Argentina

Autoras: Jesenia Freitez Guedez | Sikiuk Méndez 
Ilustración: Johnny Lain | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

Pánico en confinamiento

Cuatro meses fueron suficientes para que Mariana [*] se diera cuenta de que su pareja José [*] era un hombre violento y que debía cuidarse mientras encontraba la manera de terminar la relación. Ahora vive con un botón de pánico en la mano, a la espera de justicia

La desinformación jugó en contra de las mujeres en Argentina

De los 82 feminicidios ocurridos hasta finales de junio, más de 70% se dieron dentro del hogar

Buenos Aires – Las calles comenzaron a vaciarse en Argentina desde el 20 de marzo de 2020 y a partir de ese momento la gente empezó a tomar las previsiones para sobrellevar la pandemia. Para algunos, las casas eran ese refugio seguro donde el fatal virus no los alcanzaría o al menos estarían menos expuestos. Sin embargo, para las mujeres con antecedentes de haber sufrido violencia era la cárcel donde el agresor podía violentarlas 24/7. 

En un país donde hubo un feminicidio cada 24 horas en 2019, de acuerdo con el registro de la organización Ahora sí que nos ven y en el que contabilizaron 162 feminicidios desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020, las autoridades se quedaron cortas en las estrategias para la difusión de programas enfocados en la protección de las mujeres durante el confinamiento obligatorio. “Justamente por eso hubo 81 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y el 30 de junio”, explicó Martha Sara Pérez, coordinadora del colectivo Mujeres de Negro.

La cifra de Mujeres de Negro no dista mucho de la que maneja la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) durante el confinamiento, desde donde contabilizaron 82 feminicidios durante la pandemia, dijo María Victoria Aguirre, abogada y coordinadora de la organización.

Por su parte, la Asociación Civil La Casa del Encuentro maneja una cifra mayor: “En el período que va del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 hubo más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en el país. Una estadística igual de dolorosa es que a partir de estos femicidios al menos 366 hijas e hijos se quedaron en situación de orfandad. De ellos 66% son menores de edad. Ahondando en los datos se revela que 71% de los casos fueron de mujeres asesinadas en sus hogares y en 65% el crimen fue cometido por exparejas.

Las cifras revelan fallas en la atención del Estado durante el confinamiento porque uno de cada seis feminicidios fue de mujeres que habían denunciado a su agresor previamente. Del total, cuatro de las víctimas eran menores de edad.

Más violencia, menos denuncias

La activista Martha Pérez señala que en todo el país aumentó la violencia, pero bajaron las denuncias. Específicamente en la provincia de Rosario, la tercera ciudad más poblada del país situada al sureste de la provincia de Santa Fe, cesaron las llamadas al Teléfono Verde, un sistema implementado para pedir ayuda, ser asesoradas y solicitar una casa de amparo o refugio. La baja en la cifras se debió a que el agresor estaba con ellas a toda hora y llamar para denunciar era una misión titánica, casi imposible, por eso crearon un nuevo número para que se comunicaran vía WhatsApp. 

“Lógicamente al estar encerradas con el violento era más discreto enviar un mensaje de texto que llamar por teléfono. A partir de ahí aumentaron los pedidos de auxilios, pero las comisarías dejaron de tomar las denuncias debido a que la policía se tenía que dedicar a controlar la cuarentena”, indicó la representante de Mujeres de Negro. 

Posteriormente, las estadísticas oficiales reflejaron un aumento de 60% en las denuncias a la Línea 144, un número de teléfono gratuito al servicio para quienes sufren violencia doméstica. Ocho de cada diez llamadas fueron de mujeres que sufrían maltrato en el hogar y con la proyección de incrementarse a medida que transcurrían los días. Además Mujeres de Negro pasó de recibir entre dos a tres llamadas a la semana, a dos o tres llamadas al día

Para el momento del confinamiento lo único que había quedado operativo en el país eran las Comisarías de la Mujer y la Familia, una instancia a la que al principio no podían acudir si no tenían un permiso para salir de casa. Ante esta situación el Estado se avivó, reveló Pérez y se dio cuenta de que era absurdo pedir un permiso para salir si a una mujer la estaban violentando. Ya para ese entonces habían pasado 17 días cuando fue publicada la Resolución 15/2020 en el Boletín Oficial que daba luz verde a las mujeres a romper el aislamiento obligatorio para ir “solas o junto a sus hijos e hijas” a denunciar hechos de violencia. 

