Bolivia
Autora: Paola Mejía
Ilustración: Johnny Lain | Modelo: Enny Escanio|Fotógrafo: Raúl Valencia | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez
Crueldad y ensañamiento durante la cuarentena
A Helen y a Gabriela las une el lazo fatal de una violencia que marcó sus vidas. El asesinato e intento de feminicidio que quebró a sus familias es una muestra apenas de la violencia que sufrieron las mujeres en Bolivia durante el confinamiento
Caminar golpeadas y sin respuestas: uno de los muchos obstáculos que sufrieron las mujeres en Bolivia
Desde el decreto de las cuarentenas, primero parcial y luego rígida, se registraron 2.869 casos de violencia intrafamiliar o doméstica, 169 abusos sexuales; 94 violaciones, 72 casos de estupro, 21 tentativas de feminicidio, 15 feminicidios y tres abortos forzados, según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), hasta el 31 de mayo.
El 10 de marzo, el entonces Ministro de Salud, Aníbal Cruz, comunicó a la población que dos personas habían sido detectadas con el COVID-19. Debido a la propagación rápida del nuevo coronavirus, la presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, por medio del Decreto Supremo 4196, determinó la cuarentena parcial que inició el 17 de marzo y que daría paso a la cuarentena total, la que por el decreto 4199 comenzó el 22 de ese mes.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, del 1 de enero al 17 de marzo se registraron 30 casos de feminicidio, con mayor incidencia en las ciudades de Santa Cruz (con 9), seguido de La Paz (7), Cochabamba (5), Potosí (3), Pando (2), Chuquisaca (2), Tarija (1) y Oruro (1). Con esas cifras Bolivia iniciaba su confinamiento.
Mientras cada día, a las 20:00 horas, se informaba el reporte epidemiológico diario que mostraba el aumento de las cifras de casos positivos de COVID-19 y decesos por el virus, también ascendían los datos sobre denuncias de violencia de género y feminicidios, tal como lo mostraron cifras oficiales. Bolivia enfrentaba, en paralelo, dos pandemias: una que se propagaba en las calles y otra que lo hacía dentro de los hogares.
En todo el territorio nacional, durante el periodo de cinco días que duró la cuarentena parcial, se suscitaron 19 casos de abuso sexual; tres feminicidios (dos en Santa Cruz y uno en la ciudad de El Alto). Entre ellos destaca el caso de una mujer con cuatro semanas de gestación. Además, se registraron tres tentativas de feminicidio, cinco tentativas de violación, 13 violaciones y 426 casos de violencia intrafamiliar o doméstica, así como nueve casos de estupro, según cifras de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
No pasó mucho tiempo cuando Bolivia ingresó a la cuarentena rígida, el domingo 22 de marzo, la cual estuvo en vigencia hasta el 31 de mayo, aunque en una primera instancia duraría hasta el 15 de abril, pero, debido al creciente número de contagiados de coronavirus, las autoridades decidieron extenderla.
Primeras estadísticas
Durante los 71 días de confinamiento total y según el informe de la FELCV, Bolivia registró: tres abortos forzados, 150 casos de abuso sexual, 12 feminicidios, 18 tentativas de feminicidio, 17 tentativas de violación, 81 violaciones, 63 de estupro y 2.317 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. Es decir que, en total, entre ambas cuarentenas (parcial y días después, rígida), según datos del organismo policial, se tuvo: tres abortos forzados, 169 abusos sexuales, 72 casos de estupro, 15 feminicidios, 21 tentativas de feminicidio, 94 violaciones y 2.869 casos de violencia intrafamiliar o doméstica.
Sin embargo, estos datos puestos a disposición para conocimiento de los ciudadanos por parte de la FELCV, no coinciden con las cifras que proporcionó la Fiscalía General del Estado.
La Directora Nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Pilar Díaz, explicó que, en la cuarentena, de los 2.935 casos delictivos atendidos, 2.378 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica, 153 a abuso sexual, 124 de violación, 102 estupro y 60 casos corresponden a otros delitos inmersos en la Ley 348, que es la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia en Bolivia.
Según Paola Barriga, abogada que apoya a víctimas de violencia de género, esta variación en la cifra de ambas instituciones (que no es solo de ahora) se debe a que “no se tiene establecida una sola línea sistemática de registro de los casos que se generan”.
“No hay una comunicación, ni organización entre ambas instancias y eso da lugar a que existan muchos vacíos y falencias. Las variaciones también se dan porque en varios rincones del país solo hay puestos policiales y en otros casos, la víctima denuncia directamente en la Fiscalía”, explicó Barriga, quien es representante ante la justicia de familiares de víctimas de feminicidio.
Para evitar esta situación, el 13 de marzo de 2019, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el Gabinete había aprobado un decreto supremo para poner en marcha el Sistema de Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio”. No obstante, el decreto nunca fue efectuado.
En consecuencia, estas variaciones han llegado a generar desconfianza en la población, porque “no se tiene un reporte oficial y transparente, una sola voz. Para nosotras las cifras que manifiestan tanto la FELCV como la Fiscalía no son confiables”, coincidieron Diana Vargas y Adriana Guzmán, líderes del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal.
Santa Cruz y Cochabamba los más violentos
El Comandante Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, coronel Juan Carlos Alarcón, informó que, por los reportes estadísticos del confinamiento, Santa Cruz vendría a ser el departamento con el mayor número de casos de violencia de género en el país, duplicando en cantidad a La Paz, seguido de Cochabamba y Tarija. Sin embargo, haciendo una relación en cuanto al número de pobladores y casos de violencia, Tarija viene a ser el departamento más violento del país puesto que, con 417.000 habitantes (según el censo 2012), tiene 133 casos de violencia intrafamiliar o doméstica.
Teniendo en cuenta que 65 de los 117 femicidas de 2019 eran esposos o novios, era predecible que en tiempos de confinamiento las mujeres hayan estado expuestas a mayor peligro dentro de sus propios hogares que afuera de ellos.
