo de violencia tuvieron que luchar dos veces por sus vidas: contra el COVID-19 y contra la violencia en el hogar.

La única alternativa era salir de la casa en busca de una estación de policía con medios de transporte reducidos y una mayor exposición al virus en un escenario de crisis de salud pública, puntualizó la abogada Sueli Amoedo, quien coordina los derechos de las mujeres en Taboão da Serra en el estado de São Paulo.

“Además, es necesario tener en cuenta que solo 11% del territorio nacional está equipado con organismos de protección a la mujer”, dijo.

La psicóloga Kátia Rosa señala también que la mujer es desalentada por parte de la policía a presentar denuncias contra el agresor, mientras que aquellas que se atreven a hacerlo ven cómo sus casos suelen ser tratados sin prioridad. La falta de atención a las denuncias a menudo terminan resultando en feminicidio, advierten las especialistas.

Brasil es el quinto país del mundo con más muertes de mujeres de manera violenta, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina Regional de la ONU para Sudamérica.

“Para una mujer en una situación de violencia en Brasil, cada minuto puede hacer la diferencia“, añadió Sueli Amoedo, también presidente de la Virada Feminina del municipio Taboão da Serra, un movimiento nacional e internacional para fortalecer y conectar iniciativas de empoderamiento femenino.

Obstáculos para acceder a la justicia

La jueza Adriana de Mello explica que las mujeres brasileñas de las clases sociales más bajas sufren a diario la falta de acceso a recursos fundamentales como el sistema de salud, educación, justicia y acogimiento para mujeres. Especialmente aquellas que viven en comunidades violentas en grandes centros urbanos como Río de Janeiro, São Paulo y Manaus.

“La mujer negra que ha sido puesta debajo de la pirámide social es la que más sufre. Enfrentada a la desigualdad social, racial y de género en un país con falta de políticas y servicios para la inclusión de la población negra”, informó.

La mayoría de las mujeres de bajos ingresos trabajan en el mercado informal sin contrato de trabajo, así que se encuentran sin recursos para enfrentar la pandemia. Dora Lorch, magíster en Psicología Clínica, relaciona las dificultades financieras directamente con las quejas de violencia.

“Las mujeres evitan informar de lo que les sucede porque temen ensuciar el archivo de su esposo. Es difícil conseguir un trabajo con un historial sucio y la mayoría de ellas dependen económicamente de su pareja”.

La división desigual de las tareas domésticas, que sobrecarga especialmente a las mujeres casadas y con hijos, demuestra cómo el entorno familiar es otra esfera del ejercicio del poder masculino”, se lee en el artículo “Aislamiento social y aumento de la violencia, ¿qué nos revela?”, publicado apenas en abril de 2020.

El documento indica que la mayoría de las veces la presencia de hombres en el hogar para nada “significa cooperación o una distribución más armoniosa de las tareas entre toda la familia, sino un aumento en el trabajo invisible y sin remuneración de las mujeres”.

“Las mujeres son la mayoría de la población brasileña y constituyen la mayoría de la fuerza laboral de salud. Por lo tanto, tienen un papel fundamental en la superación de la pandemia y sus graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales”, continúa el artículo.

Cifras de la organización Justiceiras aseguran que 50% de las mujeres que fueron atendidas en las denuncias por las líneas de ayuda se encuentran desempleadas; 15% son trabajadoras independientes y cuatro de cada 10 tienen un ingreso igual a un salario mínimo (Reales $1.045), mientras 38% carece de un ingreso fijo.

Ausencia de cifras dificulta atención

La jueza asegura que una mujer se atreve a denunciar cuando ya ha superado todas las barreras internas y externas, pero cuando se enfrenta a un oficial de la policía tiende a ser víctima de violencia institucional.

“Sufre por falta de atención de calidad. Por el contrario, es juzgada, desacreditada y perjudicada por los estereotipos de género. Estos han sido fuertemente construidos en Brasil y forman una barrera que está arraigada dentro del sistema de justicia general”.