Lo expuesto por Mujeres de Negro coincide con los registros que lleva la Corte Suprema. Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegura que esa instancia ha venido haciendo cambios desde el año 2008 con la creación de las OVD, donde ofrecen acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las víctimas. Aun así los registros de esa institución revelan que del 20 de marzo al 26 de mayo del año 2019 recibieron 2.312 casos. Sin embargo, del 20 de marzo al 26 de mayo de 2020 recibieron solo 613 casos y de estos 23% fueron de personas convivientes.

“Esto no puede ser un indicio de que esté disminuyendo la violencia, sino de que efectivamente las personas no pueden llegar a comunicarse ¿Qué análisis hacemos de la disminución en el número de denuncias? Que en situación de aislamiento no todas las personas sabían que podían salir de sus casas para denunciar. Si bien tratamos de difundirlo permanentemente desde el primer día, sabemos que quien es víctima de violencia doméstica se encuentra en una situación de fuerza mayor, que es uno de los supuestos por los cuales se puede salir del aislamiento”, agregó la funcionaria.

Entre abril y mayo de 2020 la Corte Suprema acompañó el ingreso al refugio de nueve mujeres y tramitó el pedido de 54 botones antipánico.

Quienes esperan justicia en Argentina deben armarse de paciencia porque, aunque el Superior Tribunal de Justicia activó desde el 17 de marzo de 2020 las ferias judiciales para la atención mínima a través de guardias, los procesos siguen siendo muy lentos.

Las víctimas en el tiempo de confinamiento también fueron desplazadas por la emergencia sanitaria en la lista de prioridades de atención que dieron autoridades, según reportes recabados por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Contraseñas de dominio público

Con la intención de contrarrestar la violencia machista durante la pandemia, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina creó una campaña denominada #BarbijoRojo, medida que, según la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, serviría “para estar cerca y seguir fortaleciendo el trabajo contra las violencias por motivos de género en el marco del aislamiento obligatorio”. En la práctica esto significó que la víctima solicitara un barbijo (cubrebocas) rojo en las farmacias como señal de alerta para que cualquier encargado pudiera tomarle sus datos y comunicarse con la línea de ayuda 144. 

Pero la mayoría de las organizaciones que defienden a las mujeres violentadas se mostraron en desacuerdo por la difusión poco estratégica que se hizo de la campaña ¿El farmacéutico tenía capacidad para atender a una mujer que está en situación de violencia si el agresor se encontraba con ella?, cuestionaron las organizaciones. Además esta campaña no llegó a todo el país. Por ejemplo en la provincia de Santa Fe no se adhirieron a la campaña porque estaba coordinada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) a la que el Colegio de Farmacéuticos de dicha provincia (Colfa) no está asociado. 

Desde la Corte Suprema se reconocía que el éxito de esta campaña estaba sujeto a tres supuestos claves: capacitar al farmaceuta, que la víctima pudiese salir a solicitar la ayuda y que si todos conocían la contraseña para pedir ayuda perdería el sentido, porque el agresor podía estar atento a cada paso que da la víctima. 

Funcionarios más capacitados

La organización Mujeres de Negro reitera que el Estado primero tiene que capacitarse en perspectiva de género y canalizarlo bajo las tres instancias de poderes públicos en el país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta carencia se reafirma en la falta de campañas y difusión de información desde las diferentes instituciones.

Para esta investigación se hizo un sondeo por las diferentes páginas oficiales estatales. De 20 ministerios solo tres tienen información de apoyo a las víctimas en cuarentena: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa. Cuando inició la pandemia la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se adelantó a lo que vendría y enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que expresaron preocupaciones y propuestas para abordar los distintos tipos de violencia machista que amenazan la vida de las mujeres en tiempos de cuarentena. El texto explica que desde el 12 de marzo cuando comenzaron a anunciarse las restricciones de circulación, al 3 de abril, ya se habían registrado 15 víctimas de femicidios, ocho tentativas de asesinatos a mujeres y se habían abierto cinco casos más, actualmente, en investigación.

El botón antipánico se desvanece 

Durante la cuarentena ni siquiera un botón antipánico o una previsión de acercamiento impidieron que el violento actuará. Desde Mujeres de Negro llevan registros de víctimas que han perdido la vida pese a usar el botón antipánico o de tener una orden perimetral en la mano. “Acá el problema es que un violento es un transgresor y no le cuesta nada transgredir un papelito que dice que no se puede acercar a la mujer”, señaló la activista Martha Pérez. 