“Para las mujeres no ha sido fácil. En vez de que sean tiempos de estrechar lazos, de sentirse felices y seguras, ha sido un periodo de vida o muerte para algunas”, acotó la directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez.
Fallas en la cuarentena
De acuerdo con Alarcón “en comparación con los países de la región”, Bolivia sigue liderando “la lista con mayor índice de violencia de género. En este entendido hemos tenido que tomar medidas inmediatas”, dijo.
La autoridad señaló que en la cuarentena parcial “se pudo advertir la disminución de casos, una disminución que llegó a 50%”. No obstante, durante la cuarentena rígida “el índice de denuncias presentadas ante la FELCV descendió en un 25%”. Alarcón explicó que antes de la pandemia, la FELCV recibía entre 100 y 110 denuncias por jornada, mientras que en el confinamiento “las denuncias llegaron a 14 a nivel nacional, el número más bajo que se ha registrado”.
Según la Ley 348, que es la norma vigente y que rige las tareas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), esta unidad policial tiene tres objetivos: la prevención, atención e investigación.
Por lo que en primera instancia la FELCV, como parte de la estrategia para combatir la violencia durante el confinamiento, se propuso establecer alianzas con las organizaciones que trabajan el tema. Las operaciones de la FELCV estuvieron, además, monitoreadas por el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, institución que depende del Ministerio de Justicia.
En los primeros días de confinamiento, la FELCV recordó a la población que, en caso de sufrir violencia o ser testigo de ella, podían llamar a sus números pilotos: 800-140-348 y 800-140-349. El 7 de abril se anunció que se habilitaban, además, 11 líneas de WhatsApp para atender cualquiera de las denuncias o pedidos de auxilio, con el objetivo de que las víctimas puedan enviar fotos, su ubicación o realizar una videollamada.
Líneas no fueron de mucha ayuda
Ana Paola García, abogada de La Casa de la Mujer, organización ubicada en Santa Cruz, reportó que durante la cuarentena esta asociación feminista sin fines de lucro recibió entre tres y cuatro denuncias por día. En Cochabamba, Ángela Nogales, fundadora y directora de la organización de Mujeres de Fuego, señaló que las denuncias a este colectivo oscilaron entre seis y siete llamadas por cada jornada.
García explicó que hasta finales de mayo La Casa de la Mujer atendió 340 denuncias realizadas, de manera virtual, durante el tiempo de confinamiento. A 108 de esas denunciantes se les brindó asistencia legal, mientras que otras ocho mujeres víctimas fueron acogidas en el refugio de la asociación, cuya capacidad, tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, llegó a su límite.
Miriam Suárez, directora de La Casa de la Mujer, detalló que “el recibir de tres a cuatro denuncias por día significó que las tareas de apoyo y protección hacia las mujeres en situación de violencia han pasado a manos de la sociedad civil, lo que quiere decir que las instituciones públicas están incumpliendo su labor. La respuesta es tardía o de repente nunca llega”, destacó.
García, por su parte, explica que las mujeres optaron por confiar en llamar a los números de los colectivos u organizaciones, porque la atención en la línea gratuita de la FELCV “es deficiente”.
“Muchas mujeres llamaron y fueron derivadas a la línea 110. Ahí les dijeron que primero debían sentar una denuncia. Esa no es una orientación real y menos durante la cuarentena”, añadió.
Las activistas del grupo Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Diana Vargas y Adriana Guzmán, también coinciden con García. En la ciudad de La Paz, sede del gobierno, donde brindan apoyo a las víctimas aseguran que pudieron evidenciar que “además de derivarte a otra línea, los que contestaban las llamadas, seguramente, no conocían los protocolos, ni tampoco tenían preparación para la atención de las víctimas”.
“Generalmente, en las llamadas preguntaban la zona en la que la afectada vivía y, de acuerdo con ello, le daban otro número de teléfono correspondiente a la FELCV más cercana. Las líneas pilotos demostraron la burocracia y falta de experiencia y protocolos”, comentó Vargas.
Alarcón, por su parte, aceptó que en los primeros días del confinamiento sí se presentaron deficiencias en la atención de la línea piloto.
“Tienen toda la razón en hacer los reclamos correspondientes. Sin embargo, hemos corregido esas fallas, lo estamos documentando en el país para que se informe de las quejas sobre la atención que se da, y eso nos ha servido para mejorar”.
Suárez aseguró que durante los primeros días de la cuarentena la FELCV no estaba atendiendo ningún tipo de caso, porque los funcionarios policiales se encontraban desempeñando trabajos relacionados al orden y seguridad por el confinamiento. No obstante, Alarcón aclaró que los miembros de la FELCV no fueron contemplados en dichas tareas, con el objetivo de que los oficiales policiales de esta unidad se mantengan avocados en sus labores para atender las denuncias sobre violencia de género.
“Muchas mujeres optaron por ir directamente a la FELCV, pero lamentablemente ellos no contaban con el equipamiento necesario para trasladar a las víctimas. Hemos tropezado en muchas cosas”, indicó Nogales.
En La Paz, Vargas y Guzmán afirman que los mismos miembros de la FELCV les informaron que el personal del organismo fue reducido en un 17%, y que por ello no podían dar el curso correspondiente al seguimiento de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia en sus hogares.
“Lo que nos ha dejado en claro la FELCV es que no tenían la suficiente capacidad de aprehender a un agresor y tenerlo retenido por ocho horas o más. La mayoría de las denuncias no han llegado siquiera a la Fiscalía, porque para hacerlo se necesita que se abra un expediente con una serie de documentación que la víctima no podía tramitar porque estábamos en cuarentena total”, informó Guzmán.
La líder la Casa de la Mujer expresó que durante la cuarentena rígida la FELCV se organizó y pudo brindar “mayor apoyo y ayuda a las mujeres, dando respuesta inmediata a las denuncias”. Sin embargo, fue en este periodo que, según Suárez, se presentó un nuevo problema: el transporte.
