Venezuela

Confinamiento rojo para mujeres en Venezuela

Con 130 feminicidios hasta el 30 de junio las venezolanas se enfrentan al desamparo de un Estado que no solo las pone en riesgo, sino que favorece la violencia en su contra

Caracas, Valencia y Nueva Esparta – El 2020 inició como un año rojo para las mujeres venezolanas. Un femicidio cada 36 horas parecía una de las cifras más alarmantes en Venezuela en los primeros meses. Pero, con la llegada de marzo y el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el número se incrementó hasta sumar al menos 130 mujeres asesinadas al 30 de junio, según el monitor impulsado por la plataforma Utopix.cc que registra los femicidios en Venezuela ante la falta de estadísticas oficiales.

Desde el 16 de marzo, fecha en la que el mundo comenzó a confinarse, hasta el mes de junio se reportan 79 femicidios, de acuerdo con lo detectado por el monitor y basado en lo establecido en el marco legal del país, los cuales se distribuyeron así: 21 asesinatos en marzo, 20 en abril; 17 en mayo y 21 en junio.

“Como la cuarentena comenzó el 16 de marzo en la cuenta se incluyeron cinco muertes que ocurrieron después de esa fecha. Hasta ahora el mes con más casos en el año ha sido enero cuando se reportaron 34 feminicidios, cinco solo el 1 de enero”, dijo Aimeé Zambrano, antropóloga y coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix.cc. 

El monitor señala que 63 femicidios se cometieron en cuarentena. La investigadora precisó que estos son tipificados conforme a los artículos 57 y 58 de la ley, que establece que un femicidio agravado ocurre cuando alguien “intencionalmente cause la muerte de una mujer, motivado por odio o desprecio a la condición de mujer […] sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión”.

Utopix.cc también reconoce en sus cifras las muertes de mujeres por violencia obstétrica que ante la crisis de salud que padece el país, se siguen incrementando. A la fecha contabilizan al menos siete casos. Sin embargo, el marco jurídico venezolano excluye en el término “femicidio”, la muerte de mujeres producto de este tipo de violencia, aunque sí reconoce la violencia obstétrica.

Disparidad de cifras, un sólo problema

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y medios de comunicación hacen un esfuerzo para contabilizar el número de muertes de mujeres, que incluyen los casos de femicidio en el país ante la falta de datos oficiales. De allí la variación en las cifras que registra cada organización. 

Por ejemplo, entre los reportes desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo “tuvimos 122 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 57 son catalogados como femicidios”, indicó la abogada Diyuly Chourio, presidenta de la organización defensora de los derechos humanos, Vida Jurídica.

La experta en temas de violencia contra la mujer y defensora internacional de los derechos humanos explica que estas muertes repercuten no solo en la pérdida de una vida, sino en toda una familia.

Así lo muestra el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien registró en este año por lo menos 19 niños huérfanos a raíz del asesinato de sus madres. Dos de ellos presenciaron el hecho dentro de sus hogares, el lugar donde ocurren con mayor frecuencia los casos de violencia y que lo convierte en el espacio más inseguro para las víctimas.

“La condición de vulnerabilidad, la emergencia humanitaria, el contexto de violencia y la crisis multidimensional afecta de forma diferenciada y agravada a las mujeres. Vemos el incremento de casos cada vez más crueles como descuartizamientos y casos frente a los niños”, detalló Bibi Borges, directora de Cepaz.

Según el monitoreo que realiza esta organización de 24 femicidios ocurridos entre el 14 de abril y el 13 de junio, 10 niñas y niños quedaron huérfanos. De la totalidad 16 ocurrieron en mayo mientras que en junio y abril se registraron cuatro casos, respectivamente. Además, 4,16% de las víctimas estaban embarazadas.

En 25% de los casos los agresores manifestaron que la venganza había sido su motivación; haber iniciado una relación con alguien más, entre otros alegatos.