Por ello reiteró que en Argentina urge que los funcionarios tengan la visión de género en la justicia. “Tienen que tomar las medidas para proteger a la mujer que va golpeada y con los ojos hinchados, pues lo único que hacen es darle la perimetral (medida de prohibición de acercamiento) y ya después no pasa nada”.

Por su parte, la coordinadora de la OVD reconoce que lo que se critica del botón antipánico es que la responsabilidad de protegerla ante cualquier ataque queda en manos de la mujer, porque en realidad ella es la que tiene que presionarlo para obtener una respuesta

 

Números rojos de la cuarentena

La Corte Suprema da cuenta de que del 20 de marzo al 26 de mayo contabilizaron 613 casos de violencia doméstica. De ellos 57 % fueron considerados de riesgo medio, 31 % riesgo alto, 6 % un riesgo altísimo y otro 6 % que tuvo un riesgo bajo. Del total de denuncias 90 % son mujeres y el otro 10 % de adultos mayores que sufrieron violencia por parte de sus hijos, también personas adultos en muchas ocasiones.

Con relación a los tipos de violencia que registró la OVD “en 98 % de los casos se observó violencia psicológica, 74 % violencia simbólica, 68 % violencia física, 46 % violencia ambiental (rotura de objetos), en 31 % violencia económica, 10 % violencia sexual (que es la que menos que se denuncia) y 16 % violencia social (el victimario corta los datos con las amistades o familiares y las aísla de su entorno)”, detalló la coordinadora de la OVD.

La representante de la organización Mujeres de Negro, Martha Pérez, explicó que la violencia psicológica es de las que más registros han tenido en el confinamiento. Por lo general, es la primera que comienzan a ejercer los victimarios contras las mujeres. Aunado a esto Marta Fernández Boccardo, doctora en psicología y especialista en temas de género, añade que también se ha presentado una violencia simbólica que viene de la mano con el aumento de la carga de trabajo doméstico en cuarentena

“Revisando las llamadas que hicieron a las organizaciones las víctimas, la violencia que más se ha denunciado es la física, pero cuando se ahonda un poco sobre qué consideran ellas como violencia muchas respondieron: El golpe, la cachetada, el empujón. No señalaron como abuso la palabra, el gesto o la carga excesiva de trabajo en casa sin ayuda, por eso nos damos cuenta de que aunque viven la violencia simbólica, no la reconocen y creo que es la madre de todas las violencias porque pone a la mujer como la exclusiva del trabajo doméstico y de los hijos”.

Fallas para recibir a víctimas en refugios

Durante la cuarentena también salieron a relucir las fallas en las políticas públicas que afectan directamente a las mujeres violentadas. Según Mujeres de Negro los 120 refugios que existen en Argentina trabajan con menos presupuesto del que requieren. Pese a que el Estado determinó que de todas las viviendas que se hicieran con el presupuesto de la nación, 10% serían destinadas para las mujeres víctimas de violencia de género. Las organizaciones consideran que se necesita subir ese número a 20%, porque es insuficiente y en muchos casos las mujeres deben abandonar sus hogares para romper todo tipo de contacto con el agresor. 

Las mujeres violentadas tampoco acuden a un refugio cuando tienen hijos porque pueden estar allí un tiempo limitado. Además cuando salen tienen miedo de encontrarse con el violento. 

Sylvia Ferreira, coordinadora de MuMaLá, indicó que las víctimas se ven imposibilitadas a salirse de su casa porque no saben a dónde ir. A ello se suma la complejidad del proceso judicial que deben enfrentar solas. “Tenemos esa necesidad de que haya un conjunto de dispositivos del Estado para poder facilitar ese proceso y que eso no derive en algo mayor como el femicidio”.

Ferreira afirma que las mujeres suelen quedarse en sus casas, junto al agresor, porque antes necesitan tener una serie de garantías —como contar con alguien que las acompañe durante el proceso— y a veces no lo tienen. Reitera la importancia de que no solo las organizaciones civiles sino que el Estado, de igual manera, refuercen sus equipos multidisciplinarios, compuestos por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales para la atención y protección de las víctimas.