“La FELCV carece de vehículos para transportar a las víctimas o para llegar hasta donde ellas se encuentran. A veces no tienen ni gasolina que, en sí, es lo mismo que nada”, apuntó.
En cuanto a este reclamo, la autoridad policial aclaró que: “en todo el país la FELCV es una de las entidades policiales más fortalecidas con medios materiales, en este caso vehículos, aunque en muchas ocasiones estas movilidades pasaron a ser parte de las tareas de orden y seguridad por el COVID-19”.
No obstante, Nogales recalcó que el colectivo cochabambino mantuvo contacto permanente con Alarcón para atender los llamados de urgencia. “En algunos casos que se dieron en Cochabamba hemos podido rescatar a mujeres con ayuda de la FELCV”, dijo la activista. De la misma manera, la abogada de La Casa de la Mujer destacó “el problema real radica en el sistema”.
Otras limitaciones para las víctimas
Durante el decreto de cuarentena total, el gobierno central estableció varias restricciones. Entre ellas que el abastecimiento durante ciertos días a la semana, y de acuerdo con la terminación numérica del carnet de identidad. Así, cuyas identificaciones terminaban en 1 y 2 solo pudieron salir los lunes; 3 y 4 martes; 5 y 6 miércoles; 7 y 8 jueves; y 9 y 0 viernes. En caso de infracción de esta medida, los ciudadanos debían cumplir ocho horas de arresto y además pagar un monto de 1.000 pesos bolivianos. Una situación que aumentó la indefensión de las mujeres en confinamiento.
“Muchas mujeres se encontraron en la situación de que fueron golpeadas, pero no podían salir porque no era su día de salida, por lo que tuvieron que seguir confinadas con sus agresores. En otros casos, pudimos recabar el temor que muchas tuvieron de que fueran arrestadas en las calles y fueran, además, obligadas a pagar una multa en medio de una crisis económica. Eso es lo peor, que no se establecieron protocolos para ayudar a mujeres violentadas durante este periodo. Esa es la mayor de las falencias”, sentenció Nogales.
Cuando la burocracia te golpea
En teoría, el Reglamento de la Ley Nº 348 que rige la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” establece que cualquier centro de salud, sea del sistema público o privado debe otorgarle a la víctima de violencia física, un certificado médico que sea homologado por el médico forense. De tal modo, que no es necesario que ese documento (pieza clave para poder denunciar) sea entregado únicamente por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público. No obstante, en la práctica, el panorama es muy diferente y mucho más, durante el tiempo de confinamiento.
En Cochabamba, por ejemplo, según el reporte del colectivo Mujeres de Fuego, mujeres agredidas físicamente tuvieron que caminar más de nueve kilómetros para llegar a las instalaciones del IDIF, ubicadas en la zona de Coña Coña, al oeste de esa ciudad.
“Si bien la Ley 348 establece algo concreto en cuanto al certificado forense, esto no se cumple. Muchos fiscales o incluso abogados no aceptan que las certificaciones no sean del IDIF, por lo que mujeres tuvieron que caminar golpeadas, en plena cuarentena, incluso más de tres kilómetros para obtener este certificado. Lo peor es que a veces llegaban al lugar y el médico forense de turno ya no estaba. ¿Se da cuenta? Esta situación es nefasta”, reclamó Nogales.
La abogada Paola Barriga explicó que en La Paz existe un solo psicólogo especializado para atender a todas las víctimas de violencia, tal como ocurre de manera similar en la ciudad de El Alto, donde también hay un solo médico terapeuta para responder a las necesidades de esa urbe. Lo que se traduce en solo dos psicólogos para atender a dos ciudades, cuyos números de habitantes se calcula en más de tres millones de personas entre ambas. “No existe personal especializado, ese es el más grande de los tropiezos”, manifestó.
Pero no es lo único con lo que debieron lidiar las víctimas de violencia en cuarentena. Según los reportes del colectivo Mujeres de Fuego, en Cochabamba, 80% de los casos de violencia intrafamiliar o doméstica quedaron solo en citaciones.
“A veces no estaba el fiscal de turno y la mayoría por la minimización de los casos. Tampoco hubo un juzgado de turno únicamente para situaciones de violencia”, dijo su directora, Miriam Suárez.
La activista también hizo hincapié sobre la falta especialización y sensibilidad que se necesita en todos los niveles donde se trabaja con víctimas de violencia.
“Muchas veces los que atienden los casos los minimizan. Pareciera que una mujer tiene que llegar en estado de agonía para ser atendida”, lamentó.
Centros de mujeres destinados al COVID-19
La pérdida de espacios que habían sido conquistados en el pasado fueron otras de las situaciones que padecieron las víctimas. En cuarentena les fueron arrebatados por las medidas aplicadas ante propagación del COVID-19 en Bolivia. Un ejemplo de ello es el refugio temporal de acogida “Ana Medina”, en Santa Cruz. El lugar fue concebido para brindar asistencia médica, psicológica y judicial a las mujeres y sus hijos, quienes hayan sido víctimas de violencia.
No obstante, la gobernación de este departamento anunció que el refugio pasaría a ser un centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. De esa manera, se confirmó que los primeros en ser referidos hasta ese lugar fueron cinco pacientes que estaban en aislamiento en Montero, (ciudad ubicada a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento de Santa Cruz) en un lugar que, según denuncias del personal de salud, no reunía las condiciones necesarias y no estaba destinado a este propósito sanitario.
“Cuando el Gobierno Municipal de Santa Cruz cede la casa de refugio Ana Medina para atención del COVID-19 nos damos cuenta de cuáles son las prioridades. Y lo peor es que lo primero que se hace es tomar las conquistas de las mujeres y arrebatarlas, claro es el ejemplo de lo que sucedió en San Javier”, señaló la abogada Ana Paola García.