La asociación señala en su análisis que en los delitos donde aparentemente los celos fueron el detonante, los agresores usaron el apuñalamiento y la mutilación para herir a las víctimas; seguidas del suicidio por parte del victimario.

En 37.5% de los femicidios el agresor tenía una relación con la víctima, ya sea matrimonial o de hecho y 37.7% de los victimarios tiene entre 32 y 47 años. Cepaz también muestra que en 41.7% de los casos el femicida huyó. Además, dos se suicidaron.

Por su parte, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) que incluye información de fuentes oficiales y alternativas por parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género indica que solo en cuarentena se han registrado 35 muertes de mujeres en un contexto de violencia y por género en Venezuela.

Mientras que del monitoreo realizado semanalmente por los medios de comunicación, quienes son los que visibilizan el tema en Venezuela (junto con las ONG) se reportan 131 muertes de mujeres en Venezuela hasta el 19 de junio, revela el medio Cotejo.info, quien lleva un conteo diario de los casos. Estos incluyen otras muertes por asesinatos, balas perdidas y ajustes de cuentas entre bandas delictivas (estos dos últimos muy frecuentes en las zonas mas vulnerables del país). También se incluyen arrollamientos que acabaron con la vida de la mujer y cuyo autor se dio a la fuga

Encerradas con su victimario

Para las instituciones públicas las cifras de incidencia de la violencia pudieron haber disminuido conforme al número de denuncias que se registraron, pero las organizaciones civiles lo vivieron de forma diferente.

El confinamiento y su consecuente crisis económica es un caldo de cultivo para estos delitos, reconoce la Alta Comisionada Adjunta de Protección en ACNUR, Gillian Triggs.

El monito Utopix, coordinado por la activista Aimé Zambrano, observó en su portal web que las 21 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o parientes cercanos solo en el mes de junio, se convirtió en la segunda cifra más alta en lo que va de 2020 hasta la fecha, según el monitor.

La mayoría de los asesinatos fueron por armas de fuego. En segundo lugar, por asfixia mecánica. Vale resaltar que cuatro de las mujeres asesinadas eran madres, por lo que tres menores de edad quedaron huérfanos.

Entre los casos se encuentran el asesinato de Yohendrys Rodríguez de 29 años, a manos de su expareja por arma de fuego en Ciudad Bolívar, ubicada al sureste del país. De igual manera, el femicidio de Brenda Hernández de 38 años, quien murió estrangulada por su pareja.

Utopix, a cargo de un grupo de investigadoras y que cuenta con una línea feminista, indica también que en el mes de mayo se cometieron otros 17 femicidios, según datos extraídos de registros de la prensa digital ante la ausencia de cifras oficiales, por lo que se presume que existen más delitos no registrados. 

Mientras que Vida Jurídica ha pasado a atender 15 casos semanales de violencia doméstica, cuando antes de la crisis por COVID-19 atendía de tres a cinco a la semana. Su directora señala que, en promedio, de cada 10 casos que atienden solo uno se formaliza en denuncia. Por ello, las pocas estadísticas oficiales que existen sobre el tema esconden un subregistro alarmante.

Ofelia Álvarez, psicóloga social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y directora de FundaMujer, confirma que el aumento de casos de violencia de género durante la cuarentena se produce debido a esa convivencia obligatoria entre las víctimas y sus atacantes, sumado a la ausencia de respuesta por parte de las autoridades.

“El confinamiento ha traído relativamente 50% más de casos, tanto en comparación con la misma época del año pasado como desde el mismo momento del inicio de la cuarentena (…) Hay gente que estaba a punto de divorciarse, de solucionar sus conflictos, pero como no tuvieron otro sitio a dónde ir, les tocó quedarse juntos o fueron y denunciaron, pero les dijeron que esa era la casa de ambos y que tenían que quedarse juntos”, sostiene Álvarez al destacar que en 66 días de confinamiento atendieron 72 denuncias de este tipo.

La psicóloga se refiere a lo que representa para una víctima, el ventilar ante las autoridades venezolanas el acoso o ataque que está sufriendo y cómo se desvirtúa la denuncia cuando se le resta gravedad.