“Pero en Argentina son muy pocas las organizaciones que pueden dar todo ese apoyo y el Estado no se da abasto. Todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia es complejo. Nosotros hemos tenido que asistir a un montón de mujeres que han estado deambulando por diferentes comisarías para que les reciban las denuncias, algo que debería ser tan sencillo pero no lo es. Y cuando no reciben apoyo, se regresan a donde está el agresor”, aseguró.

Deuda del Estado con las víctimas 

Uno de las deudas que tiene Argentina con las víctimas es que carece de la publicación constante de las cifras oficiales. La doctora Marta Fernández Boccardo, especialista en temas de género y autora de obras como Mujeres que callan y efectos en la subjetividad femenina, aseguró que son las asociaciones de mujeres relacionadas con el feminismo, quienes están llevando cifras sobre el problema porque “es reciente que se está haciendo una estadística oficial”, reveló. 

Las organizaciones dedicadas a luchar contra la violencia en el país como MuMaLá exigen al Gobierno que el tema de la violencia machista forme parte de la agenda pública y que no se evalúe como una situación individual de las víctimas. Por el contrario, reclaman que se vea como un problema estructural de la sociedad que pide políticas públicas para poder enfrentarlo.

También señalan la urgencia de que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas y que se brinden elementos básicos para poder identificar los casos de violencia, incluido el abuso sexual infantil. Asimismo, hacer cumplir la Ley 26.485 sobre la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, vigente desde el año 2008.  Esta ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

Las organizaciones recuerdan que es necesario gestionar la inclusión de las víctimas de violencia de género en los programas sociales, con el objetivo de que puedan tener acceso a plazas de trabajo. MuMaLá, por ejemplo, maneja una lista de 500 mujeres que fueron víctimas de violencia y quienes se encuentran a la espera de ser apoyadas mediante programas sociales que les den acceso al trabajo, como parte del proceso de reconstrucción de sus vidas. 

“No estás sola para salir de la violencia”

La organización Mujeres de Negro recomienda a las mujeres que son víctimas de violencia buscar un tratamiento terapéutico incluso antes de la denuncia.

Sylvia Ferreira, representante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, agregó que por cada mujer que se atreva a denunciar debe haber a su alrededor un grupo de apoyo por parte del Estado y su entorno, porque sola es muy difícil salir de la violencia que está sufriendo. El Estado y las organizaciones en defensa de los derechos de la mujer deben gritar con fuerza “que puede denunciar y que es libre de vivir sin abusos”.

“No estas sola para salir de la violencia”, reiteró.

Organismos gubernamentales, movimientos y colectivos de mujeres en Argentina han brindado una serie de recomendaciones para mantener a las mujeres informadas sobre cómo proceder si está siendo víctima de violencia de género.

De igual forma, la psicóloga Martha Fernández, docente de la Universidad de Rosario, recomienda a las personas que presencian o estén al tanto de actos de violencia o abusos hacia una mujer de su entorno, brindarle todo el apoyo necesario y a tiempo para ayudarla en su proceso de rescate personal.

La organización Mumalá sugiere que si una mujer se encuentra en riesgo trate de comunicarse a la Línea 144, que es la línea de emergencia dispuesta en todo el territorio nacional, preferiblemente en horas de la noche, mientras el agresor duerme y así informar sobre el lugar en el que se encuentra.

También recomienda notificar al menos una vez al día a algún familiar, amigas (o amigos), mediante un mensaje de texto y una foto sobre cómo se encuentran y luego eliminar de inmediato esa conversación de su teléfono celular.

Mumalá, por ejemplo, realiza en los barrios más populares talleres sobre violencia de género que brindan acompañamiento a las víctimas, mientras pone en marcha programas sociales como las ollas populares de comida. Tienen un grupo de promotoras que van brindando información para que instruyen a las mujeres sobre cómo reconocer si están siendo víctimas de alguna de violencia.

Por su parte, la psicóloga Martha Fernández aconseja “tejer” redes de amigas para buscar ese apoyo emocional y necesario que contribuya a abandonar el círculo de violencia.

La Red de Abogadas Feministas indica que es de suma importancia realizar una denuncia formal para dejar un registro de los hechos, siempre y cuando la víctima pueda desplazarse sin poner en riesgo su integridad física. Y en la medida de lo posible contar con un asesoramiento legal en perspectiva de género.

“Recuerden si tienen la oportunidad de pedir ayuda háganlo ya, dejarlo para después puede ser muy tarde”, enfatizó la organización.