Por otra parte, la dificultad para obtener datos precisos y consistentes en violencia de género, y en especial en el seno de la familia, siguen haciendo invisibles a las víctimas, así lo confirman organizaciones, activistas e incluso miembros del poder judicial.

Es una constante la falta de comunicación entre las estaciones de policía y los organismos de protección y por lo tanto, los datos producidos no representan el escenario real de la violencia de género que se experimenta diariamente en Brasil.

Al analizar el aumento de las quejas, la reducción en los registros de la estación de policía y los crecientes casos de feminicidio en cuarentena, autoridades como organizaciones y activistas coinciden en que hay una cifra oculta detrás de la violencia doméstica, consecuencia de dos fenómenos: la dificultad de obtener y generar datos y el subregistro de casos.

Las redes sociales se han convertido en los mecanismos alternativos de denuncia y obtención de información ante la ausencia de los registros oficiales. Tanto así que, según una encuesta publicada por el Foro de Seguridad Pública en alianza con la compañía Decode, hubo un aumento de 431% en los informes de peleas entre vecinos publicados entre febrero y abril de 2020. Los datos destacan por su ausencia en los registros de las policías.

La encuesta hizo una evaluación sobre un universo de menciones en la red social que relataban conflictos vecinales. Entre ellos 52.000 menciones correspondieron a situaciones de violencia ocurridas en ese periodo, de manera general. No obstante, 5.583 menciones fueron solo de violencia doméstica. Además, 25% del total de reportes de peleas en pareja se realizaban los viernes; 53% fueron publicados por la noche o al amanecer, entre las 8:00 pm y las 3:00 am, y 67 % de los informes fueron de mujeres.

A juicio de la psicóloga y líder nacional del Proyecto Justiceiras, Kátia Rosa, existen organismos que trabajan para combatir el aumento de la violencia contra las mujeres que sigue aumentando cada año en Brasil. Entre ellos el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Sin embargo, las víctimas siguen lidiando con la falta de capacitación de las policías y autoridades políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Casas de refugio

Los refugios para mujeres víctimas de violencia, llamados Casas da Mujer Brasileñas, están ubicados en al menos siete estados de Brasil que suman nueve unidades en el territorio nacional. Cada unidad cuenta con: un tribunal especial, fiscalía especializada, núcleo especializado de Defensor Público, Comisaría Especializada de Atención a la Mujer, acomodación, biblioteca de juguetes, apoyo psicosocial y formación para la autonomía económica.

Sin embargo, el número de denuncias en tiempos de pandemia elevó a la población de las víctimas que acuden a estos lugares.

“Los tres refugios en el Distrito Federal, la capital del país, están llenos. Con un total de 64 plazas actualmente sólo seis están disponibles sin contar la lista de espera. La mayoría de las mujeres que los ocupan son de escasos recursos”, sostuvo Nayana Cambraia.

La experiencia es diferente en cada estado. Según la jueza Adriana de Mello solo 40% de las vacantes en la Casa da Mujer Brasileña en São Paulo están ocupadas.

Agrega que también se han dado casos de mujeres que, por el contrario, se resisten a recurrir a los refugios. “Como es un lugar confidencial se ven obligadas a alejarse de su familia y su vida. A menudo se queda sin actuar y prefiere no ir a estos lugares debido a sus hijos, a quienes solo se les permite permanecer hasta la edad de 13 años”.

La abogada Sueli Amoedo agrega: “Es el último lugar buscado. La mujer termina perdiendo aún más su libertad cuando tiene que acostumbrarse a vivir en el refugio. Para que la recepción de las mujeres sea efectiva, es necesario pensar en otras soluciones que sean más fáciles de acceder”.

Políticas públicas sin enfoque de género

En opinión de la jueza Ramos de Mello, el problema de la violencia de género se agrava en Brasil por la falta de una política de Estado que valore la importancia de evitar más muertes de mujeres. Destaca la ausencia de “inversión pública en políticas nacionales de prevención y asistencia”. Además dijo se evidencia “la falta de un plan nacional” para combatir la violencia que abarque las áreas de salud, educación, vivienda, ingresos y empleo.