“Te dicen que no se ocupan de ciertas cosas a menos que sean graves, tienes que ir con heridas visibles para que tomen la denuncia. A esto se suma el hecho de que los hombres, como se ven denunciados, se tranquilizan por un tiempo y luego vuelven a arremeter”, explicó.

En la organización feminista Tinta Violeta saben que la falta de empatía de los vecinos y familiares es determinante para que la violencia continúe. Por esta razón, brindan “acompañamiento amoroso” a sus usuarias, siempre con respeto a sus decisiones y pendientes aún si ellas deciden regresar con el violentador, afirmó la activista y líder de la organización, Daniela Inojosa.

La violencia física, agrega, siempre va a la par de la psicológica. El problema es que esta última tiende a ser subestimada como algo menor, incluso por los servidores públicos, quienes a menudo las convencen de volver a una situación que ellas mismas no alcanzan a reconocer como violencia.

Esta organización feminista que abrió sus líneas telefónicas desde el 21 de marzo recibe entre tres y cinco llamadas diarias de mujeres a las que han prestado una primera ayuda y en el transcurso del proceso sus victimarios arremeten contra ellas.

También han recibido 12 llamadas de venezolanas que actualmente viven en Panamá, Argentina, Perú y Estados Unidos, ya sea para solicitar apoyo o intervención para algún familiar en el país.

Por otra parte, han atendido casos de hostigamiento a inquilinas porque, aunque los desalojos están prohibidos durante la contingencia, los arrendadores abusan de su relación de poder para agredirlas verbalmente o privarlas de servicios básicos; situación que, recalca, no ocurre con los hombres.

Sexualidad vulnerada

En Venezuela se vive una emergencia humanitaria compleja, término acuñado por la Naciones Unidas que representa un factor determinante en la violencia contra las mujeres, quienes ya padecen en un escenario donde el respeto a los derechos humanos es cuestionado de forma permanente.

La falta de acceso a la salud ha puesto a esta población en un estado de vulnerabilidad absoluta en el que, inclusive, muchas mujeres han perdido la vida producto de la violencia obstétrica, reconocida como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada también en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, según la Organización Mundial de la Salud.

Organizaciones y medios de comunicación han reportado, desde antes del confinamiento, mujeres que son obligadas a parir en la calle o a las afueras de los hospitales públicos, debido a que se les niega la atención ante la ausencia de insumos, equipamiento y hasta personal médico capacitado. Los hospitales en Venezuela han sido golpeados severamente por una crisis humanitaria que provocó incluso la migración de profesionales, quienes además eran víctimas de la delincuencia.

Para la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la violencia sexual no está únicamente expresada en la violación o el abuso, sino que se manifiesta en la falta de una política pública que garantice a las mujeres el control de su reproducción y cuando se les niega la posibilidad de desarrollarse individualmente. “Es más fácil que te manden a parir a que te ayuden a prevenir”, apuntó Chourio.

Magdymar León, psicóloga de Avesa, señala que esta es una forma de violencia de género dirigida hacia las mujeres porque “eso no pasa con los hombres, ellos no se embarazan, ellos no paren”. Esto termina por precarizar la condición económica de muchas mujeres que se ven forzadas a ejercer la prostitución para sostener a sus familias.

En el plano económico, la situación se ha agravado para las mujeres, entre otras cosas, por el impacto que la pandemia ha provocado para quienes vivían del comercio informal. Otras han tenido que dejar el trabajo porque no hay condiciones mínimas para continuar.

Además, de ver restringidos sus derechos a una vida sexual sana y segura o estar expuestas a la violencia obstétrica, niñas y mujeres venezolanas deben lidiar con el acoso, las amenazas y la violencia sexual, de ello rinde cuenta el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El OVV resalta los crímenes sexuales contra niñas y mujeres ocurridos en los estados Táchira, Aragua y Mérida; también explica que existe poca documentación al respecto y cifras que registren los casos extremos como la trata de personas.