Pero ese no fue el único caso. El martes 26 de mayo, durante horas de la mañana, en la población de San Javier (Santa Cruz), indígenas chiquitanos denunciaron que fueron víctimas de atropellos e “invasión” de su terreno por parte de la Alcaldía de esa localidad. Incluso denunciaron que una mujer fue golpeada con un fierro por el alcalde Armando Barbery Landívar.
Todo comenzó cuando el funcionario se apoderó del Centro Prenatal que atiende a mujeres y niños, para convertirlo en una posta sanitaria (como se le llama los centros de servicios de salud primarios en Bolivia) que recibiera a enfermos por coronavirus.
“Ese centro se logra en convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), con el objetivo de que mujeres chiquitanas y mujeres de las provincias sean atendidas en este lugar. Pero el alcalde de San Javier está usurpando ese lugar para convertirlo en un centro de aislamiento”, dijo García, acotando que “siempre son las conquistas de las mujeres, las que son sacrificadas para tener otras funciones”.
Datos que alertaron
En 2019, Bolivia alcanzó una cifra alarmante: 117 feminicidios. 65 de los agresores tenían una relación afectiva con la víctima, 35 eran exparejas, ocho no fueron identificados, 10 eran desconocidos, cuatro eran amigos y tres eran familiares.
Los números conmocionaron a la sociedad boliviana y llevó a las autoridades a crear campañas de prevención que realizó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), acompañadas de mensajes televisivos, radiales y redes sociales del Ministerio de Comunicación y la Fiscalía General del Estado para hacer conocer los derechos de la mujeres. A la iniciativa, se sumó también el trabajo de organizaciones y colectivos a través de talleres y conversatorios sobre la sobre Ley 348.
Los esfuerzos no detuvieron, sin embargo, los 12 feminicidios que se registraron en los primeros 12 días del año. Por ello, el 13 de enero la presidente del Estado Plurinacional, Jeanine Añez, declaró al 2020 como “el año de la lucha contra el feminicidio y el infanticidio”.
Según información oficial, en esos primeros 12 días, además de los asesinatos, se realizaron 683 denuncias de violencia y 168 casos de violación, cifras que para la mandataria boliviana fueron “de terror”.
En la oportunidad, Añez designó nueve tareas entre las que destacaban el establecer que los ministerios y sus reparticiones aprobaran políticas nacionales y prioritarias contra la violencia, la instalación de 20 juzgados especializados (los que debían estar en funcionamiento desde este junio) y el incremento de recursos para mejorar el sistema judicial, entre otras.
Hasta la fecha, ninguna de estas tareas se ha llevado a cabo. Paola Barriga, abogada que ha apoyado a víctimas de violencia de género y representante ante la justicia de familiares de casos de feminicidio, cree que eso se debe “al contexto del COVID-19 y a la falta de presupuesto asignados exclusivamente a esta lucha” que reclama, debe preocupar a una sociedad que sigue dejando en orfandad a decenas de niños.
Líneas teléfonicas y contactos de WhatsApp, aliados para denunciar
Tanto autoridades como activistas de los derechos de las mujeres en el país han puesto en marcha diversas estrategias y programas para darle herramientas a las mujeres en Bolivia, con la finalidad que puedan denunciar situaciones de violencia.
Juan Carlos Alarcón, comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), pide a todas las mujeres que sean víctimas de violencia, y a todos los ciudadanos que sean testigo de alguna situación de estas características, que llamen a su línea piloto o se comuniquen a cualquiera de las 10 líneas de WhatsApp habilitadas por esta unidad policial.
La autoridad exhortó a las víctimas a denunciar a sus agresores para poder erradicar la violencia de género en el país, a través de Línea piloto: 800 – 14 – 0348.
La Defensoría del Pueblo también puso a disposición de la ciudadanía números que atenderán la recepción de denuncias de vulneración a los derechos humanos, las 24 horas del día, en todas las regiones del país.
“El objetivo de la medida es facilitar a los ciudadanos la comunicación de las denuncias, ya sea en caso de las víctimas o cuando se quiera revelar un hecho de violación a los derechos humanos, en este periodo de crisis provocada por el coronavirus COVID – 19, en la que uno de los consejos primordiales es quedarse en casa”, señaló en un comunicado la institución.
La asociación feminista La Casa de la Mujer, en Santa Cruz, también habilitó varias opciones para denunciar algún tipo de violencia de género durante esta cuarentena.
En caso de que la víctima necesite asesoramiento legal puede:
- Descargar la aplicación de Play Store: Casa de la Mujer Bolivia
- Buscar la página en Facebook: Casa de la Mujer Bolivia https://www.facebook.com/CasadeLaMujersczbo/
- Ingresar al consultorio jurídico de consulta virtual a través de: casadelamujer.org.bo
- Llamar a los números: 78253545 o 75003307
En el caso de que la vida de la mujer esté en peligro, la asociación recomienda comunicarse a radiopatrullas 110, el número piloto de la FELCV o uno de sus números de celular habilitados.
Si la víctima requiere apoyo psicológico, la Casa de la Mujer recomienda, por su parte:
- Hablar con una persona de entera confianza
- Comunicarse a los números: 72866069 y 76817893
El colectivo Mujeres de Fuego, en Cochabamba, aconseja que, si se sufre una situación de violencia, la víctima se arme de valor para poder denunciar. En caso de hacerlo puede:
- Llamar al número piloto de la FELCV
- Comunicarse con la Defensoría de Cochabamba: 800 – 14 – 0206
- Mandar un mensaje a la página oficial de Mujeres de fuego: facebook.com/Mujeres-de-Fuego-Cochabamba
- Llamar al: 70370689 o 71411488
- En caso de emergencia y necesitar auxilio, recordaer siempre mandar su ubicación mediante WhatsApp.