“Observo una gran fragilidad para las mujeres en ese momento, que exigen la urgencia de acción por parte de todas las esferas del gobierno para hacer posible la transformación de la mentalidad brasileña que es sexista, patriarcal y aún cree que la mujer tiene que cumplir un rol social de sumisión y subordinación. Hoy en Brasil toda la esperanza está en el sistema judicial”, sostuvo.

La Jueza Adriana de Mello menciona el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), una institución pública que tiene como objetivo mejorar el trabajo del sistema judicial brasileño y poner en marcha políticas judiciales para combatir la violencia de género. “Pero es necesario recordar que es el único organismo nacional de poder que está implementando una política para resolver el problema de género. No tener un plan a nivel Ejecutivo que provenga de una agencia federal importante, pensando en una política de atención a las mujeres brasileñas, hace que el Estado pierda y las mujeres también”, enfatizó.

Hablar siempre es un buen primer paso para escapar de la violencia

Con frecuencia la mujer que vive violencia se siente aislada de la sociedad, con poca empatía de sus allegados y con la duda constante sobre cómo enfrentar el problema. Para Nayana Cambraia, asesora de la Cámara Legislativa del Distrito Federal, el primer paso para apoyar a una mujer que sufre violencia es hacerla sentir que no está sola; fortalecer las redes de apoyo e informarle sobre cómo y dónde buscar servicios de soporte.

Para Kátia Rosa, psicóloga y líder nacional del proyecto Justiceiras, el problema comienza con la mujer que desconoce el ciclo de violencia doméstica porque quiere perdonar al agresor y encontrar una salida. Rosa explica que la víctima siempre cree que tiene el poder de transformar la situación y “arreglar a ese hombre”.

“Debe saber que no va a arreglar a nadie, ser consciente de que se mantiene como rehén en su propia jaula. Peor aún ella cree que es responsable de todo y se culpa a sí misma. Tiene que aprender a cuidar de ella y de sus hijos para evitar que puedan repetir los patrones que generan este ciclo de violencia”, expresó.

La mujer que está dispuesta a informar sobre la situación que vive ya ha dado el paso principal para salir del ciclo de violencia y está dispuesta a liberarse. “No te detengas, estás en la puerta, vuela y descubre tu potencial nuevamente”, agregó la psicóloga.

Dar apoyo es primordial

Ante el cúmulo de dificultades personales que enfrentan las mujeres que son violentadas, el papel de sus conocidos es fundamental para que ellas pierdan el miedo.

“Nunca dudes de los signos. Si ves a una mujer angustiada, con ropa que oculta parte de su cuerpo, lejos del entorno social y poniendo varias excusas, trata de estar atento, es probable que esté siendo maltratada. Asegúrate de ayudar, ya que puedes estar salvando una vida”, comentó la líder de Justiceiras.

El proyecto que reúne a más de 1.200 voluntarias como abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales ha coordinado esfuerzos durante el confinamiento mundial para mantener informadas a las mujeres sobre cómo actuar y denunciar a sus agresores.

Es importante dar la bienvenida a las víctimas y no juzgarlas, refiere la abogada Sueli Amoedo. Hay que actuar con sororidad, es decir, empatía y hermandad entre mujeres.

“Debemos saber que algunas no quieren separarse y es necesario fortalecerlas para romper el ciclo de violencia, que conozcan las opciones para protegerse en el vecindario, en el municipio y en el estado”.

También existen otros servicios de ayuda para las víctimas. Por ejemplo está la línea 180 que conecta con el Centro de Servicios para la Mujer las 24 horas del día y que las dirige a servicios especializados. Además la línea 190 que dirige a la Policía Militar; en este caso el servicio puede ser activado por la víctima o cualquier ciudadano.