Explotación sexual y trata de personas en la frontera

En las fronteras la mujer sigue siendo una de las principales víctimas y en cuarentena no fue la excepción, explicó Jairo Garzón, director nacional de la Capellanía Nacional OFICA, organización que atiende a niños y madres en condición de vulnerabilidad en el sector Escobal, ubicado en la frontera de Cúcuta con Venezuela, al norte de Santander, en Colombia.

En esta zona, el flujo migratorio se le conoce como “mixto pendular” y es el que describe a la persona proveniente de un país vecino, pero que viaja todos los días a Colombia, “por eso se les dice pendulares”, comentó el también abogado y capellán.

Pese a la cuarentena, el camino siguió lleno de peligros para quienes pasan desde de Venezuela. En eso coinciden las organizaciones no sólo como OFICA, también la Fundación Tapp y el Observatorio del Norte de Santander, en Colombia, que en la actualidad reciben las denuncias.

“Aunque nuestras fronteras están cerradas, pasar las trochas ─rutas fronterizas informales─ implica pasar por un número de situaciones difíciles y si usted (ellas) no tiene plata al pasar las manosean, las obligan a dar dinero, dejar comida o pagar con su cuerpo”, explicó el director de la organización que durante el tiempo de confinamiento tuvo un aumento de 40% de los casos que atienden sobre violencia intrafamiliar.

Entre las diversas violaciones a las que están expuestas las mujeres en esta zona, de manera permanente, se encuentra la trata de personas con fines de explotación sexual de migrantes venezolanas, quienes se han movilizado huyendo de la crisis en su país y que enfrentan también la xenofobia.

“Hay muchas denuncias sobre lo que pasa al otro lado de la frontera, redes de secuestros dedicadas a la trata de personas. Hemos encontrado incluso menores de edad, algunas niñas embarazadas. No es solo prostitución, están siendo explotadas”, indicó Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Género del Norte de Santander.

El observatorio coincide con otras organizaciones en que no existen mayores datos sobre esta situación. Las denuncias que se recogen provienen de las propias mujeres que han sido desalojadas y son recibidas en hogares temporales. Sobre todo, niñas venezolanas.

Grupos irregulares armados del lado venezolano, aún sin identificar, son quienes controlan y llevan a cabo estas actividades contra las mujeres que migran por los pasos informales en la frontera, cada vez que son cerrados.

“Tenemos reportes de personas que cruzan las fronteras para llegar a Venezuela y cuando están a punto de pasar el puente, encapuchados vestidos de negro las amenazan con llevarlas, algunas han logrado escaparse, hay otras que no. No sabemos quiénes son estos actores que están en la frontera porque están del lado venezolano, lo que dificulta identificarlos”, detalló Gaby Arenas, presidenta de la Fundación Tapp, que atiende a sectores de escasos recursos tanto en Colombia como en Venezuela, en especial a la población migrante.

Otros casos de abuso sexual han sido reportados en cuarentena. No obstante, suelen suceder con frecuencia. “Son mujeres que van con sus niños y su familia, porque viven huyendo de la crisis y pasan días caminando por las carreteras, no tienen recursos y  cuando las ofrecen llevar las violan y luego las dejan”, añadió.

En los últimos años, 4.9 millones de venezolanos emigraron a diferentes países de Suramérica (OIM, 2020). La mayoría vive en situación de pobreza o pobreza extrema con el agravante de que su condición de migrantes, limita el acceso a los servicios básicos de salud. Adicionalmente, buena parte de las mujeres se encuentran en centros de población migrante y albergues del lado colombiano que presentan hacinamiento.

Indefensión frente al Estado

La falta de atención a la violencia de género es responsabilidad de la autoridad venezolana, coinciden las expertas, quienes advierten sobre las consecuencias de no tener refugios o casas de abrigo para las mujeres que son víctimas de violencia y requieren escapar de su agresor.