Novio acosador

Mariana tiene 29 años. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2019 cuando decidió mudarse con la ilusión de un nuevo trabajo. Los aires de cambio y novedad la tenían entusiasmada y positiva. Ella nació en la Provincia de Mendoza, ubicada a 1.058 kilómetros de la capital. Dos años antes de mudarse ya conocía a José. Cuando cambió de ciudad se hicieron novios y él se fue a vivir con ella.

La magia de los primeros días los mantenía felices, distraídos y con la efervescencia de las primeras cosas. Pero al cabo de unos meses la actitud de José cambió. Se convirtió en una persona dominante. Comenzó con los celos hacia los compañeros de trabajo de Mariana, pero también a su independencia. Así fue rompiendo las redes de amigos que ella empezó a tejer desde que llegó. “Cuando me quedaba trabajando horas extras en la oficina cada veinte minutos eran de llamadas, mensajes y al llegar a casa se desbordaba en reclamos”, recordó.

Las actitudes del hombre empezaban a salirse de control, tanto así que esperaba que Mariana se durmiera para revisar los mensajes de su celular. Después esta práctica la hacía sin reparos frente a ella, sin que pudiera reclamar algo para evitar algún tipo confrontación. Estaba desconcertada por la situación, su ejemplo de pareja habían sido sus padres, personas respetuosas donde solo vio buenos tratos entre ellos. Por eso a los dos meses de noviazgo decidió terminar la relación y pedirle que se fuera de su casa. Pero esto no pasó.

José le dijo que se iría cuando a él “le diera la gana”. Ella empezó a grabar las conversaciones para tenerlas como pruebas en caso de una denuncia si se ponía agresivo. La convivencia terminaba en insultos, pero sin violencia física, al menos no en ese momento. “Se volvía loco y me empezaba a gritar que yo me hacía la especial. Yo sentía que se quería vengar no sé de qué y me amenazaba con frases como: ‘Tú me vas a devolver algo’”.

Mariana se fue a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con su familia en Mendoza y cuando regresó el primero de enero de 2020 a la capital, estaba decidida a echarlo. Intentó hacerlo con los mejores términos, pero ella sabía que era imposible por su forma de ser. Así que buscó ayuda con sus amigos, quienes le aconsejaron llevar a la policía de la ciudad y solo así lograron sacarlo de la casa. Eso sucedió un viernes a mediados de enero, pero ella no se imaginaba lo que ocurriría tres días después.

El lunes siguiente José llegó a la casa de Mariana con la excusa de devolverle una prenda de vestir. Ella lo recibió, pero desde que entró al departamento empezó a gritarle improperios. Cerró la puerta principal con llave y sacó un arma blanca con la que le apuntó en el cuello. Ella trató de zafarse y empezó un forcejeo. Cuando logró soltarse, la empujó con tanta fuerza que Mariana cayó contra un ventanal de vidrio y terminó con una herida en su glúteo.

Gritó. Hizo todo lo que pudo para buscar ayuda, pero José le había quitado sus teléfonos. Ante la escena él decidió irse y le dejó un celular para que pidiera ayuda, pero inmediatamente regresó y le dijo que prefería esperar a la policía porque no iría a la cárcel por una situación de la que “yo era la única culpable”, me dijo.

Las heridas provocadas por el empujón de José dejaban una larga estela roja sobre el piso del apartamento. La espera del oficial que llegó para tomar declaraciones por separado fueron los minutos más largos para ella. La llevaron de emergencia al hospital donde quedó internada durante días.

Libre e impune

Pese a lo sucedido el agresor se encuentra libre y en impunidad absoluta. José solo pasó unas horas en la Fiscalía debido a que su caso fue catalogado como un delito de “lesiones leves”, tal como lo pudo comprobar Mariana cuando quiso hacer una denuncia formal por lo civil en la Oficina de Violencia Doméstica en Buenos Aires.

La respuesta de la justicia la mantiene indignada, ella ahora busca asesoría con un abogado penal para procesarlo por la violencia que sufrió como expareja y no solo por “lesiones leves”. “Aún no lo puedo creer, siento que la justicia me está dando la espalda ¿Qué quieren, que me mate para poder acusarlo de algo?”, cuestionó indignada.

No obstante, su abogado logró que le imputaran tres causas: violencia hacía la mujer, lesiones agravadas y privación de libertad, pero ella desconfía tanto del órgano judicial que por ahora prefiere que no lo detengan, “porque no tiene antecedentes penales”, lo que le hace pensar que lo dejarán en libertad y sin juzgarlo por lo que le hizo.