“Necesitamos actuar para fortalecer a las mujeres, convencerlas de que son importantes y del valor que tienen. Comenzar por sacarlas de la situación de riesgo y proveerles apoyo psicológico para que puedan reestructurarse “, apuntó Nayana Cambraia.

“Es esencial que las mujeres sean las protagonistas económicas de sus vidas para salir de una situación de violencia”, enfatizó la promotora del proyecto Ela Pode (Ella Puede), el mayor programa de capacitación para mujeres en Brasil llevado a cabo por el Instituto Red Mujer Emprendedora. Además es importante informarles sobre la planificación reproductiva y métodos anticonceptivos, dijo.

Conversación con la sociedad

Las organizaciones defensoras de la mujer, así como activistas y autoridades señalan que es necesario llevar la conversación de la violencia doméstica a todos los círculos de la sociedad.

Asimismo, abordarlo en los canales de información y espacios de las redes sociales y publicar campañas permanentes que alienten la prevención. Es extremadamente importante alentar a las mujeres que han logrado superar el ciclo de violencia para que hablen y puedan inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, añadió Cambraia.

Las ONG proponen fomentar proyectos como Caminho das Flores que trabaja para capacitar y sensibilizar a los agentes de policía sobre la violencia contra las mujeres. De este modo, refiere la promotora de Ela Pode, pueden acercarse, guiar y dar la bienvenida a las mujeres en situaciones de violencia de forma humanizada.

El proceso no es simple, según Dora Lorch, Master en Psicología en PUC-SP, para finalizar el ciclo de violencia doméstica se requieren dos años de monitoreo psicológico semanal, de modo que las mujeres dejen de ver la violencia como algo natural.

Por ello recomienda buscar ayuda profesional, pues la víctima “necesita ser reeducada. Aprender que puede expresarse, hablar, investigar y decidir asuntos cotidianos simples como una situación en la escuela de sus hijos, sin tener que hablar con su esposo o tener miedo de tomar decisiones por su cuenta y equivocarse”, expresó la especialista con más de 25 años de experiencia en el tema de violencia doméstica.

El poder de la denuncia

El efecto que tiene en la sociedad una mujer que denuncia es sumamente relevante, pues invita a otras a hacer lo mismo y muchas veces deriva en proyectos que ayudan a mitigar la violencia.

“Cuando una mujer rompe la barrera de la violencia, generalmente lleva a toda la familia con ella. Se ve como un ejemplo de autonomía y demuestra la posibilidad de romper el ciclo de la pobreza. Hace que la familia participe en la oportunidad de ascender socialmente”, sostuvo Nayana Cambraia.

Este fue el caso de una joven sobreviviente de violencia que en 2018 comenzó a recolectar pinturas, reclutando mujeres que sabían pintar y crearon una cooperativa de pintoras que después se convirtió en una escuela en la región Sobradinho del Distrito Federal, capital de Brasil. Tiempo después se observó una disminución de 68% en la violencia en el vecindario que también tuvo un efecto en los jóvenes que mejoraron su rendimiento escolar.

“A través de su trabajo y desarrollo las mujeres son un generador de ingresos para la familia y el país. Una mujer activa, ya sea una artesana, una doctora, una trabajadora doméstica es una fuerza laboral y contribuye a la educación y al desarrollo de su función en beneficio de la sociedad”, expresó la psicóloga Kátia Rosa.

Abandonadas a su suerte

Por una década soportó los golpes e insultos de su esposo. En medio de su dolor dejaba pasar los maltratos de su pareja, se refugiaba en los quehaceres del hogar y en sus cinco hijos incluyendo a uno de 27 años, quien tiene necesidades especiales.

Ella, una mujer de 55 años, vive en el barrio Gama en el Distrito Federal de Brasil, el país más poblado de América del Sur y donde solo en 2019 hubo 263.067 casos de violencia doméstica, de acuerdo con los registros del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

La violencia propinada por su esposo hace mucho que dejó de ser un secreto para quienes la conocen. En ocasiones, sus hijos se enfrentaron a su padrastro para defenderla. Pero, él de 65 años, la manipulaba con expresiones como “yo soy el hombre de la casa” y ejerciendo control del dinero que ella recibe de la manutención por la condición especial de su hijo.