Cenizas en el corazón
En una habitación de la Caja Petrolera de Salud de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como se le conoce a las instituciones sanitarias en Bolivia, Gabriela se recupera de las lesiones que su expareja le provocó durante la cuarenta. Su ropaje es ahora un vendaje que la envuelve desde el cuello hasta la cintura. Otras heridas le carcomen el alma. Tras el intento de feminicidio que vivió, solo le preocupa estar lejos de sus dos hijas.
Gabriela tiene quemaduras de primer grado en el rostro y brazos. Las de segundo grado están en las áreas del cuello y la espalda. Sus senos, abdomen y cintura fueron las partes más afectadas con quemaduras de tercer grado. “Me siento muerta en vida”, dijo.
Ilusiones y mentiras
En Santa Cruz, Gabriela trabajaba como mesera en un bar. Fue allí donde conoció a Wilmer E. C., quien se presentó con el nombre de Ariel. Pronto la enamoró y comenzaron una relación. No obstante, dos meses después, Ariel sacó la primera carta: la obligó a retirarse de su empleo.
“Era una persona muy cariñosa, diferente a cualquier otro hombre con el que yo había salido. A él no le gustaba el hecho de que yo trabaje en la noche, así que me pareció prudente y renuncié”, expresó.
La relación avanzaba muy rápido. En más de una ocasión el hombre le había confesado que “ella era la mujer de su vida”, “que soñaba un futuro a su lado” y que, incluso, “quería hijos”. Gabriela cuenta que sentía que vivía un sueño hecho realidad con una persona tan entregada emocionalmente.
Ambos mantenían una relación a distancia, puesto que él vivía en Cochabamba, donde — le aseguró — trabajaba como oficial de la policía. “Solía pagarme los pasajes en avión para que fuera a verlo. Yo viajaba los fines de semana, dejando a mi hija mayor (de ocho años) con una tía”, rememoró.
Durante tres meses Ariel le pidió que dejara de tomar anticonceptivos, pues deseaba convertirse en papá. Gabriela aceptó. Cuando se enteró que estaba en cinta quiso compartir esa alegría con él, pero para su sorpresa comenzaría un infierno.
“Se puso muy violento tras enterarse que estaba embarazada, empezó a tratarme diferente” con ataques verbales y psicológicos.
‘Ese hijo no es mío, con quien te habrás acostado, perra barata’, le dijo. Incluso llegó a proponerle que abortara porque él “no buscaba tener nada serio”.
Gabriela le pidió que se alejara. Ella criaría a esa niña sola, con o sin ayuda. Lo dejó y se mudó a un lugar más pequeño. Para sostenerse comenzó a vender horneados (masitas del oriente boliviano) y comida a las afueras de un colegio.
Al cumplir los seis meses de embarazo, Ariel reapareció en su vida. Empezó a frecuentar su casa y al mismo tiempo Gabriela comenzó a recibir llamadas de una mujer. Él le explicó que, quien la insultaba por teléfono, era la madre de su hija, de quien ya se había separado “hacía mucho tiempo atrás”, le aseguró, pero dos meses después Gabriela descubrió que Ariel seguía casado y que era su actual esposa la que la llamaba.
Confundida, buscó al hermano de Ariel, quien le confesó la verdad: Ariel en realidad se llamaba Wilmer. El hombre había mentido sobre su identidad, estaba casado y no era policía.
“Todo, absolutamente todo, lo que me había dicho era mentira”. En ese momento Gabriela tomó la firme determinación de alejarse para siempre de él. Cuando se cumplieron los nueve meses de embarazo, Wilmer volvió a establecer contacto. En esta ocasión le pidió que se internara en una clínica privada para que ella diera a luz con todas las comodidades.
Gabriela aceptó el apoyo y el 21 de agosto de 2018 nació su segunda hija. “Los primeros meses de la bebé, él se comportó como un verdadero papá: la visitaba, me ayudaba económicamente con los gastos y un día, de la nada, volvió a desaparecer”, recordó.
Fue en ese instante que entendió la realidad: el padre de su hija tenía una vida oculta y muy aparte de ella. Nunca sería su pareja y sólo cumpliría con el rol de ser papá.
Pasado un tiempo, Wilmer volvió alejarse. Un día le mandó un mensaje: “Lo mejor que puedes hacer es buscarte a otro hombre. No esperes nada de mí. Yo sólo soy el papá de la niña y si vos rehaces tu vida ya vemos cómo nos encargamos de ella, total, ni cariño le tengo”.
Después de esa conversación, Gabriela rompió todo contacto con él.
La huella de la violencia
Una semana antes de que comenzara la cuarentena, Wilmer le escribió para invitarla a comer, pero Gabriela lo rechazó. Cuando se disponía a ir a vender comida, como todas las tardes, él se aparecía en la calle de su casa con la petición de querer ver a su hija.
“Está bien, puedes verla, pero desde la puerta. Le diré a mi hija mayor que saque a su hermanita para que estés con ella. Recuerda que no puedes entrar porque no tienes pisada en mi casa”, le advirtió.
Ese día el dueño de la casa que alquilaba Gabriela se acercó a Wilmer y le dijo que “la madre de su hija le debía un mes de renta y que molestaba a los vecinos por las constantes visitas que recibía por parte de un hombre”.
Cuando ella regresó a su casa, él la encaró y le pidió explicaciones. “Tú me dijiste que podía rehacer mi vida, no me pagas el alquiler, no me das un centavo para comer. ¿Cuál es el problema?”, reclamó Gabriela.
Wilmer optó por irse, sin embargo, le escribió al día siguiente para explicarle que había pensado mejor las cosas y que deseaba estar con ella. “Siempre he estado enamorado de ti. Quiero casarme contigo y ser un padre ejemplar para las dos niñas”.
Pero Gabriela se mantuvo fuerte. “Eso jamás podrá ser. Durante mucho tiempo me humillaste y mentiste y yo no quiero eso en mi vida”.