“En el INA (Inamujer) por ejemplo, te dicen que tienen casas de abrigo con equipos multidisciplinarios y que cuentan con protocolos, pero cuando vas a preguntar y hacer este mapeo para ayudar a las víctimas, te afirman que no están funcionando. Los pintan con mil colores, pero la realidad es que no contamos con centros de refugios. Se dieron pie desde su creación en la ley, sin embargo, nunca más continuaron”, sostiene la presidenta de Vida Jurídica.

Además, la abogada destaca que las mujeres están a expensas de otro tipo de violencia, esta vez ocasionada por el Estado que no garantiza el acceso a los servicios públicos básicos y que tiene a los hospitales estatales en una situación de precariedad.

En materia de justicia, las fiscalías y los 19 tribunales continúan recibiendo las denuncias sobre la violencia contra mujeres en la Unidades de Atención de Víctimas que existen en todo el país. Sin embargo, un obstáculo que siguen encontrando las víctimas y que se acrecentó durante el confinamiento, es la falta de sensibilidad de los servidores públicos que las atienden. A esto hay que sumar la escasa capacitación de los abogados en violencia de género contra mujeres.

Mientras que en el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género y el propio Ministerio Público se observa la ausencia absoluta de una política de Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos. 

Si bien el viceministerio de Protección a los Derechos de la Mujer ha generado campañas para promover la denuncia ante los tribunales y juzgados que “continuarán dictando sentencias virtualmente”, durante la cuarentena organizaciones sociales detectaron que existe poca confianza en los órganos del gobierno por parte de las afectadas ante la actuación de los cuerpos policiales y, en general, del Estado.

En tanto, en la Asamblea Nacional (AN) se respaldaron protestas durante los dos primeros meses del año en defensa de sus derechos.

Hasta el 14 enero, la diputada Manuela Bolívar, representante de la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género en el parlamento, denunció 11 asesinatos de mujeres y exigió durante una manifestación realizada en Chacao, municipio al este de Caracas -con pancartas y zapatos de tacón para rendir homenaje- el cese de la impunidad y la violencia de género en el país.

Luego de la cuarentena, la subcomisión no ha emitido una actualización de cifras ni pronunciamientos al respecto.

La sombra de la represión

Otra de las muchas violencias que sufren las mujeres en Venezuela es la violencia política. Quienes manifiestan su oposición abiertamente incluso en redes sociales, son perseguidas, arrestadas e incomunicadas por meses y sin que se realicen las audiencias pertinentes, entre otras ilegalidades; lo que viola el debido proceso, según han denunciado familiares y activistas de derechos humanos en Venezuela.

En el contexto del COVID-19 la represión y persecución política continuó en Venezuela. Durante la cuarentena desde el 16 de marzo al 9 de junio el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó la detención de 15 mujeres, entre ellas se incluyen personal de salud, comunicadores sociales y hasta defensoras de derechos humanos.

La residente de obstetricia, María Lugo, y la residente de anestesiología, Adriana Vargas, son un ejemplo. Ambas fueron detenidas en el estado Falcón, en la costa noreste del país, por poseer materiales para solventar emergencias del coronavirus durante su guardia médica. La bioanalista Andrea Sayago también fue privada de libertad, en su momento, por informar vía WhatsApp sobre los casos positivos de COVID-19 en el estado Trujillo, aunque posteriormente fue liberada.

Por su parte, la ginecóloga Andreina de los Ángeles Urdaneta fue detenida por los cuerpos de seguridad del Estado, el pasado 26 de mayo, por el presunto delito de “incitar al odio”, al publicar una fotografía en su WhatsApp en contra de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la organización Foro Penal, Venezuela sigue siendo el país con mayor número de presos políticos de todo el continente, superando a Cuba y Nicaragua. De los 362 presos políticos contabilizados hasta el 8 de mayo, 23 eran mujeres. Según el Foro Penal, todos fueron detenidos de manera arbitraria.

Desde el mes de marzo, cuando el país entró en cuarentena, se incrementaron las detenciones por razones políticas en comparación a los meses anteriores.