El hombre es alcohólico y mantiene relaciones extramaritales con múltiples mujeres. Siempre se le ve de mal humor y ante cualquier situación en el hogar reaccionaba de manera agresiva contra ella. Y a veces, mucho peor como en las dos ocasiones en las que le fracturó el brazo. Por eso la mujer tiene incontables cicatrices como prueba de sus arranques violentos, como el día que le puso una tapa caliente en el abdomen y le causó quemaduras tan graves que la dejaron sin poder moverse por varios días.

La psicóloga Dora Lorch destaca que el uso y abuso del alcohol durante el tiempo de confinamiento fue un componente que potenció la violencia física intrafamiliar: “Se dieron muchos casos de esposos que bebían y golpeaban a su pareja enojados por la falta dinero. Si la relación ya era mala empeoró mucho más encerrados”, indicó la coordinadora de Florescer da Fábrica, un proyecto preventivo de la violencia doméstica en Brasil.

En medio de la pandemia, luego de soportar un encierro largo con su agresor y de aguantar todo tipo de violencia ella decidió denunciarlo, pero cuando llegó con su hijo de 27 años a una Casa Refugio del Estado le negaron el acceso porque no tienen las condiciones para atenderlos a ambos.

Cuenta su historia temerosa porque tuvo que regresar a casa con su agresor. El Estado no pudo ayudarla. Su caso actualmente es atendido por una organización defensora de los derechos de la mujer en Brasil, quien reserva su nombre en respeto a la confidencialidad de la víctima.

Buscar o no un refugio

Estas historias ocurren en un contexto de confinamiento que trajo consigo 44% más en llamadas a la línea de emergencia 190 en comparación con 2019, lo que se tradujo en 9.817 atenciones de la Policía Militar en casos de violencia doméstica durante el mes de marzo de 2020, de acuerdo con datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Sin embargo, la jueza Adriana Ramos de Mello, titular del 1º Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer en Río de Janeiro, refiere que las víctimas se enfrentan a una falta de atención de calidad y a estereotipos de género muy arraigados entre la población, un escenario que las convierte también en víctimas de una violencia institucional.

Por si eso no fuera suficiente muchas han quedado en el desamparo al no encontrar un lugar en las siete Casas Refugio que existen en el país. Esto le ocurrió a una víctima en Brasilia, a quien también le dijeron “no tenemos vacantes”, pese a que llegó al albergue tras ser golpeada por su esposo de 30 años.

Corría el mes de mayo de 2020 cuando una discusión con su pareja se salió de control. Era de noche y hasta hoy ella todavía se pregunta cómo es que acabó llena de golpes y con su teléfono destruido. O cómo fue que el padre de sus tres hijos pudo atentar contra su vida y el hogar que juntos construyeron en el barrio Samambaia del Distrito Federal, en Brasilia.

Lo que sí recuerda con detalle es que sacó unas fuerzas que no había tenido antes para denunciarlo y acabar con los atropellos que a diario padecía de él. Por eso buscó alejarse de casa por unos días, mientras lograba rehacer su vida, pero fue en vano porque en las casas de abrigo no hubo espacio para recibirla.

Con ayuda de una organización de derechos de las mujeres que le prestó asesoría legal y psicológica, logró que una patrulla de la policía pasara esa noche vigilando la puerta de su casa. Sin refugio ni un familiar a dónde acudir tuvo que conformarse con quedarse en casa.

“¿Pero qué pasará mañana? ¿Hasta cuándo podrá acompañarme la policía? Cuando se vayan yo estaré sola y expuesta”, se preguntó aún temerosa de que su pareja y agresor apareciera en cualquier momento.