“Nunca le dije que sí, pero admito que consideré en darle una oportunidad”, confesó.
Durante las primeras semanas de la cuarentena, Wilmer envió dinero para los gastos de la niña, pero también comenzó a ser muy insistente con la idea de casarse. “Se volvió obsesivo. Incluso diseñó los anillos y las invitaciones para la boda. Empezó a buscar el salón de fiesta y hasta pidió una lista con los nombres de mis invitados”.
Gabriela le pidió tiempo para tomar una decisión, puesto que necesitaba ver los cambios en él. Fue ahí donde sus humillaciones comenzaron otra vez. “Seguro estás con otro ¿verdad?”, le decía constantemente.
“Si no eres para mí, no serás para nadie. Los voy a matar a los dos. Aunque no, con matarte sólo a vos se acaba todo”, amenazó.
“¿Serías capaz de matarme, dejar a mis dos hijas sin su madre? ¿Serías capaz de hacerlo para que luego te manden a la cárcel y nuestra hija crezca sola?”, cuestionó Gabriela. A lo que muy seguro Wilmer respondió: “En la cárcel se vive muy bien, puedo disfrutar de mi fortuna estando allí”.
“Sus palabras denotaban seguridad; sin embargo, no lo creí capaz”, aseveró la víctima.
Al día siguiente el hombre volvió a llamar, pero esta vez para tener una respuesta concreta. “No me casaré contigo”, le dijo Gabriela.
“Muy bien, entonces mañana te vas a morir. Mañana te morís, hija de puta”, respondió Wilmer.
“Mi hija mayor escuchó eso y me dijo que tenía miedo. Como su audio decía que al día siguiente me iba a morir, comencé a pensar a dónde podía irme a pasar la noche para que no me encontrara, luego recordé que me había dicho que estaba en Cochabamba y como en la cuarentena nadie puede viajar me quedé tranquila”.
Esa tranquilidad fue la mayor enemiga de Gabriela y el arma de Wilmer.
El día de los hechos
El lunes 27 de abril a las 19:00, desde la cocina y dispuesta a preparar la cena, Gabriela escuchó que su hija mayor hablaba con un hombre afuera de su casa.
“Me asomé y lo vi preguntando por mí. Cuando él se percató de que yo lo observaba comenzó a gritar: ‘Perra, perra de mierda’. Lo vi venir hacia mí y luego sentí los golpes en la cara”, recordó la mujer.
Para ese momento, Wilmer le había propiciado dos puñetes en el rostro.
“Yo sentí que la nariz se me abrió y que la sangre comenzaba a salir. Por el dolor, agaché la cabeza y fue entonces cuando él me quemó”.
El hombre, no conforme con los golpes, vertió un frasco de ácido nítrico sobre Gabriela. La hija mayor corrió a auxiliar a su madre y ahí Wilmer le roció el líquido a la menor, el cual llegó a parte de su rostro, brazos y piernas.
Insatisfecho y ardido en celos quemó también al hombre que estaba en la cocina, quien era un amigo de la víctima.
“Sentí que el ácido entraba por todas partes. Mi cuello se endureció y yo no podía moverlo, no podía girar la cabeza. Sólo escuché decirle: ‘Ahora sí te vas a morir’, mientras lo vaciaba”, narró Gabriela.
Casi a ciegas, corrió a la ducha del baño. Luego de unos minutos escuchó que alguien le hablaba. Era el hijo del dueño de la casa, recordó.
El vecino le dio un bañador con agua y después, según Gabriela, desaparecieron todos. “Nadie acudió a mi auxilio”.
En desesperación Gabriela tuvo que pedir a su expareja (el padre de su hija mayor) que la ayudara, quien las llevó a la Caja Petrolera de Salud de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
¿Qué pasó después?
Una vez en el centro hospitalario, Gabriela presentó la denuncia ante miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra La Violencia. Mientras el hombre fue capturado por residentes de la Villa 1° de Mayo de Santa Cruz de la Sierra (barrio en el que vivía la mujer). Había intentado fugarse, pero los vecinos intentaron ajusticiar. Posteriormente, fue aprehendido.
El domingo 3 de mayo la Fiscalía Departamental de Santa Cruz determinó detención preventiva para Wilmer. "En la audiencia de medidas cautelares a cargo del fiscal Marioly Torrez se demostraron los elementos de convicción que hacen presumir que el imputado es con probabilidad autor del hecho registrado en la Villa 1° de Mayo", sostuvo la fiscal Departamental de Santa Cruz Mirna, Arancibia Belaunde.
Hasta la fecha el imputado se encuentra bajo detención preventiva en la cárcel de Palmasola, según informó la Fiscalía.
Otras víctimas
El primero de mayo se supo que Wilmer era buscado en Cochabamba desde 2009, cuando asesinó presuntamente a su primera esposa Lorena Rondal, de 24 años, en el municipio de Vinto.Gracias a la viralización del caso de Gabriela los familiares de Lorena se contactaron con ella.
“Él habría asesinado a la mamá de su hija de 12 años. Según lo que me contaron los familiares de la chica, él era tan celoso y posesivo que incluso llegó a encadenarla, hasta que un día ella logró escapar, se refugió con su familia y comenzó a tramitar el divorcio. Tiempo después la mujer acompañada de unos tíos fue a la casa de Wilmer para recoger sus cosas, no obstante, él no les permitió el ingreso a los familiares”.
Según el relato, dentro de la vivienda el hombre habría apuñalado a su primera esposa, Lorena a la altura del riñón, para posteriormente meterla a un auto y clavarle un cuchillo en el cuello.
La familia del femicida habría sido testigo y cómplice del asesinato, mientras los tíos de Lorena temieron por su vida y por eso no defendieron a su sobrina. Wilmer habría huido a Santa Cruz luego de cometer el crimen.
Se espera que una vez finalizada la emergencia sanitaria el caso sea reabierto para fines investigativos.