La ONG denuncia también desapariciones forzadas. Entre el 01 de enero al 7 de mayo, fecha en la que hubo 121 detenciones políticas en total, se contabilizan que al menos 15 personas fueron desaparecidas. De ellas, 10 son hombres y cinco son mujeres. Al cierre de esta investigación, la ONG desconocía información sobre sus paraderos.

De la violencia estatal a la familiar

Las mujeres venezolanas están expuestas a una amplia gama de violencias, desde las que comete el Estado que les niega el derecho a servicios prioritarios como la salud, el agua, la electricidad, los métodos anticonceptivos o la alimentación, hasta aquellas que viven con sus parejas, familiares y hasta caseros. Incluso en tiempos de pandemia carecen de los insumos más primordiales para su existencia.

La crisis económica, política y social del país acentúa este problema que históricamente vulnera a las mujeres. Esta preocupación la han manifestado también los organismos internacionales que han puesto la lupa sobre el caso venezolano.

La preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “alarmante prevalencia de asesinatos de niñas y mujeres por razones de género en Venezuela”, sirvió para recordar a las autoridades la necesidad de investigaciones serias, imparciales y efectivas. Aun así, la respuesta ha sido escasa e incluso nula.

La erradicación de la violencia contra las mujeres es una responsabilidad del Estado, a través de sus instituciones y políticas públicas efectivas, pero no se limita a él solamente. ONG defensoras de los derechos de la mujer coinciden en que la sociedad debe igualmente involucrarse, dejar la indiferencia y hacer a un lado la idea de que solo son temas de pareja, para brindar un apoyo activo a las víctimas.

En este panorama, la representante de Tinta Violeta puntualiza que mientras haya “mujeres asesinadas, nada es suficiente como sociedad, pues siempre habrá un vecino que lo sabía y que no hizo nada; un policía que no aceptó la denuncia, un fiscal que no hizo la investigación, una mamá que le dijo ‘quédate con él porque vas a dejar a tus hijos sin padre’ (…) Es un fracaso como sociedad que haya una sola mujer asesinada”, expresó Inojosa.

Prepara un plan de escape y protege tu vida

Todo acto de violencia se puede prevenir y erradicar cuando factores como la familia, la comunidad y el Estado se unen en defensa de la mujer. Aunque especialistas en la materia coinciden en que la decisión de la víctima es el principal paso para salir de la violencia, el apoyo de amigos y familiares puede ser determinante para proteger su vida.

El primer paso es reconocer que se está frente a una situación de violencia. La abogada Diyuly Chourio, presidente de la Fundación Vida Jurídica, recomienda a la víctima mantenerse en estado de alerta, preparar un plan de acción de seguridad y hablar sobre la situación que está atravesando con alguna amiga, familiar, vecina, allegada o persona de confianza. Además de denunciar ante los organismos de seguridad del Estado si es víctima.

Chourio enfatizó que para prevenir los actos de violencia las mujeres deben entender que nada la justifica y que ninguna mujer la merece. “No es normal”, resaltó.

Por ello, aconseja preparar un plan de emergencia. En esto también coinciden otras activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Venezuela. Además, insta a las mujeres a conocer y aprender cuáles son sus derechos como ciudadana y mujer.

También identificar cuáles son los actos violentos que se pueden ejercer en su contra y en diferentes situaciones como celos, chantaje, manipulación, control, golpes. Además de controlar la forma de vestir, “con quién hablas, las salidas y uso de redes sociales”, dijo la experta. De igual forma, rechazar actitudes machistas, “patriarcalistas” o de subordinación dentro del hogar.

Además, saber dónde, cuándo y cómo denunciar. Esto significa buscar ayuda en los centros de apoyo y organizaciones que les puedan brindar asesoría y acompañar durante el proceso.