“Nunca había tenido un episodio así en mi vida”, expresó consternada. Especialistas y organizaciones dedicadas a abordar temas violencia de género advierten que los agresores se valen de mujeres a las que creen desvalidas y que nadie que pueda apoyarlas.

A partir de su denuncia José tiene una medida de restricción hacía ella. Desde ese día vive con el botón de pánico al que le tiene muy poca fe. Piensa que no sirve para nada aunque por suerte no ha tenido que usarlo, pero la angustia la acompaña.
 
“Cuando terminé el reposo estaba muy deseosa de ir a trabajar, pero ya en la calle miraba a todos lados, no sabía si él se podía aparecer. Se me venían imágenes a la cabeza de que llegaba por detrás mientras esperaba el bus y yo no podía sacar el botón. No lo puedo llevar en la mano en todo momento, nadie puede vivir así ¡Yo no quiero vivir así!”, afirmó con voz entrecortada.

“¡Yo quiero que lo metan preso! El ‘chabón’ intentó matarme”, agregó.

Cuando se decretó el confinamiento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, puso en marcha la feria judicial mediante el trabajo remoto de los funcionarios del Estado desde casa, solo para tratar “casos especiales”.

Las ferias llegaron a extenderse hasta siete veces desde el 20 marzo. Desde ese momento quedaron muchos casos almacenados esperando justicia como el de Mariana, a quien se le apaga la voz por instantes cuando recuerda que su denuncia quedó archivada y que no puede hacer nada hasta que vuelvan a trabajar. “Ahora están atendiendo solo casos ‘urgentes’ que no admitan demoras entonces ¿Lo mío no es urgente? ¿Qué más pruebas necesitan?”

Pero su deseo de encontrar justicia no la detiene. Mariana tiene la intención de cambiar de abogado por uno especializado en temas de género para acusar a José de intento de femicidio. Por ello quiere estar preparada. Encontró apoyo en organizaciones de mujeres como Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), quienes la han orientado sobre los pasos a seguir.

Al recordar lo sucedido reflexiona sobre el valor que tuvo para enfrentar a su agresor, aún cuando sabe las consecuencias que tiene. Cree que, a pesar de lo que vivió, la situación la ayudó finalmente a librarse de él. Aunque dolorosa, es una victoria que no pasa por debajo de la mesa, él ya no está bajo su techo.

“Yo soy una mujer muy optimista y positiva. Borrón y cuenta nueva. Le dije a mis amigos que no me puedo sentir mal, me saqué a este pibe de encima. Sé que fue de la peor manera porque pudo haberme lastimado más, pero no pasó y así me libré de él. Todavía falta que pague por lo que me hizo y debe hacerlo porque también se lo puede hacer a otra”.

Esta vez es una voz fuerte y firme, más decidida que nunca a clamar justicia.

El libro que nos arrebataron

Mariana y Soledad no se conocen, pero tienen dos cosas en común: son argentinas y en medio de una pandemia mundial esperan justicia. La lucha de Soledad es por su hermana Cecilia, quien tenía 36 años de edad y era la mayor de cuatro hermanos. Ella era sinónimo de todo lo que representaba la libertad y la aventura. Era inquieta, curiosa y siempre con la intención de lanzarse a nuevas experiencias. Además era cariñosa, esa es la fotografía que dibuja Soledad cuando habla de su hermana.

Cecilia partió de Buenos Aires en 2016 con los deseos de explorar el mundo y escapar de la monotonía. En su viaje por Latinoamérica recorrió 12 países, 100 ciudades y más de 10 mil kilómetros.

El 22 de diciembre de 2019 sus padres le dieron el último “jalón” (cola, aventón) cuando en medio de abrazos y lágrimas la fueron a recibir en el paso fronterizo de la Quiaca, en el norte argentino, límite con Bolivia. Cecilia regresó al país cargada de experiencia y de la diversidad cultural que había disfrutado.

Su próximo objetivo era escribir el “Diario de una Viajera”, un libro donde contaría sus aventuras, desventuras y su crecimiento personal. Para este propósito eligió la localidad Capilla del Monte como destino, ubicada a 90 kilómetros de Córdoba Capital.

El 19 de marzo en la mañana, un día antes de que el gobierno decretará el confinamiento obligatorio, decidió partir. “Sabía que luego no iba a poder hacerlo por un buen tiempo”, comentó su hermana.