“Él siempre me decía que la cárcel no significaba nada. ‘Qué importa si me meten preso, mi madre vende una casa y paga jueces y fiscales y me liberan’, era lo que siempre me decía”, expresó Gabriela, quien aún mantiene la incertidumbre sobre el futuro de su agresor.
“Sólo espero que Wilmer no tenga el poder para pagar por su liberación. Quiero que la justicia se asegure de ello y se mantenga fuerte. Por mi lado, lo único que me importa es volver a estar con mis hijas y recuperarme”
A Gabriela, más allá de su salud, lo que más le preocupa es su porvenir y el de sus hijas: “Lo primero que haré cuando salga de aquí será mudarme, comenzar de cero, aunque siendo sincera temo por mi vida, porque sé que su familia es capaz de cualquier cosa”.
Por ahora su hija mayor está bajo el cuidado de su padre biológico, mientras que la bebé de casi dos años, que tuvo con su agresor, permanece con unos familiares.
“Al Recordar cuando el ácido me caía en el cuerpo en lo que podía pensar era en mis hijas. Quería que ellas se salvaran porque yo sabía que moriría. Sin embargo, estoy viva. Siento que Dios me ha dado una nueva oportunidad, una que no pienso desperdiciar”, expresó entre lágrimas.
Los sueños que Helen no cumplió
“Tienes toda una vida por delante, Helen, eres linda, tienes mucho por vivir todavía”, fue el último consejo que Ruth le dio a su pequeña hermana, a la que crió como a su propia hija.
Helen Laura, de 17 años de edad, fue asesinada el sábado 25 de abril en la ciudad de El Alto. La autopsia reveló que fue brutalmente golpeada por su novio, con quien compartía su hogar, su vida y sueños desde agosto de 2019.
Helen fue la menor de ocho hermanos. Fue criada por su padre y por su hermana Ruth, ya que su madre murió cuando ella tenía apenas un año. Después de mucho tiempo, su papá rehizo su vida con una nueva pareja. Por su parte, Helen pronto se convirtió en una adolescente llena de ambiciones y propósitos. “Era muy rebelde, pero también muy carismática, al ser la menor fue la más mimada, siempre fue decidida”, dijo Ruth al recordarla.
A escondidas, Helen comenzó a frecuentar a Abel A.B., con quien había coincidido en junio de 2019. Aunque la familia desconocía lo que sucedía con la joven, se percataron que ella estaba “cambiando” y actuaba de una manera “extraña”.
“Comenzó a irse de la casa. De repente se perdía una o dos semanas. Se notaba que estaba bebiendo mucho, mi padre no sabía qué hacer y, como yo no vivo con ellos, tampoco entendía lo que sucedía”, contó Ruth.
No obstante, en agosto, lo sabrían. En una reunión con todos los hermanos Helen dio la noticia: se mudaría a vivir con Abel. Todos se mostraron en desacuerdo. “Nos sentíamos molestos con ella, no aprobábamos la relación, pero mi padre no dijo nada”, señaló.
Abel tenía un pasado que causaba incomodidad en la familia de la menor: a sus cortos 23 años había enviudado en marzo de 2018 y tenía una hija.
“Cuando me enteré lo amenacé con denunciarlo. Le dije que era un delito que estuviera con Helen porque ella era menor de edad. Pero cuando lo hice, Helen me increpó y me pidió que no lo hiciera, además, que ella no iba a permitir que eso pasara”, recordó su hermana.
Según Ruth, la tía de Abel le advirtió al padre de Helen sobre su sobrino. “Él engañó en reiteradas ocasiones a su primera esposa, es un holgazán y un borracho. Si a pesar de eso su hija quiere juntarse con él, sabrá ella, yo no voy a defenderle”, señaló la pariente del joven.
La señal de alarma se encendió en noviembre cuando la adolescente se comunicó con su hermana mayor. “Ruth quiero que me perdones. Sé que no debería haber hecho esto. Estoy arrepentida, él me pega, y su familia, en muchas oportunidades, me ha humillado. Ya no quiero estar con Abel, me voy a separar. Yo pensé que no era así, pero me agrede, me cela con todos mis amigos y yo ya no quiero seguir viviendo esto”.
Ante la dura confesión, Ruth le pidió a Helen que se alejara de él y que, para evitar que la volviera a buscar, se mudara a Oruro (ciudad ubicada a 234 kilómetros de La Paz) con ella. “Vente a vivir conmigo, yo te voy a ayudar, vas a salir de eso, lo prometo, pero aléjate de él, por favor”, suplicó.
“Le lloré, le rogué que por favor lo dejara y ella me prometió que lo haría”, lamentó.
En esa oportunidad, Helen confesó que había estado embarazada, pero que Abel la había golpeado de tal manera que le provocó un aborto. “Ahora tengo un angelito en el cielo”, le dijo a su hermana.
Los planes de Ruth de recibir a su hermana en Oruro se derrumbaron en menos de 48 horas, cuando le dijo que había regresado con Abel. “No podía creer lo que me decía. Le intenté explicar que debía alejarse de ese muchacho, pero me dijo que no, porque él iba a cambiar. Así que me resigné y no le volví a hablar”, explicó con angustia Ruth.
“Mi orgullo me ganó y ahora ya no la tengo”, agregó. Como había cortado toda comunicación con sus hermanos, el 3 de marzo Helen optó por desahogarse con uno de sus primos. En los audios de WhatsApp que le envió, ella admite que su pareja le pegaba.
“Pero así somos nosotros, no podemos estar el uno sin el otro. Yo también le pego”.
Un día, el papá de Helen se comunicó con Ruth para contarle que lo había visitado y que, en aquella oportunidad, tenía golpes en la cara. “Primero le mintió. Le dijo que se había chocado con la puerta, aunque luego le confesó que Abel le había pegado por celos”.