La abogada, especialista en políticas públicas y justicia de género, también aconseja que la víctima incluya dentro de su “plan de rescate”, alistar un bolso con documentos personales como cédula de identidad, pasaporte, partida de nacimiento de hijas e hijos y acta de matrimonio, en caso de tenerlos. Además de tener copias de las llaves de su propio hogar, vehículo y otros insumos como medicinas, ropa, artículos de higiene, dinero y una fotografía de su agresor.

Daniela Inojosa, miembro del colectivo feminista Tinta Violeta, apunta que toda mujer que esté atravesando por un ciclo de violencia debe documentar la situación y hacer un registro de las llamadas telefónicas, fotos y videos que hayan podido obtener con anterioridad.

Asimismo, destaca la importancia de que las mujeres que sufren violencia busquen apoyo de un vecino o de una persona de confianza “que la observe” y pueda “servir de testigo”.

Otra recomendación es “elaborar una agenda que contenga una lista de números telefónicos de emergencia incluyendo el contacto de algún familiar. La lista telefónica debe estar al alcance de ella y de sus hijas e hijos, así como de algún vecino de confianza”, explicó.

La activista señala que la víctima debe tener muy claro a dónde dirigirse para resguardarse, una vez que haya abandonado el domicilio. Se recomienda escoger como sitio de albergue la casa de alguna amiga o persona que no sea conocida por el agresor, aconsejó.

“Lo más importante es comprender que no se trata solo de asuntos de pareja y que la única forma de salir de esa indefensión psicológica y de ese aislamiento, es a través del acompañamiento y el apoyo”, dijo.

Reeducar a la sociedad y a la familia

Dentro del núcleo familiar se deben establecer valores que promuevan el respeto a la mujer, así lo señaló Jhennifer Salazar, abogada de la Universidad Central de Venezuela y especialista en violencia de género e intrafamiliar. Recalca que las niñas y niños deben crecer y ser formados en ambientes sanos y libres de violencia.

Bibi Borges, abogada y directora de la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz), coincide. En el hogar se debe promover información adecuada para la prevención de los diferentes tipos de violencia que existen. También hacer énfasis en la detección temprana y evitar replicar “conductas estereotipadas o estigmatizantes” que revictimicen a las mujeres, afirmó.

La abogada Cristina Conti, presidente de la organización Nueva Mujer Margarita, en el estado Nueva Esparta, (ubicado al noreste del país), agrega que la sociedad debe trabajar para acortar las brechas de género desde la casa. Y esto empieza por cambiar patrones de conducta que promuevan el machismo. Lograr que los pequeños comprendan que tanto niñas como niños tienen los mismos derechos, expresó.

“Hacer entender a los varones que las hembras son sus pares e iguales y explicarles a las niñas que no todas las mujeres son víctimas y no todos los hombres son agresores”, dijo. 

La comunidad debe intervenir

La comunidad, por su parte, debe involucrarse dentro de un sistema de corresponsabilidad social que permita prevenir la violencia contra la mujer. La psicóloga Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), aseguró que cualquier persona que esté al tanto de que en su comunidad hay un caso de violencia hacia una mujer, debe implementar todos los mecanismos necesarios que permitan resguardar su integridad.

“Cualquier miembro de la comunidad puede intervenir para detener la agresión y hacer la denuncia ante los organismos de seguridad. Igualmente brindarle refugio a la víctima si se encuentra en peligro. Es una manera de contribuir a reducir la vulnerabilidad, ya que crea un sistema de supervivencia colectivo”, indicó.

Estado debe asumir responsabilidades

Especialistas en violencia contra la mujer exhortan a las autoridades venezolanas a cumplir con lo establecido en la legislación que existe en esta materia, además de mejorar la actuación de los órganos policiales receptores. En especial, cuando se trate de acudir de manera inmediata para atender una denuncia y dictar una medida de protección a favor de la víctima.

Se trata de brindar apoyo legal, psicológico y social, de manera inmediata y expedita. Eso incluye disponer de casas de abrigo para mujeres, diseñar políticas públicas, ampliar la actuación de las mujeres en cargos de elección popular y crear programas asertivos que permitan erradicar en su totalidad la violencia en el país.