Llegó a Capilla del Monte con su mochila y la carpa que la había acompañado los últimos años con la intención de acampar en el “Camping Municipal”, pero no se lo permitieron por la contingencia. Esa noche logró encontrar un lugar cerca de un lago y conoció a una joven que le ofreció quedarse en una casita que tenía dueño, pero estaba abandonada. Ante la falta de opciones, ella aceptó el refugio.

Pasó algunas penurias por las condiciones de la casa, pero lo que más le preocupaba es que la zona es peligrosa y el servicio de la luz deficiente. Cecilia escribió por el grupo de la familia que buscaría otro lugar para quedarse y logró hablar con la mujer que le consiguió alquilar el patio de una casa para montar su campamento. Allí ayudaba al dueño a cuidar su huerto, según las últimas conversaciones con su hermano.

La señal de la Internet no era buena y le costaba comunicarse. Los mensajes que enviaba a su familia llegaban con retraso. Poco pudo contar del dueño de la casa donde se quedaba. El 4 de abril se comunicó por última vez y envió un mensaje avisando que se encontraba bien.

Cuatro días después el hombre que le alquilaba llamó a la familia de Cecilia para informar que no había regresado a casa, que sus cosas se encontraban aún en el campamento, que había tenido un “brote psicótico” y se había ido.

La denuncia

Enseguida los familiares hicieron la denuncia de la desaparición en una oficina de la fiscalía en la zona Núñez, en Buenos Aires, pero les recomendaron denunciar en donde había desaparecido. Un primo de Cecilia que vive en la capital de Córdoba contactó a la policía y se activó la búsqueda.

El 25 de abril la Fiscalía de Cosquín, una localidad cordobesa, informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer entre los matorrales y por la descripción parecía ser Cecilia. Su padre viajó hasta Capilla del Monte en la zona de Tres Puentes, donde su hija acampó.

Tuvo una conversación con el señor que avisó de la desaparición y le dio una versión diferente. “Le dijo a mi papá que habían discutido y que él la echó. Si eso pasó así ¿por qué tardó tres días en avisar?”, se preguntó Soledad. Para el momento de la publicación de esta investigación al hombre no se le relaciona con el caso, no obstante, la familia de Cecilia pide que se le investigue más a fondo.

Las autoridades informaron que Cecilia fue vista por última vez en Valle de Punilla cuando pidió agua en una casa. Se hicieron allanamientos por la zona donde la vieron caminando y encontraron parte de sus pertenencias en la casa de Lucas Adrián Bustos de 23 años, quien permanece detenido tras haber confesado el asesinato. Se le imputaron cargos por abuso sexual y homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis cause, según declaraciones de la fiscal de Cosquín, Paula Klem, a un medio local.

Todo indicaba que el crimen de Cecilia estaba resuelto y se había conseguido justicia, pero siguen los cabos sueltos. Su familia duda del órgano judicial, por eso cambiaron de abogada por una defensa privada y especializada en perspectiva de género. Cuando ella logró tener acceso al expediente se dio cuenta de que el perfil psicológico que le pusieron a Cecilia fue de “esquizofrénica”, diagnóstico que jamás había tenido la víctima.

La indignación embarga a Soledad, quien no puede entender por qué están actuando de esa forma. “Otra de las irregularidades de la investigación es que el hombre que confesó ahora niega ser el culpable y dice que solo lo dijo para que dejaran de golpearlo. Yo me encuentro muy decepcionada y lo más terrible es que nadie me va devolver a mi hermana”.

La madre del acusado defendió a su hijo en los medios locales y buscó un abogado. “Mi hijo no es capaz de matar ni a una mosca. Queremos que aparezcan los verdaderos culpables”, dijo.

Según el médico forense, Cecilia tenía siete días de fallecida cuando encontraron su cuerpo el 25 de abril de 2020, pero su casero reportó su desaparición el 8 de abril. El último contacto con su familia fue el 4 y el 5 la vieron por última vez cuando pidió agua en una casa ¿Qué pasó en esos 13 días? ¿Dónde estuvo Cecilia? ¿Hay más involucrados? Son algunas de las interrogantes que se hacen sus familiares y amigos, quienes deberán esperar a que la justicia siga su curso para encontrar respuestas.

*Los nombres utilizados solo en el primer testimonio son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de la víctima.
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Muertes violentas de mujeres
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Más llamadas de emergencia​ a la Línea 144
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Agredidas por su pareja​