Cuando el muchacho entró a la casa del padre, este atinó a golpearlo. “Voy a llamar a la FELCV y te voy a denunciar” fue la sentencia del progenitor, pero no contaba con que su hija le pediría de rodillas “que no hiciera nada. Le prometió que eso no volvería a pasar, que él cambiaría y mi papá cedió”, relató la hermana mayor.
A partir de ese momento, el padre notó un cambio en la pareja. “Según él, las cosas estaban bien, se les veía tranquilos y hasta felices”.
Pero esa era la punta del iceberg, la menor de las mentiras.
El feminicidio
El sábado 25 de abril, a las 15:30, el padre de Helen recibió la noticia que ningún padre espera escuchar en su vida: su hija había fallecido.
“Cuando mi papá me llamó y me contó, yo no podía entender lo que había sucedido. Según él, Helen había muerto porque se había caído de las gradas. Pero yo no lo creía, así que le pedí que llamara a la FELCV. Inmediatamente terminé de trabajar y me fui a La Paz”, rememoró.
Ruth (quien vive en la ciudad de Oruro) pasó las peores tres horas de su vida hasta que llegó a El Alto (ciudad anexa a La Paz) donde se dirigió a las oficinas del organismo policial.
“¿Sabe usted lo que pensé en todo el viaje? Pensé que la última vez que habíamos hablado había sido en noviembre y que, de eso, habían pasado seis meses. Que no tuve tiempo de protegerla ni el coraje para disculparme porque yo también le fallé”. Las lágrimas son ahora la voz de Ruth en medio de un llanto desgarrador.
“Al llegar lo vi. Vi a Abel y no parecía haber llorado, ni sentirse mal, hasta parecía haber estado un poco borracho. Empecé a gritarle, aunque no recuerdo lo que le dije”.
Con todo el dolor de su alma, Ruth conversó con el médico forense, pero lo que este le dijo le heló la sangre. El cuerpo de Helen presentaba rigidez cadavérica, es decir, que su muerte no fue a las 15:30 como se creía. El certificado forense dictaminó que la muerte se produjo a las 11:30, aproximadamente, aunque según información de medios de comunicación, se cree que el fallecimiento se pudo haber dado varias horas antes.
“¿Qué pasó con mi hermana en el lapso de esas cuatro horas entre su supuesto fallecimiento y la llegada al hospital?”, es la pregunta sin respuesta que atormenta a Ruth.
Según el informe al que ella tuvo acceso, Helen murió por shock hemorrágico, laceración hepática, además de haber sufrido traumatismo torácico y abdominal cerrado.
“Mi hermana presentaba golpes en los brazos, en los pies, tenía una cortadura en la mano, tenía rasmilladuras en la cara y en el cuello se notaba los dedos de una mano, aunque el médico explicó que era la sangre coagulada”.
“Helen sufrió antes de morir, ella no murió instantáneamente. He visto su cadáver y pude evidenciar que en su rostro había marcas de cinta adhesiva. Supongo que se la puso para que nadie la escuche gritar o suplicar por su vida”, reflexionó.
Durante el velorio, un vecino de la zona se acercó a Ruth y le aseguró haber sido testigo de cómo, en una oportunidad, durante una fiesta, la adolescente fue agredida por varios miembros de la familia de Abel, a punto de haberla dejado en estado de inconsciencia.
“No sólo le pegaba él, sino toda la familia. Ellos son sus cómplices”, acotó Ruth.
Contradicciones y determinaciones
Abel A.B. tuvo varias contradicciones en su declaración formal. En una primera instancia señaló que Helen murió porque cayó por las gradas de su hogar. Ante este testimonio, los investigadores fueron a la vivienda, ubicada en la zona de Villa Mercurio de la ciudad de El Alto. Una vez ahí, evidenciaron que la casa donde la pareja vivía es de una sola planta, lo que puso en duda la declaración del sospechoso.
Luego, aseguró que fue por un accidente de tránsito. El joven explicó que Helen se cayó de un cuadratrack (vehículo todo terreno), junto a su hermano, pero este no se presentó a declarar.
El lunes 27 de abril se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares. El agresor fue imputado por el delito de femicidio, tras cambiar en diversas ocasiones las versiones sobre lo sucedido. La jueza dictaminó que fuera enviado al centro de Rehabilitación de Qalahuma (ubicado en la ciudad de El Alto), con detención preventiva, aunque ese espacio es para menores de edad que cometen delitos menores.
“No entiendo por qué él no está en San Pedro o Chonchocoro”, reclamó Ruth. “Él no era menor de edad”. Según las autoridades judiciales, esta medida se realizó por el “tema del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles”.
“Pero ese no es justificativo. Exigimos justicia”, insistió.
¿Repitiendo la historia?
Tras el femicidio de Helen la familia de la primera esposa de Abel, también fallecida, se comunicó con Ruth. Las coincidencias entre ambas muertes derivaron en la sospecha de que la historia se estaría repitiendo.
Días antes de su fallecimiento, Nohemí explicó que quería divorciarse de Abel. Cuando ella hizo esta confesión su esposo le dijo que ese fin de semana se “dieran un tiempo para ellos”, mientras iban a una fiesta en un pueblo cercano. La joven aceptó, sin sospechar que ese sería el último fin de semana de su vida.
“La madre de Nohemí me contó que encontraron el cuerpo de su hija a un costado de la carretera. Abel alegó que se trataba de un accidente automovilístico, sin embargo, él estaba ileso y su movilidad no presentaba daños”, explicó Ruth.
Ante lo ocurrido, la madre de Nohemí pidió una autopsia, pero Abel no lo permitió, prosigue. “Dijo que era su esposo y argumentó que tenía derecho sobre ella, ni siquiera permitió que fuese velada por mucho tiempo”.
La abogada Paola Barriga, quien ha hecho seguimiento del caso sentenció: “La impunidad genera en el agresor la confianza y coraje de agredir una y otra vez, pues tiene la certeza de que no importa cuánto daño haga, siente que jamás pagará por él”.
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