Los tres refugios en el Distrito Federal, la capital del país, están llenos. Con un total de 64 plazas actualmente solo seis están disponibles, sin contar la lista de espera. La mayoría de las mujeres que los ocupan son de escasos recursos", sostuvo Nayana Cambraia, asesora de la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

Antes de ingresar y poder permanecer por un máximo de 180 días en su resguardo, las víctimas tienen que contar con la aprobación de las Estaciones de Policía Especializadas para Mujeres y Centros de Referencia para Asistencia Social (CRAS y CREAS) o con un informe policial electrónico que avale la denuncia.

Aun así muchas prefieren no acudir a ellos o hacerlo en última instancia, pues su libertad se ve limitada y únicamente las aceptan con hijos menores de 13 años, indica la abogada Sueli Amoedo.

Desde la niñez

Con temor y hostigada por su pareja vive una mujer de 24 años en la ciudad de São Paulo. Cuando puede, saca su teléfono para comunicarse con su psicóloga. Lo hace con cuidado, luego de que la última vez que lo intentó su pareja la golpeó. El hombre le advirtió que no tuviera contacto con nadie más que él.

Desde que comenzó la pandemia pasan todo el día juntos. Sigiloso, le sigue los pasos en cada lugar de la casa al que ella va, la vigila y le advierte que si lo deja él tendrá los medios para conseguirla.

La violencia doméstica siempre ha marcado su vida. Cuando era niña fue abusada sexualmente y golpeada por su padrastro, quien era apoyado por su madre. Al llegar a la adolescencia dejó los estudios, se fue de casa y comenzó a consumir drogas como medio fatal para paliar el dolor, el hambre y la soledad.

De ese pasado lleno de abusos y dolor narra que así como un día se fue de la casa sin mucho ruido, regresó con la intención de estudiar y regenerarse; conoció a un muchacho que le ofreció matrimonio, pero que por causas naturales falleció antes de la boda, aseguró.

La depresión de estar nuevamente sola la llevó a refugiarse otra vez en los vicios y en medio de tantas dificultades conoció a su actual pareja; aunque sabía que era un hombre con negocios turbios, inició una relación con él. Lo que ella no sabía era que al poco tiempo de vivir juntos comenzaría a violentarla física y psicológicamente.

Hoy teme por su vida, porque carece del apoyo familiar. Relató su historia bajo el anonimato y con la esperanza de que al acabarse el confinamiento pueda conseguir el apoyo que necesita para acabar con la relación violenta en la que vive.

 

Desde principios de junio y hasta el cierre de esta investigación, la psicóloga que le hacía acompañamiento no ha logrado comunicarse con ella.

Un amor que acabó en secuestro

Algunas veces la ilusión de un nuevo comienzo les juega en contra a mujeres. Este es el caso de una joven que decidió mudarse con su novio desde Brasilia a Río de Janeiro. Eran muchos cambios a la vez: vivir en pareja, cambiar de ciudad, nuevos amigos y nuevas actividades. Todo eso la tenía emocionada y expectante. Quizás fueron las razones por las que jamás notó algo extraño en su pareja, ni ningún indicio de ser una persona peligrosa.

A mediados de mayo de 2020 dejó de comunicarse con su familia. Al principio no les pareció extraño, creían que la nueva rutina la tendría abrumada y ocupada, pero a medida que pasaban los días comenzaron a preocuparse. Sus familiares se activaron. Su prima contactó al Proyecto Justiceiras y les envió un formulario con la información que requerían para comenzar la búsqueda e inmediatamente se activó la red de voluntarias para saber qué había pasado con Vera.

Todas las pistas llevaban a la casa de su novio. Aquella tarde cuando se abrió la puerta del lugar, la joven volvió a ver la luz después de un mes de haber sido secuestrada, abusada y golpeada por su novio.

Estaba encadenada a una silla y había perdido la noción del tiempo. De inmediato contactaron a sus familiares; ahora ella pasa por un proceso de acompañamiento psicológico y son sus seres cercanos los que cuentan aún con temor lo sucedido con ella, otro testimonio de violencia en confinamiento.

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de las víctimas.
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